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Los municipios de la Dana piden al Gobierno al menos 27 millones por la pérdida de recaudación

  • Un hombre observa el barranco de La Saleta tras su desbordamiento, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia
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VALÈNCIA. Casi un año después de la Dana, los estragos siguen presentes en múltiples calles, viviendas y negocios. Las inundaciones anegaron decenas de municipios en la provincia de Valencia dejó 229 víctimas mortales, numerosos afectados por lesiones y daños psicológicos pero también un agujero económico del que será difícil recuperarse pues, primero, hay que reconstruir lo destruido. En ese marco, los ayuntamientos afectados han tenido que solicitar al Gobierno de España una compensación por la pérdida de recaudación a raíz de las exenciones fiscales permitidas por el Ejecutivo para hogares y empresas.

Por el momento, las peticiones municipales para esta compensación alcanzan al menos los 27 millones de euros. Así lo constatan los datos ofrecidos por el propio Gobierno central a una pregunta parlamentaria del Partido Popular, a la que ha tenido aceso Valencia Plaza. En ella, el Ejecutivo señala que, a fecha de 9 de septiembre, una treintena de ayuntamientos habían registrado sus peticiones, sobre todo en cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y, de forma residual, en relación al Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

El primer decreto permitía eximir del pago del IBI a aquellas familias y negocios que hubieran visto sus bienes inmuebles afectados por la riada, aunque solo cuando se acreditara que se había necesitado un "realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos. En cuanto al IAE, también se decretaba la exención cuando los daños hubieran obligado al "cierre temporal de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad". Y esta "disminución de ingresos en tributos locales", señalaba el decreto, sería "compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En la respuesta, el Gobierno asegura que en el mes de julio ya había abonado más de 24,4 millones de euros, casi toda la partida que se había dispuesto en los Presupuestos, ascendente a 25 millones de euros. Por ello, explica el escrito dirigido a la Cámara Baja, "se inició la tramitación de un expediente de modificación presupuestaria para suplementar el crédito inicial [...] en diez millones más". Y lo cierto es que desde el pasado mes de diciembre, los municipios no han dejado de presentar sus respectivas solicitudes y lo siguen haciendo todavía.

En la tabla de solicitudes aparecen municipios con reclamaciones millonarias como Catarroja, con 4,9 millones de euros; Alfafar, con 4,22 millones; Paiporta, con 2,7 millones; Massanassa, con cerca de 2,1 millones de euros; Guadassuar, con 1,36 millones; o Beniparrell, con más de 900.000 euros. Otros como Benicull de Xúquer (21.000 euros), Carlet (17.900 euros) o Xirivella (6.800 euros) figuran con importes más modestos, pero igualmente importantes para presupuestos locales ajustados. A principios de septiembre, se habían abonado las peticiones de más de una veintena de localidades.

"Dada la envergadura de los daños, es probable también que se sigan recibiendo solicitudes de compensación durante el resto del año, por lo que se tramitarán los expedientes de ampliación de créditos en la citada partida presupuestaria para atender los pagos que fueran necesarios", asegura en ese sentido la respuesta del Gobierno. De hecho, hay municipios que han ido presentando a lo largo de este tiempo varias solicitudes, como Paiporta. Otros como el Ayuntamiento de València, ultiman toda la documentación para registrar su petición.

En todo caso, el Ejecutivo garantiza que "no quedará, en ningún caso, ninguna solicitud de compensación sin atender". Las últimas peticiones en registrarse a fecha de la respuesta eran, a principios de septiembre, las de Fuenterrobles, Chiva y Sot de Chera, por el IBI urbano, por lo que figuraban como "en tramitación". Por otro lado, en el listado aparecen peticiones de junio y julio como la de Aldaia, Montroy, Sinarcas, Calles, Albal o Llocnou de la Corona cuyo estado de tramitación era -siempre a fecha de la respuesta- "resuelto" o "requerido", por lo que todavía no se había efectuado la transferencia.

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