La Policía Local retirando patinetes eléctricos en el centro de València. Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. De nada han servido las alegaciones presentadas por la empresa de patinetes eléctricos Lime tras la multa anunciada por el Ayuntamiento de Valencia después de la ya apodada 'crisis del patinete'. El pasado viernes, la delegación de Procedimiento Sancionador, dirigida por el edil Carlos Galiana, aprobó las resoluciones correspondientes que desestiman las alegaciones de Lime y ratifican la sanción de 33.000 euros a la empresa por invasión del espacio público.
Según las resoluciones, Lime insistía en despojarse de su culpabilidad después de que a principios de septiembre repartiera cerca de 200 patinetes eléctricos de 'sharing' a lo largo y ancho del 'cap i casal' sin autorización. También se refería la empresa a la desproporción de las sanciones: 750 euros por cada uno de los 44 expedientes abier que se registraron para requisar los vehículos.
La respuesta del Ayuntamiento ha sido contundente. Por una parte, explica el documento, Lime no puede alegar que desconocía la normativa, dado que se trata de "un aspecto esencial de su actividad empresarial". Y aunque la desconociera, "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento". Asimismo, añade que Lime "pudo actuar de otra manera", en primer lugar consultando al Ayuntamiento. "No sólo pudo, sino que debió hacerlo", puesto que necesitaba de una autorización para ocupar el espacio público.
También pedía la empresa participada por Google y Uber que se agruparan las 44 infracciones en una sola infracción continuada. Tampoco accede el consistorio en este aspecto. "Las ocupaciones intensas de cada uno de esos lugares distintos, en momentos distintos, constituyen una infracción administrativa independiente", y remite a diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el Tribunal Supremo, y otros, como el TSJ de Castilla y León o de las Islas Canarias.
Sobre la proporción de las sanciones, el consistorio asegura que sí lo son, dado que aunque no hubo daños ni perjuicios al resto de peatones y conductores en las calles, sí que existían riesgos potenciales. Podría haber ocurrido algo. Por eso "el Ayuntamiento se vio obligado a actuar", porque de haber ocurrido un incidente, el responsable hubiera sido la administración municipal.
Por otro lado, se continúan sucediendo las conversaciones entre las empresas de sharing -carsharing, motorsharing y patinetes eléctricos- y el Ayuntamiento. Entre el lunes y el martes, el edil de Hacienda Ramón Vilar se reunió con media docena de estas compañías para tratar la regulación de las tasas municipales aplicables a estos nuevos servicios. Entre ellas, estuvo Lime, que también se reunió el mes pasado con el edil de Espacio Público, Carlos Galiana.
Con todo, lo cierto es que el nuevo marco normativo está a la espera de que el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, emita sus cálculos acerca de la cantidad de vehículos de este tipo que la ciudad puede absorber. Cuando esto ocurra, Espacio Público y Hacienda podrán ponerse manos a la obra para aterrizar la regulación. Por ahora, Vilar ya ha hecho pública una estimación sobre el coste de las tasas, que no llegarían a 30 euros mensuales por plaza ORA ocupada. En total, podría cobrar 360 euros anuales por plaza ocupada.
