VALÈNCIA (EP). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este lunes inadmitir la querella presentada por el PP contra el PSOE por un presunto delito de financiación ilegal, en base al testimonio de un empresario que asegura que entregó 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que la pasada semana informó en contra de la admisión del escrito de los 'populares', según confirmaron a Europa Press fuentes fiscales.

La querella, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, se dirigía contra el PSOE, el empresario Víctor de Aldama y Koldo García --ex asesor del otrora ministro socialista José Luis Ábalos--, entre otros, por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.

El escrito se presentó ante el juzgado que dirige Santiago Pedraz porque se enmarca en las pesquisas secretas que dirige esta sede judicial por un presunto fraude de IVA de más de 182 millones en el sector de los hidrocarburos.

Los 'populares' basaron su querella en la información publicada el pasado 10 de octubre por The Objective, que recoge el testimonio de dos informantes anónimos, uno de los cuales aseguró que llevó 90.000 euros a la sede socialista de Ferraz en dos entregas que se hicieron con bolsas de plástico en octubre de 2020.

El objetivo último, de acuerdo con estos testimonios, sería que a través de la intermediación de De Aldama con Koldo García la empresa Villafuel consiguiera el título de operador en el sector de hidrocarburos, que finalmente obtuvo.

Para el PP, "la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político" es un indicio bastante importante como para "iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos".

No obstante, apuntaba también a la conexión de estos hechos con los investigados en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por Ismael Moreno en el 'caso Koldo' y a la existencia de "un aforado" --Ábalos-- que, alegaban, podría obligar a elevar el asunto al Tribunal Supremo.