Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana, recurrirá el fallo judicial que anula la recalificación de dos parcelas del barrio de Penyaroja al incumplir la sentencia de Tabacalera para "evitar las indemnizaciones millonarias" que conlleva a partir de la operación urbanística de la antigua fábrica de tabacos en 2005.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido estimar parcialmente el incidente de ejecución interpuesto por vecinos de Penyaroja contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad relativa a la Antigua Fábrica de Tabacos y así anular parcialmente la recalificación de dos parcelas de suelo educativo y de zonas verdes en este barrio.
La vicealcaldesa y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha señalado este lunes, preguntada por este asunto, que "este es otro de los problemas heredados de los gobiernos del PP, que siguen siendo un lastre para el Ayuntamiento todavía en 2022".
Así, la administración municipal presentará recurso contra el fallo del TSJCV que anula la solución que se impulsó desde el consistorio con el fin de "evitar las indemnizaciones millonarias derivadas de la operación urbanística de Tabacalera que se gestó en 2005".
Sandra Gómez ha señalado que "el actual equipo de gobierno --integrado por Compromís y el PSPV-- intentará evitar que el consistorio tenga que afrontar indemnizaciones por valor de 45 millones de euros derivadas de un embrollo urbanístico heredado del PP".
"Este es otro problema más heredado de los gobiernos del PP, que siguen siendo un lastre para este Ayuntamiento todavía en el año 2022", ha criticado la también portavoz socialista. Ha dicho que la obligación del actual ejecutivo local, el Govern del Rialto, es "hacer todo lo posible para que esa deuda no lastre la calidad de los servicios públicos que la ciudad tiene que ofrecer a toda la ciudadanía".
"Este Ayuntamiento fue condenado en 2017 por los años de gobierno del PP por el famoso pelotazo de Tabacalera. Condenaban a este ayuntamiento por la nefasta gestión del PP a pagar 45 millones de euros. Este gobierno progresista, responsable hoy de intentar gestionar el lastre de la herencia del PP, ha hecho todo lo posible para que ese lastre no se traslade a los ciudadanos", ha expuesto Gómez preguntada en el acto de conmemoración de la Guardia Municipal.
La responsable municipal ha señalado que se ha hecho "todo lo posible para que el pago indeminizatorio fuera en suelo" y ha destacado que "finalmente el auto del TSJCV ha decidido que en lugar de poder pagar en suelo se tenga que pagar de los presupuestos".
Sandra Gómez ha explicado que no se llegará a los 45 millones porque el Ayuntamiento "ha hecho los deberes regularizando las 'pastillas' de la plaza América" y ha dicho a este respecto que en el acuerdo recurrido hay "muchas cosas hechas" por el consistorio "para regularizar la situación" a las que "se ha dado el visto bueno".
El consistorio ya abonó 20 millones aproximadamente mediante el solar que albergaba las antiguas dependencias municipales de plaza América y otro en Micer Mascó, ambos ya construidos. De esta manera, quedaban pendientes 25 millones, cuyo pago se había articulado a través de un cambio de suelo que ahora el TSJCV ha anulado.
"Me parece de no tener vergüenza que el PP y de tener que pedir perdón alegrarse de que este Ayuntamiento tenga que pagar la deuda, la multa, el lastre que nos dejaron" por "unas malas políticas de urbanismo" en la etapa de gobierno de Rita Barberá. Ha pedido a los 'populares' "prudencia" y ponerse a trabajar con el gobierno "para resolver este problema".
La vicealcaldesa ha considerado que esas indemnizaciones millonarias podrían destinarse a ampliar la red de servicios públicos. "Cuántas cosas podríamos hacer con 45 millones de euros; cuánto podríamos mejorar la limpieza; cuántos empleos podríamos generar; cuántas inversiones podríamos realizar; cuántas peatonalizaciones, colegios, escoletas o centro de salud podríamos hacer", ha preguntado Gómez, para asegurar que "muchísimos".
"Vamos a intentar agotar todas las vías judiciales. Nos estamos jugando mucho dinero", ha insistido la titular de Desarrollo y Renovación Urbana, que ha señalado que la indeminización "irá a parar a una empresa privada concreta".
Por su parte, el PP ha exigido al alcalde, Joan Ribó (Compromís), y al PSPV que los solares de Penyaroja se usen para un centro de salud y zonas verdes y no para un "pelotazo urbanístico recalificándolas para construir edificios de viviendas". Así, ha pedido que "se agilicen todos los trámites para dotar al barrio de las dotaciones públicas que exigen" y lograr "mejora de limpieza y seguridad".
El PP ha anunciado que propondrá al pleno municipal "no recurrir en reposición el auto y cumplirlo", así como "devolver las calificaciones de suelo previa el PGOU". Además, esta formación reclama que se inicien trámites (instar a la Generalitat) para aprobar el nuevo centro de salud que pide en Penyaroja y las zonas verdes que corresponden.
La portavoz 'popular' en el consistorio, María José Catalá, que se ha reunido este lunes con vecinos de este barrio, ha pedido más actuaciones en esta zona y ha censurado que en el presupuesto de 2022 se destinan "cero euros" a Penyaroja.
Catalá ha manifestado que la actuación urbanística anulada por el TSJCV es "una decisión de una recalificación ilegal enteramente del gobierno de Compromís y PSOE". "La sentencia de 2006 en absoluto obligaba a eso. Lo advertimos en varios plenos y, por eso, el PP votó en contra", ha subrayado.
"El único pelotazo es el que ha intentado la izquierda en este barrio cambiando dos espacios dotacionales (parque y colegio) por la construcción de dos torres de viviendas, una de 10 plantas y otra de 13 de alturas", ha agregado.
"No entendemos cómo el gobierno no ofreció a la constructora unos solares con calificación para hacer viviendas y apostó por recalificar suelos previstos para dotaciones públicas, un grave perjuicio para los vecinos del barrio. Fue una irresponsabilidad que Ribó y el PSOE no firmara un convenio previo con la constructora donde se aceptara los términos de la permuta", ha concluido Catalá
