València sacará ocho solares para 500 viviendas en la primera fase de su plan para mover suelo público

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València activa la maquinaria para poner en marcha su plan para movilizar parte del suelo público parado con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda pública en la ciudad. De esta forma, el equipo de gobierno municipal ya tiene seleccionadas las primeras parcelas que quiere sacar al mercado en una primera fase y que permitirán levantar cerca de 500 nuevos inmuebles, según ha podido saber este diario de fuentes del sector inmobiliario.

Un proyecto que, eso sí, todavía se está perfilando con la intención de poder lanzarlo antes de finalizar este año para iniciar las construcciones esta misma legislatura. Lo que ya está claro es que esta movilización de parcelas se quiere hacer a través de la colaboración público-privada junto a los promotores, que son los que tienen el conocimiento y el pulmón financiero para acometer las promociones.

Por el momento, ya se han elegido los primeros suelos en la ciudad. Se trata de superficies que están libres de cargas y problemas urbanísticos, por lo que su desarrollo sería más inmediato, detallan las mismas fuentes. Y es que lo que se pretende es dar una solución al problema del acceso a la vivienda con la mayor celeridad posible, aumentando el parque público con especial interés en el alquiler asequible. 

Así, tras meses de búsqueda, las ubicaciones que podrían salir a licitación para iniciar la primera fase de plan con el sector privado se encuentran en diferentes puntos de la ciudad de València. En concreto, tres parcelas se ubican en Malilla, otras tres en la zona de Nou Moles; una en Massarrojos; y otra en la calle Doctor Domagk, cerca del Parque Central. Todas ellos suman una superficie que permitiría levantar cerca de 500 viviendas, la mitad de las 1.000 unidades con las que el nuevo equipo de María José Catalá quiere culminar su primer mandato.

La forma para articular el plan todavía se está definiendo, aunque se trabaja sobre cuatro posibilidades. Lo que diferenciará esta iniciativa respecto de otras experiencias similares, como el concurso de suelo que lanzó el Consell del Botànic el pasado año, es que el Ayuntamiento no se cierra a una única fórmula, sino que se pueden combinar varias de entre las cuatro que se están barajando. Lo que sí se tiene claro es que se armarán muchos lotes con pocos suelos para conseguir mayor concurrencia, principalmente de promotores locales.

Cuatro fórmulas 

Una de las opciones sobre las que trabaja el equipo de Juan Giner, responsable del área de Urbanismo en València, es la cesión del derecho de superficie del suelo por un periodo de entre 50 y 70 años. Esta modalidad supone que las empresas construyen en suelo de la Administración el edificio y lo explotan durante un periodo de tiempo determinado. Una vez finalizado ese plazo, los inmuebles pasan a ser gestionadas por la Administración valenciana, que en todo momento es la propietaria de los activos. 

Esta es la forma que usó el pasado gobierno autonómico, formado por PSPV, Compromís y Podem, en el concurso de solares y a la que también ha recurrido la Comunidad de Madrid con el Plan VIVE. Por tanto, como ya existen experiencias similares es una posibilidad que suena con fuerza, apuntan las mismas fuentes. 

La segunda alternativa que está encima de la mesa es la permuta de suelo por obra, es decir, el Ayuntamiento entrega una parcela al promotor con quien pacta un porcentaje de las futuras viviendas que vaya a construir. Por tanto, la corporación municipal "regala" un suelo a cambio de que se le entregue, previo acuerdo, viviendas totalmente construidas y equipadas o incluso los bajos del residencial para futuras dotaciones públicas. El número de pisos será proporcional al valor del suelo. 

La tercera es hacer una permuta sobre vivienda de protección pública, conocida como VPO, que ya están terminadas a cambio de un suelo finalista. La diferencia con la permuta de suelo por obra es que en esta ocasión la Administración adquiere directamente edificios ya terminados, una vez la promoción ya está acabada, y, en compensación, entrega otro suelo al agente privado, mientras que en la anterior la transacción se cierra antes de iniciarse las obras.

Finalmente, se estudia el derecho de vuelo, recogido en el Código Civil, y por el cual cada parte se queda un número concreto de alturas. En este caso, se le exige al promotor que antes de presentarse a la licitación pública debe tener apalabrado un porcentaje de venta de las viviendas de la promoción para optar al suelo. De ser así, este derecho implica que el suelo siempre será de titularidad municipal y que las últimas plantas del residencial serán para la Administración, mientras que las primeras para el promotor.

De esta forma, no se pierde la posesión del suelo y se garantiza en todo momento que para que culmine el desarrollo y el privado tenga sus viviendas, debe haber acometido las municipales. Además, para hacer efectivo el derecho, la actuación debe estar totalmente culminada, explican desde el sector inmobiliario.

Con todo, el equipo de gobierno municipal y el sector trabajan conjuntamente para encontrar el mejor encaje. Y es que la idea es recurrir a varias de estas fórmulas en función de las condiciones y particularidades de los suelos. Por ahora, solo hay borradores de los pliegues para cada una de las posibilidades. Unos documentos que serán cotejados con los notarios, registradores y los servicios jurídicos municipales para garantizar la mayor seguridad jurídica y la máxima concurrencia.

El objetivo es lanzar estas primeras parcelas del plan antes de final de año para, en fases posteriores, ir sacando más lotes. El planteamiento es dar uso a los miles de metros cuadrados que el consistorio tiene parados y vacíos para sumar más oferta al mercado, principalmente en régimen de alquiler asequible, en un momento en el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema que poco a poco se va agudizando.