El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, durante una comparecencia en el Ayuntamiento.VALÈNCIA (VP). Expropiaciones o demoliciones. Esas son dos de las cuestiones a las que el Ayuntamiento de València le dedicaría parte del superávit si le dejaran. Así lo aseguró este martes el concejal Hacienda, Ramón Vilar, quien reclamó que desde el Ministerio de Hacienda se libere de la tutela estatal la posibilidad de destinar los remanentes presupuestarios municipales a cuestiones que se estimen necesarias, se considere ésta como Inversión Financieramente Sostenible (IFS) o no.
El BOE publicó el pasado día 24 del Real Decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo, que prorroga a 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles (IFS) y se modifica el ámbito objetivo de éstas. Vilar admitió una satisfacción “al menos parcial”, dado que el texto se recoge “en parte, lo que tantas veces hemos manifestado tanto en la FEMP como en el Pleno del Ayuntamiento de València: que la aplicación de remanentes y superávits municipales no tiene por qué estar ligada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y que era y es posible ampliar el abanico de programas para su aplicación”.
Vilar ha recordado que la convocatoria de una cumbre municipalista por parte de la FEMP el pasado 27 de febrero dio lugar a que el Ministro de Hacienda llamara con carácter urgente la víspera (día 26) al presidente de la Federación, encuentro en el que se alcanzó un preacuerdo sobre diversas cuestiones de financiación local. “No sabemos qué dirán ahora los que veían imposible la publicación de este Real Decreto Ley y defendían que se vinculará a la aprobación de los Presupuestos”, ironizó el concejal.
Si bien el citado decreto no satisface en su totalidad las reivindicaciones tanto de la FEMP como de las Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa, celebradas los días 16 y 17 de febrero de 2017, desde el Ayuntamiento de València entienden que se trata de un verdadero avance, fruto de la presión organizada del municipalismo español. No obstante, el concejal de Hacienda ha instado a agilizar otros compromisos, “que son inaplazables”.
Vilar se ha referido a la necesidad de que se amplíe el abanico de aplicación, en el Presupuesto de 2019, de los posibles superávits y remanentes del ejercicio en curso, 2018, a cualquier expropiación y demolición que sean necesarias para ejecutar cualquier tipo de inversión, sea financieramente sostenible o no. Vilar también exigió que se consideren Inversiones Financieramente Sostenibles los planes especiales de empleo desarrollados por las corporaciones locales, de manera directa o en colaboración con otras administraciones públicas; así como que se incluyan como posibles aplicaciones de remanentes “las del Capítulo II, siempre que no generen obligaciones presupuestarias futuras y sean compatibles con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y sostenibilidad de deuda”.
También plantea el concejal que se flexibilice la metodología de la regla de gasto y, por tanto, del cálculo del techo de gasto “liberalizando los corsés de aquellos ayuntamientos cuyo periodo medio de pago esté por debajo de los 60 días, y que cumplan con su programa de amortización de deuda viva, que se sitúe por debajo del 90%”. Asimismo, el edil insta al Gobierno de España “a flexibilizar y ampliar la tasa de reposición para que las entidades locales que cumplan con los citados principios puedan aprobar y ejecutar una oferta de empleo público para recuperar los efectivos perdidos”.
Vilar se ha referido también a la situación derivada de la declaración de inconstitucionalidad de parte de la actual legislación de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (el Impuesto de Plusvalías), y ha urgido de nuevo al Gobierno a que “legisle con carácter urgente” y a que “establezca mecanismos de compensación para que los Ayuntamientos no sufran merma en su recaudación”. Asimismo, ha añadido que “deberán reintegrarse a los municipios todas las devoluciones que pudieran realizar a particulares por este concepto, y no deberán ser computables a efectos de cálculo de la estabilidad presupuestaria”.
También ha instado al Gobierno de España a iniciar la reforma del Régimen Fiscal Especial de Entidades sin Ánimo de Lucro e incentivos fiscales al Mecenazgo, contemplado en la Ley 49/2002, “de manera que ninguna actividad lucrativa pueda camuflarse bajo este régimen, así como a la reforma de cualquier otra Ley que suponga discriminación fiscal”. Y, finalmente, ha planteado la necesidad de que el Ejecutivo central inicie, “de manera inmediata, las conversaciones y acciones para un nuevo marco de financiación local”. El concejal Ramón Vilar ha asegurado que “esta negociación tiene que reiniciarse de inmediato y en paralelo, pero no en contraposición, de la financiación autonómica”.
