VALÈNCIA. El próximo 20 de abril se cumplen seis meses de la aprobación de Edificant, el plan de la Generalitat para construir y mejorar centros escolares en colaboración con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y así acabar con los barracones. Un compromiso ambicioso que el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció para dar inicio al curso político en el pasado Debate de Política General.
Apenas unos días después de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del decreto ley que contempla una inversión de 700 millones de euros entre 2018 y 2022 para edificar 200 nuevos colegios y reformar otros 500, Podemos ya avisó de que no se fiaba. No tenían clara la metodología, ni la viabilidad del programa. Para verificar que lo prometido se cumplía, prepararon una moción en Les Corts en la que obligaban al conseller de Educación, Vicent Marzà, a acudir semestralmente al parlamento valenciano para rendir cuentas de los avances y ritmo de ejecución de las obras, así como presentar los informes pertinentes e instar al Consell a hacerse cargo de la supresión de los barracones si los ayuntamientos no eran capaces de asumir los costes.
Superadas las fiestas falleras, los morados no se hicieron esperar y convocaron a Marzà para que en los próximos días se enfrente al primer examen de su proyecto estrella. Y la prueba no se presenta sencilla. Aunque todavía la fecha de la comisión a la que deberá acudir el conseller esté por determinar, el diputado Antonio Montiel ya ha elaborado un borrador con todos los recelos que tienen en Podemos respecto al proyecto y por los que interpelará al responsable del departamento de Campanar. Una serie de duras críticas que cuestionan desde la "simplicidad" de los documentos que sirven de instrucciones a los ayuntamientos, hasta llegar a cuestionar si el Gobierno valenciano acabará con más barracones que con los que empezó la legislatura.
Así, en el informe al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la formación morada denuncia que el decreto ley "tendrá poca incidencia real más allá de lo que pueda ser ejecución de obras menores de reparación, mantenimiento y similares que, en general no necesitarán de disponibilidad de nuevos terrenos, ni proyecto técnico, y cuya financiación pueda ser incluso adelantada por los ayuntamientos interesados en agilizar las actuaciones".
Una afirmación que realizan tras examinar las instrucciones de gestión para entidades locales; de diseño y construcción; y para presupuestos y estimación económica. A partir de esa documentación, tachan de "absolutamente elementales" los criterios por "primar la celeridad sobre la calidad constructiva".
"Es cierto que podrían llegar a iniciarse algunas obras de nueva construcción (aunque difícilmente llegarán a terminarse ninguna que no estuviese iniciada ya en 2017)", detallan en el informe. Pero el hecho de que existan obras abiertas que obliguen a trasladar de forma provisional a los alumnos de esos centros a otras instalaciones de forma transitoria hasta que se finalizasen las actividades, "puede conducir a que el número de barracones al final de esta legislatura sea igual o incluso superior al existente a su inicio en junio de 2015, lo que agravaría el efecto de fracaso político y gestión en este eje estratégico", añaden.
Con todos estos recelos, el partido de los círculos pide que el conseller de Educación acuda a la convocatoria no sólo con el informe al que le obligaba la moción aprobada el pasado mes de noviembre por unanimidad, también con "las resoluciones y convenios mediante los cuales se instrumente la delegación en los ayuntamientos, así como todos los datos relativos a tipo de actuación, importes y financiación".
