La concejal de Actividades, Lucía Beamud, con el alcalde Joan Ribó. Foto. AYTO. DE VALÈNCIAVALÈNCIA. El uso espurio de la inspección municipal se va a acabar. O al menos gratuitamente. El Ayuntamiento de València ya plantea implantar una tasa en determinadas situaciones en que se compruebe que las denuncias en la inspección municipal no tengan el objetivo legítimo que se les presupone. Es decir, para aquellos casos en que se haya constatado que la supuesta ilegalidad advertida no exista y el denunciante insista en sus pretensiones.
El servicio de inspección municipal se dedica a controlar incumplimientos de la normativa en terrazas, ruidos y otras molestias, obras, actividades inocuas, etcétera. Y en el consistorio, los técnicos han experimentado que en algunas ocasiones, hay denunciantes que emplean los servicios consistoriales de inspección como una suerte de arma arrojadiza contra vecinos, locales próximos y actividades indeseadas que no incumplen ninguna normativa pero que, pese a ello, reciben persistentes denuncias.
Se trata de dinámicas que, además de ser infructuosas porque inciden habitualmente en aspectos ya inspeccionados, suponen una carga de trabajo añadida para los funcionarios dedicados a estos trabajos y, por ende, acaban retrasando el servicio y entorpeciendo la actividad habitual de los empleados municipales. Un estorbo que en la concejalía de Actividades, que dirige Lucía Beamud y en la que se integra el mencionado servicio, buscan atajar.
Por ello, para disuadir las denuncias falsas, en el departamento de Actividades han planteado la idea de aprobar una tasa que grave de alguna manera estas actitudes, si bien aún no se ha hallado la fórmula concreta para poder hacerlo. Se trata, tal y como inciden en la concejalía de Beamud, de una primera idea que deberá trabajarse y concretarse a medio plazo.
Preguntada al respecto, la edil del ramo, Lucía Beamud, explicó a Valencia Plaza que el consistorio busca "avanzar en la eficacia y eficiencia, así como en prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía, optimizando los recursos públicos". Y en este sentido, relató, se ha observado que "en ocasiones los servicios de inspección son utilizados de una forma incorrecta por parte de algunas personas, constatando en más de tres ocasiones que el hecho motivo de denuncia no existe".
De ahí que el departamento que lidera se haya planteado, en sus palabras, "penalizar la solicitud de los servicios municipales de inspección cuando el objetivo no sea solventar una molestia sino llevar una inspección reiteradamente a un lugar que ya está comprobado que cumple con la legalidad". Una medida con la que se conseguiría acabar con "la duplicidad y la saturación forzada del servicio" al objeto de que "todos contemos con un servicio de la máxima calidad y con el tiempo de respuesta más breve posible".
Lo cierto es que esta tasa, por ahora futurible, se ha recogido por primera vez en el plan normativo municipal anual, el documento donde se explicitan cada las regulaciones locales en cuyo desarrollo se quiere avanzar a lo largo del ejercicio. Concretamente, el servicio de inspección municipal busca trabajar en una futura ordenanza reguladora de la tasa "para la actuación municipal de inspección de actividades y obras, en cumplimiento de las normativas vigentes de urbanismo, actividades y contaminación acústica". Una "nueva normativa" cuya fase de tramitación es, por ahora, la "redacción de anteproyecto". En este sentido, señala Beamud, por ahora "solo se trata de un mero estudio sobre el tema".
La cuestión se encuentra en un estadio muy embrionario. Uno de los motivos es que el acuerdo de reconstrucción aprobado por el pleno municipal -sin el voto de Vox- recoge la congelación de los gravámenes y tasas municipales, de manera que por ahora no se podría aplicar. El acuerdo recoge expresamente que la política fiscal durante lo que dure la crisis post pandemia de coronavirus tenderá a "la congelación de los tipos tributarios". Por ello la idea que se ha planteado es estudiar la tasa de cara a cuando pase la crisis económica tras la pandemia de coronavirus.
Mientras la tasa está en barbecho, lo que sí se ha aprobado es el plan de inspección municipal hasta 2023. La Junta de Gobierno Local dio luz verde al documento hace semana y media y en él se regulan los objetivos y las líneas de trabajo de la inspección en los próximos años. La intención del plan es llevar a cabo tareas de carácter preventivo, prospectivo y tecnológico centradas en evitar molestias a la ciudadanía y comprobar las quejas y denuncias recibidas.
En primer lugar, el carácter preventivo de este plan tiene en consideración “evitar molestias en la ciudadanía” gracias a las campañas específicas de información dirigida a grupos concretos, dado que según Beamud, "en muchas ocasiones se incumple la normativa por desinformación y no por causas conscientes".
Por otro lado, la retrospección pretende “avanzar en la consecución de los objetivos y evitar problemas en el futuro en base a los cambios sociales”. Y la otra línea de trabajo es “la revolución tecnológica” gracias a la compra de tablets, dispositivos móviles, sonómetros o cámaras termográficas, además de programas especiales “para facilitar la labor de los inspectores” y reducir el tiempo de emisión de los informes.
