VALÈNCIA (Ep). La Comisión Europea ha anunciado este martes su plan de retrasar un año más la aplicación de la ley de deforestación europea, hasta diciembre de 2026, ante la preocupación de las capitales y las empresas para poder cumplir a tiempo con las nuevas disposiciones.
"A pesar de nuestros esfuerzos en materia de simplificación, seguimos creyendo que no podemos prescindir de ello sin perturbar nuestras empresas y nuestras cadenas de suministro y nos preocupa el sistema informático, dada la cantidad de información que introducimos en él. Por eso, junto con los colegisladores, solicitaremos un aplazamiento de un año", ha señalado este martes la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en declaraciones a los medios.
Además, el portavoz comunitario Olof Gill ha precisado en rueda de prensa que una de las principales razones de Bruselas para retrasar la aplicación de esta norma es la de "evitar la incertidumbre de las autoridades y las dificultades operativas".
"Aunque nuestros esfuerzos de simplificación han sido considerables, hemos llegado a la conclusión de que no podemos cumplir el plazo original sin causar perturbaciones en nuestras empresas y cadenas de suministro. En particular, tenemos serias preocupaciones en cuanto a la capacidad del sistema informático, dada la carga prevista", ha explicado Gill.
Además, ha añadido que, en el caso de las empresas, esta moratoria "permitirá remediar los riesgos identificados, incluido el diseño del sistema informático en términos de la capacidad necesaria".
La nueva norma impone un veto a las ventas de productos como el cacao, el café o el aceite de palma que contribuyan a la deforestación de los bosques y está en vigor desde el 23 de junio de 2023, pero ahora la Comisión --que ya propuso retrasar su aplicación hasta diciembre de 2025-- ha puesto sobre la mesa una nueva moratoria de un año para que la ley pueda aplicarse a partir del próximo año de forma "sencilla y viable".
Bruselas pretende abordar así la preocupación de los socios internacionales por la complejidad para cumplir a tiempo con el nuevo marco legal comunitario.
Reclamaciones de capitales, Eurocámara y ecologistas
De hecho, el pasado 9 de julio los ministros de Agricultura de 18 Estados miembro enviaron una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que pedían relajar algunas de las disposiciones de la nueva normativa, alegando su complejidad y carga burocrática, y en la que sugerían también un nuevo aplazamiento.
La carta, impulsada por Luxemburgo, está firmada por los ministros de Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.
También el mismo 9 de julio el pleno del Parlamento Europeo aprobó una objeción impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE) en la que instaba a la Comisión Europea a reconsiderar la introducción de una categoría de países "sin riesgo" a los que aplicar de forma más laxa esta nueva norma.
De hecho, los 'populares' europeos han celebrado favorablemente el plan de la Comisión de posponer la entrada en vigor del reglamento, lo que demuestra, a su juicio, que "los problemas inherentes a la ley no pueden resolverse con más períodos de transición o directrices no vinculantes".
Por contra, la organización ecologista WWF ha tachado de "sorprendente y vergonzoso" el anuncio de la Comisión y lo considera un "desprestigio" para Von der Leyen en un momento en que "persigue una agenda de desregulación 'verde' sin precedentes".
Los negociadores de ambos órganos colegisladores ya alcanzaron en diciembre de 2024 un acuerdo para retrasar hasta diciembre de 2025 la aplicación de la ley de deforestación, pero ahora deberán retomar las negociaciones de cara a aprobar la nueva demora en su aplicación antes de que acabe el año.
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