VALÈNCIA. Hace más de un año, el Ayuntamiento de Alboraya, dirigido por el socialista Miguel Chavarría, dio luz verde al pago de más de 35 millones de euros en suelo a la promotora Neinor Homes. Una operación inmobiliaria que buscaba dar carpetazo por fin a la histórica deuda que el consistorio de l'Horta Nord mantenía con la compañía a raíz del fallido PAI de Port Saplaya. Sin embargo, todavía queda una pequeña parte del pasivo por satisfacer, cerca de 2,3 millones de euros.

La empresa urbanística municipal, Egusa, emprendió en 2008 junto a la promotora Quabit -hoy absorbida por Neinor- un desarrollo urbanístico en la llamada 'Venecia valenciana', Port Saplaya. Un proyecto que suponía la construcción de 900 viviendas, un hotel, una marina, un auditorio y cientos de amares. Con el horizonte temporal para su finalización fijado en 2014, la iniciativa surgida al calor de la burbuja inmobiliaria quedó sin ejecutar con la llegada de la crisis financiera. Se incumplieron los plazos pero, para entonces, la parte privada ya había aportado 23,4 millones de euros en concepto de beneficios futuros.

El gobierno municipal de aquel momento, dirigido por Manuel Álvaro (PP), a la sazón presidente de la empresa pública, ya no tenía el dinero, al haberlo dedicado al soterramiento de las vías del metro y a gasto corriente del día a día del ayuntamiento Por ello, Quabit demandó a la compañía pública para que le devolviera el dinero invertido acudió a los tribunales para conseguirlo. Los juzgados le dieron la razón en 2016, en una sentencia ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial, pero el retraso en el pago de la deuda hizo que, a la cuantía inicialmente reclamada se le hayan acumulado unos sustanciosos intereses.

Para ello, en 2019 el consistorio acordó con la firma entregarle terrenos públicos para liquidar la deuda, como adelantó en su momento este diario. El acuerdo suponía la dación de unos 70.000 metros cuadrados, de los cuales 10.000 pertenecían al Ayuntamiento, y el resto, a Egusa. Una operación para la que era necesaria la segregación del suelo consistorial, pero el proceso se embarró en los tribunales al judicializarlo una de las empresas comerciales ubicadas en Port Saplaya.

Finalmente en verano del año pasado la junta general de Egusa dio luz verde a la operación para dar carpetazo a la deuda reconocida de más de 35,2 millones de euros. Las cuentas de Neinor referentes al ejercicio 2024 reflejan precisamente que, en dicho año, "se ha materializado la entrega de una serie de fincas por parte del deudor (el Ayuntamiento) una vez realizada su segregación en contrapestación del importe adeudado, atendiendo a la tasación realizada por un experto independiente".

Con todo, los apuntes de las cuentas de Neinor explicitan que se clasificaron estos suelos a existencias por valor de 32,5 millones de euros, "quedando una cuenta a cobrar" por importe de más de 2,3 millones de euros. Una deuda todavía pendiente que, apunta la compañía, "se espera sea cancelada mediante entrega de terrenos durante el primer semestre del ejercicio 2025".

Aún así, fuentes del consistorio consultadas por este diario señalan que esto no se ha producido todavía. "Se está estudiando la forma de saldar la segunda parte de la deuda", explican a este respecto. En ese sentido, no está claro que vaya a ser con terrenos y el Ayuntamiento se plantea también la opción de liquidar el pasivo restante con dinero "mediante un plan de pagos". Pero recuerdan desde el consistorio que el municipio "tiene una deuda que arrastra muchos años".

De hecho, este es uno de los tres pasivos económicos que lastra al municipio desde hace más de tres lustros. Hasta ahora, el litigio con la promotora, primero Quabit y ahora Neinor, ha mantenido embargados los principales bienes urbanísticos municipales (edificios, terrenos, y cuentas) que en su día el Ayuntamiento cedió a la empresa municipal Egusa.