Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València no prorrogará la bonificación establecida en los alquileres de la empresa municipal Aumsa de las que se beneficiaban más de medio millar de personas. PP y Vox han rechazado este miércoles en la comisión de Urbanismo la moción que había presentado el PSPV para tratar de mantener esto descuentos, que caducaron el pasado 31 de diciembre.
En su lugar, la comisión debatió una propuesta alternativa presentada por los populares en la que emplazaban a la empresa pública de vivienda a "analizar, estudiar y determinar el procedimiento de adjudicación de viviendas en régimen de alquiler asequible" en su próximo consejo, que tendrá lugar este viernes. "Se va a convocar un consejo para abordar de manera completa los alquileres asequibles de las viviendas municipales que le corresponden a esta empresa municipal y además se abrirá una oficina de atención a los inquilinos para estudiar personal e individualmente las situaciones de aquellos inquilinos que lo necesiten, ya sea porque sus circunstancias han variado y se encuentren en mayor vulnerabilidad y así dar soluciones concretas de manera clara", ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner.
PSPV y Compromís, sin embargo, han puesto en duda apenas minutos después de terminar la comisión que se vaya a resolver la situación en la que han quedado estas familias, dado que en el orden del día del consejo del próximo viernes únicamente está previsto "iniciar el procedimiento de revisión de la Normativa del Registro de Demandantes y Procedimiento de Adjudicación de las Viviendas Promovidas y Gestionadas por Aumsa". Un trámite para "homogeneizar criterios con las Bases Reguladoras del Procedimiento de Inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda y del Procedimiento de 'Adjudicación de Viviendas en Régimen de Alquiler Asequible del Ayuntamiento de València".
En definitiva, en la convocatoria se revisarán los criterios de adjudicación de las viviendas gestionadas por la citada sociedad pública. Las normas vigentes, aprobadas por el anterior equipo de gobierno que formaban PSPV y Compromís, establecen que los alquileres no podrán superar el 25% de los ingresos de los arrendatarios. Algunos de los afectados por la subida del alquiler actual al haber caducado la bonificación en cuestión, expresaban este miércoles que en caso de no resolverse su situación, la cuota mensual a la que deben hacer frente supera el 50% de sus salarios.
El concejal de Urbanismo ha recordado que el equipo de gobierno que lidera María José Catalá trabaja en "poner a disposición de la ciudadanía, durante esta legislatura, más mil viviendas públicas para dar respuesta a la demanda de la sociedad valenciana". Así, Juan Giner ha señalado que con esta finalidad se adquirió el edificio de Safranar con 131 viviendas en julio del año pasado y, un mes después, en agosto, mantuvieron una reunión "con la Federación de Empresas Promotoras de la Comunitat Valenciana para potenciar la colaboración público-privada que permita la construcción de esas 1.000 viviendas públicas".
El lío actual al que ahora se trata de dar solución estalló a principios del mes de enero, cuando Compromís denunció que el consistorio había aplicado una subida en los alquileres de estas viviendas y algunas de las familias habían pagado de media 200 euros más de lo que venían pagando los últimos años en su último recibo. Una denuncia que obligó al ejecutivo a salir al paso para justificar tal decisión: el portavoz Juan Carlos Caballero aseguró en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que el incremento no era tal, sino que en realidad se había suprimido la bonificación aprobada en su día por el gobierno de Rita Barberá y que el ejecutivo conformado por PSPV y Compromís había ido prorrogando durante la última década.
La bonificación se aplicó inicialmente en 2013, con el exconcejal Alfonso Grau como responsable de Aumsa. La ayuda ideada en aquel momento buscaba dar salida a los pisos de la empresa pública, ya que muchas de ellas se encontraban deshabitadas y a pesar de que el Ayuntamiento buscaba inquilinos, los vecinos las rechazaban porque optaban de forma preferente a viviendas del mercado libre, más competitivas al tener mayores prestaciones. Con aquel escenario, el gobierno popular decidió ofrecer alquileres por debajo del precio de mercado y la medida se mantuvo en el tiempo hasta el pasado 31 de diciembre, cuando venció el plazo de la última prórroga, aprobada por los socialistas a finales de 2019, hace ya cuatro años.
Con este escenario, los socialistas habían registrado una moción para tratar de revertir la situación y que el Ayuntamiento volviera a aplicar la bonificación en cuestión a los inquilinos de estas viviendas que debía debatirse este miércoles en la comisión de Urbanismo. Es decir, que se prorrogasen los descuentos de los alquileres en el próximo consejo de administración de la empresa pública de vivienda con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La propuesta, sin embargo, ha sido rechazada en comisión este miércoles.
Por lo pronto, desde Compromís, que también había anunciado que presentaría una moción en este sentido, aseguran que mantendrán vivo su texto para que se debata en el Pleno municipal del próximo lunes porque lo que se abordará en el consejo de Aumsa "es otra cuestión distinta". Para la portavoz de la coalición valencianista, Papi Robles, el gobierno de PP y Vox "no tiene ninguna intención de dar una solución a la situación de desamparo en la que han dejado a estas familias". "En ningún caso el orden del día incluye o propone abordar el tema de los descuentos de los alquileres, solo las normas de acceso a los inquilinos. Dicen que van a buscar soluciones personalizadas, es decir, una especie de favoritismo o ver quién tiene carné del Partido Popular para pactar o no una rebaja de los precios de los alquileres", ha criticado la portavoz del PSPV, Sandra Gómez.
