VALENCIA. La dificultad para acceder a una vivienda asequible sigue llevando a más ayuntamientos valencianos a explorar las herramientas previstas en la Ley Estatal de vivienda. Entre ellas, se encuentra la declaración de zona de mercado residencial tensionado, una figura que permite aplicar medidas específicas en aquellos municipios donde el precio de la vivienda o del alquiler ha experimentado un incremento especialmente acusado en los últimos años. 

Hasta ahora, tal y como ya contó Valencia Plaza, la mayoría de los consistorios que habían impulsado esta medida en la Comunitat Valenciana estaban gobernados por partidos de izquierda, con alcaldías del PSPV –teniendo en cuenta que las zonas tensionadas forman parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno de España–. 

Sin embargo, en los últimos meses algunos municipios dirigidos por el Partido Popular han comenzado a estudiar o impulsar esta posibilidad ante las dificultades detectadas en el acceso a la vivienda. Es el caso de Alginet, cuya alcaldesa 'popular', Elia Ferrer, confirmó a Valencia Plaza que desde el Ayuntamiento habían aprobado solicitar ser declarados zona de mercado residencial tensionado. 

Otro caso similar es el de Alfafar. En este municipio de l'Horta Sud, claramente influido por la tendencia al alza de los precios en el área metropolitana de Valencia, todavía no se ha decidido si se presentará o no. Aún así, el Partido Popular de esta localidad no la rechaza. El Ayuntamiento está actualmente trabajando en un estudio para analizar la situación del mercado residencial local y determinar si cumple los requisitos establecidos por la normativa estatal. 

Este estudio permitirá al consistorio disponer de una radiografía actualizada de la realidad habitacional del municipio y servirá de base para futuras decisiones en materia de vivienda. Entre las posibilidades que se analizarán se encuentra la eventual solicitud de declaración de zona de mercado residencial tensionado, una opción que dependerá de los resultados obtenidos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación estatal.

La Generalitat rechaza la medida

La situación resulta llamativa porque la Generalitat Valenciana, gobernada también por el Partido Popular, mantiene una posición crítica con esta herramienta y apuesta por incrementar la oferta de vivienda mediante el Plan Vive como principal vía para facilitar el acceso residencial. 

Desde la Conselleria de Vivienda sostienen que la declaración de zonas tensionadas no resuelve el problema de acceso a la vivienda y puede generar efectos no deseados sobre el mercado del alquiler. Entre ellos, señalan una posible reducción de la oferta disponible al optar algunos propietarios por retirar sus inmuebles del alquiler residencial tradicional para destinarlos a la venta, al alquiler turístico o a contratos temporales.

Por ahora, entre las localidades que ya han solicitado o impulsado formalmente la declaración de zona tensionada figuran Sagunto, Mislata, Sedaví, Paiporta, Alboraya, La Pobla de Farnals, Paterna, Burjassot, Gandia o Dénia. En la mayoría de los casos, los consistorios justifican la medida por el incremento sostenido del precio del alquiler y las crecientes dificultades de acceso para jóvenes y familias.