VALÈNCIA. La Dana del 29 de octubre de 2024 dejó tras de sí un mapa de destrucción valorado desde el ámbito municipal en más 1.753 millones de euros y un total de 1.829 actuaciones necesarias para reparar infraestructuras, servicios esenciales y equipamientos municipales. Un año después, los ayuntamientos afectados siguen enfrentándose a un volumen de daños sin precedentes que exige reorganizar la reconstrucción para evitar que los trabajos se prolonguen durante años.

Estas cifras proceden del análisis elaborado por la Federación de Empresas Constructoras de Valencia (FECOVAL), que plantea una reorganización integral del proceso de reconstrucción con el fin de agilizar las obras, evitar el colapso administrativo y optimizar los recursos públicos y empresariales. Según su informe, los daños más elevados se concentran en el alcantarillado y la depuración, con 124 actuaciones que suman 522,9 millones de euros, seguidos de las infraestructuras viarias locales, que alcanzan 423,7 millones a través de 487 intervenciones.

A ello se suman 68 millones destinados al abastecimiento y potabilización de agua, 135,7 millones en instalaciones deportivas, más de 77,5 millones en parques y jardines y 36 millones para reparar centros educativos y escuelas infantiles.

Seis zonas de actuación

Para ordenar los trabajos y hacer más eficaz la recuperación, el informe divide el territorio en seis áreas de actuación según la magnitud de los daños. La primera abarca el origen de la catástrofe, en municipios como Utiel, Requena o Chiva. La Zona 2, la más castigada, reúne 899,3 millones de euros en daños e incluye localidades de l’Horta Sud como Paiporta, Catarroja, Torrent, Aldaia o Alfafar, además de Algemesí.

La Zona 3 y la Zona 5 agrupan municipios de la Ribera Alta y Baixa, con afectación moderada; la Zona 4 incluye localidades como Calles, Llíria o Paterna; y la Zona 6 recoge la ciudad de València y las pedanías del sur.

2.000 actuaciones en 350 contratos

Con el fin de evitar la fragmentación de expedientes y acelerar los plazos, el informe propone reestructurar las cerca de 2.000 actuaciones en 350 contratos, cada uno de ellos con un importe medio de alrededor de 5 millones de euros. 

FECOVAL propone realizar algunos de los 350 contratos por la vía de emergencia. Aunque actualmente no está habilitada la contratación por emergencia, la federación plantea que este sea el mecanismo para tramitarlos, al considerar que agilizaría la puesta en marcha de las obras y reduciría la carga burocrática, una demanda que comparten numerosos alcaldes.

La propuesta incluye además repartir esos contratos entre 26 grupos empresariales, formados por tres empresas cada uno, con capacidad para intervenir de manera simultánea en distintas zonas. Este sistema, explica FECOVAL, garantizaría una intervención coordinada en toda la provincia, evitaría duplicidades, estabilizaría los precios y simplificaría la interlocución entre administraciones y empresas.

El análisis permite priorizar la recuperación de los servicios esenciales mientras se planifica gradualmente el resto de actuaciones. La federación advierte de que, sin una estrategia conjunta como la que plantea, la reconstrucción podría alargarse durante años y los ayuntamientos continuarían sobrecargados, con riesgo de retrasos, sobrecostes e ineficiencias. Con el modelo propuesto —asegura— sería posible activar simultáneamente la mayoría de los trabajos y garantizar una recuperación homogénea, rápida y técnicamente solvente.