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Aerte rechaza la enmienda para la reversión de los centros de gestión integral

  • José María Toro, presidente de Aerte. Foto: KIKE TABERNER
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VALÈNCIA. "Pensamos que Aerte tendría un papel más importante con este Consell". Esta fue una de las frases pronunciadas por José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), al inicio de legislatura en una entrevista a Valencia Plaza

El modelo socio-sanitario, el concierto social,... ya son varios los reveses que se ha llevado el sector residencial con el actual Gobierno, al que podría sumarse otro más que ha empezado a gestarse en forma de enmienda al proyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018. Presentada por PSPV y Compromís, han incluido la "extinción de los contratos de gestión integral de centros de titularidad pública en el ámbito de la diversidad funcional".

Este texto abriría la puerta a que cuando terminen los contratos con las empresas los centros puedan ser gestionados por el Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS) pasando el personal afectado a convertirse en personal a extinguir, condición que asumirá el personal del departamento de La Ribera. Evidentemente, esto no ha sentado nada bien en la patronal de las residencias y servicios a personas dependientes. 

Indignación por usar la Ley de Acompañamiento

"Pensamos que el modelo de gestión integral ha demostrado que es capaz, a través de la colaboración público privada, de prestar un servicio de gran calidad a las personas en situación de dependencia", asegura Toro. Sin embargo, lo que más ha molestado es que sea una enmienda de última hora en la Ley de Acompañamiento y para la que no se ha hablado con el sector.

"Creemos que se está abusando de la Ley de Acompañamiento. Técnicamente sirve para modificar cuestiones puntuales que van a ser afectadas  o afectarán al presupuesto pero se están introduciendo cambios en leyes que nada tienen que ver", señala. "Este proceder se le criticó mucho a gobiernos anteriores pero ahora se hace lo mismo".

"Se está consolidando una mala práctica legislativa", continúa. "Lo lógico es que se hiciera un trámite legislativo específico para tratar de manera separada, y en profundidad, esta cuestión y esta reflexión se la hemos hecho llegar a todos los grupos parlamentarios con otros temas de la ley".

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