VALÈNCIA. La reconstrucción tras la devastadora Dana de hace un año avanza con dificultad en todos los niveles de la administración. Uno de los principales obstáculos está en la propia burocracia: los plazos que exigen las licitaciones y los trámites previos a cualquier obra ralentizan la recuperación y ponen en aprietos a los ayuntamientos.

Durante los meses en que los municipios afectados por las inundaciones estuvieron en nivel 2 y nivel 1 de la emergencia post-Dana, los consistorios pudieron recurrir a las contrataciones de emergencia, un mecanismo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público para catástrofes naturales y que permitía agilizar enormemente los procedimientos. Gracias a él, muchas actuaciones pudieron ejecutarse con una rapidez que ahora ya no es posible.

El pasado 26 de junio, la Generalitat Valenciana dio por finalizado el nivel 1 de emergencia en los últimos 32 municipios que aún lo mantenían. Con ello, los ayuntamientos tuvieron que abandonar este sistema excepcional y volver a los procesos ordinarios, ante el riesgo de incurrir en problemas legales si seguían recurriendo a adjudicaciones de emergencia sin cobertura normativa.

Un obstáculo

El alcalde de Sedaví, José Cabanes, resume la situación asegurando que “uno de los obstáculos más complicados que vivimos en la reconstrucción son los plazos administrativos y la falta de personas para realizar toda la carga extra de trabajo que es reconstruir un municipio”, y considera que “recuperar los contratos de emergencia para esas obras sería un gran avance tanto en el trabajo administrativo como en la agilidad para contratar y ejecutar las obras”.

“Un laberinto desesperante”

En municipios como Alfafar, su alcalde Juan Ramón Adsuara expone que las dificultades burocráticas pueden alargar la reconstrucción durante años y lamenta que, pese a seguir en una situación de catástrofe, no se permita mantener las adjudicaciones extraordinarias. “Si seguimos en una situación de catástrofe, ¿por qué no podemos contratar por emergencia? No tiene sentido que, después de todo lo que hemos pasado, nos obliguen a usar los mismos procedimientos que en una situación normal”

“Todo eso nos mete en un laberinto desesperante”. Adsuara teme que, con este escenario, algunas obras se prolonguen cuatro o cinco años.

En Paiporta, una de las localidades más afectadas, la concejala de Reconstrucción, Marian Val, defiende que los proyectos destinados a aumentar la resiliencia climática o prevenir nuevos episodios extremos deberían tramitarse con carácter urgente. “Todos aquellos proyectos que mejoren la respuesta del pueblo ante una catástrofe parecida a la Dana deberían de contratarse por urgencia”, afirma, y añade: “todas las actuaciones que supongan adaptaciones al cambio climático y una mayor resiliencia deberían tener ese carácter urgente”.

Europa no permite volver al nivel de emergencia

La comisionada para la Reconstrucción del Gobierno de España, Zulima Pérez, recuerda que las contrataciones de emergencia pueden realizarse en cualquier momento si el órgano de contratación —habitualmente el pleno municipal— lo justifica adecuadamente. Señala además que los plazos de ejecución a través de Tragsa están siendo muy reducidos y que los ayuntamientos están informados de ello.

 En cuanto a la posibilidad de reinstaurar un nivel de emergencia que facilite nuevas adjudicaciones extraordinarias, insiste en que “declarar la emergencia generalizada ahora para todas las obras es algo que la normativa europea no nos permite”.

Hasta el momento en que cayó el nivel de emergencia, con los fondos del Gobierno, los consistorios disponían de dos vías para avanzar en la reconstrucción: delegar los trabajos en la empresa pública Tragsa, o llevar a cabo contrataciones de emergencia mediante adjudicaciones directas. Ahora, varios alcaldes afectados reclaman recuperar esta segunda opción, ante la gran carga administrativa y la falta de personal para gestionarla.

Hay dinero, pero no capacidad técnica

La reconstrucción solo tropieza con la burocracia habitual, sino que también se topa con una capacidad técnica municipal desbordada. De los 1.745 millones € que el Gobierno central transfirió para la reconstrucción, los ayuntamientos solo han licitado 41,5 millones, apenas el 2,38 % del total. 

Este desfase evidencia que no es solo una cuestión de financiación, sino de recursos humanos: muchos consistorios carecen de técnicos suficientes para tramitar proyectos de esta envergadura. La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana y el colegio COSITAL advierten de que la sobrecarga administrativa —expedientes, pliegos, memorias— está paralizando la ejecución, porque “tenemos dinero, pero no capacidad técnica”, según María Escamilla, presidenta de COSITAL Valencia.

Además, la complejidad normativa obliga a algunos municipios a externalizar tareas clave: redactar memorias, contratar ingenieros o arquitectos para los proyectos, lo que encarece y ralentiza todo el proceso.