Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La nueva ordenanza reguladora de pisos turísticos de València ya está en el horno y se cuece a fuego lento en el Ayuntamiento del Cap i Casal. El borrador del texto y cada uno de sus apartados se trabajan minuciosamente, adecuando, limando y mejorando el texto del borrador. Según este, el consistorio quiere introducir la obligación por parte de las plataformas de pisos turísticos y de los propietarios de los mismos de dar cierta información sobre su actividad a la administración municipal para asegurar el control de la legalidad en la misma. Por ejemplo, qué plataforma se usa para alquilar los inmuebles o el número de días al año que están alquilados.
Es la intención del Ayuntamiento y de las concejalías que participan en el desarrollo del documento, Turismo y Urbanismo -que dirigen Emiliano García y Sandra Gómez- al recoger uno de los puntos del borrador que el consistorio "podrá requerir a las plataformas digitales que publicitan y comercializan el alojamiento turístico la información necesaria para el ejercicio de las competencias municipales de supervisión y control público de las viviendas turísticas en la ciudad de València", según el documento al que ha tenido acceso Valencia Plaza.
Además, el texto prevé que el Ayuntamiento impulse "acuerdos de colaboración con las plataformas digitales de publicidad y comercialización de las viviendas turísticas" con la finalidad de "facilitar el intercambio de información" para "velar" por el cumplimiento de la legalidad en la implantación del uso turístico en las viviendas. Son estos dos puntos la concreción de un texto más genérico previsto en la normativa turística de la Comunitat Valenciana, reformada en 2018.
En ella se dice que estas plataformas digitales, además de cumplir con la legalidad, tendrán que "colaborar con las diferentes administraciones" para facilitar la supervisión y el control público de que se cumple la normativa. Ahora, el texto de València va más allá y no sólo habla de colaboración, sino de una transmisión de información más que necesaria en un mercado en el que la flexibilidad y la dificultad de control son inherentes a la propia actividad.
Volviendo a la nueva ordenanza, esta también podría servir para que los propios dueños de los pisos turísticos tengan que comunicar a la administración alguna clase datos sobre el funcionamiento de los mismos. Por ejemplo, si para alquilar su vivienda turística van a emplear alguna plataforma y, de ser así, en cuáles de ellas se va a ofertar el inmueble. En este sentido, también el dueño tendría que informar si decide cambiar de aplicación o de página. No se trata de información personal o datos privados, explican fuentes consistoriales, y en ningún caso afectaría a los huéspedes de dichos inmuebles, sino sólo a los pisos y a sus dueños.
Esto permite una mayor trazabilidad en el control de los pisos turísticos que hay en el mercado y, en virtud del intercambio de información que existiría con las empresas turísticas -según el articulado anteriormente mencionado-, la ordenanza otorga a la administración municipal una herramienta de supervisión mucho más rigurosa y certera.
Lo que le interesa a la administración es controlar fundamentalmente, no sólo que se cumple el uso urbanístico fijado para esa vivienda -es decir, que tiene reconocida la compatibilidad del uso turístico en una vivienda-, sino también que no se supera la limitación temporal fijada para los pisos turísticos ocasionales. Y aquí huelga recordar que esta nueva ordenanza se circunscribe -al menos por ahora- a las viviendas de uso turístico ocasionales, no a las consideradas profesionales.
La ordenanza es consecuencia directa del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (PEP) que entró en vigor el pasado mes de marzo -ahora recurrido por la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas (AVAEC)-, y que fija que las viviendas turísticas ocasionales están prohibidas hasta que exista esta ordenanza reguladora del sector. Es importante, a este respecto, fijar bien las diferencias que explica el PEP entre los dos tipos de viviendas turísticas.
La ocasional es aquella vivienda que funciona como domicilio habitual de un particular -debe estar empadronado- y que este decide comercializar con fines turísticos hasta un máximo de 60 días al año. La calificada como 'profesional' es aquella que está situada en un bloque exclusivo de viviendas turísticas y no tiene restricción temporal para ser alquilada en todo el año.
Así, una de las principales dificultades que se encuentra la administración para la supervisión de las viviendas turísticas ocasionales es la complejidad que supone controlar que no se alquilan más de 60 días al año. Y precisamente este será uno de los datos que se pretende recabar de las plataformas y los dueños: la cantidad de días que están alquiladas en un ejercicio. Para ello, además, se prevé la creación de un registro de viviendas turísticas.
En un principio esta normativa iba a circunscribirse al céntrico distrito de Ciutat Vella, con motivo del Plan Especial. No obstante, a la postre, la idea es que afecte a toda la ciudad, pues se entendía que limitar su afección únicamente a la almendra central podía trasladar la actividad de los pisos turísticos -y sus externalidades- a barrios próximos que no tienen una regulación concreta sobre este aspecto.
Además de todo ello, la pretensión consistorial es generar un clima de confianza mutua en el sector turístico. De ahí que el texto también plantee la creación de una comisión de seguimiento que se reuniría, al menos, dos veces al año, donde estarían representados tanto el Ayuntamiento de València como miembros del sector de las viviendas turísticas.
Se trataría de un órgano donde evaluar y mejorar las políticas municipales en el ámbito en cuestión, y de los encuentros se extraería una suerte de memoria anual que permitiría tanto a la administración como al sector plantear quejas o recomendaciones de cara al futuro. Con todo, este borrador es el primero y se encuentra todavía en pañales. Por ende, son muchas cosas las que pueden cambiar hasta que se someta a exposición pública y sea aprobada por el Pleno.
