VALÈNCIA. Cada vez más municipios del área metropolitana de Valencia solicitan ser declarados zona de mercado residencial tensionado ante la crisis de la vivienda y el aumento del precio del alquiler en España. Localidades de l'Horta, el Camp de Morvedre y la Safor han aprobado mociones o iniciado trámites para reclamar la aplicación de las medidas contempladas en la Ley estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno de España.

La declaración de zona tensionada es una herramienta incluida en la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada por el Ejecutivo central. Según defiende el Ministerio de Vivienda, esta medida permitiría limitar o contener los precios del alquiler en aquellas localidades donde el acceso a la vivienda se ha vuelto especialmente difícil debido a la subida continuada de precios durante los últimos años.

Sin embargo, para aplicar estas medidas no basta con la aprobación municipal. Los ayuntamientos deben remitir la solicitud a la Generalitat Valenciana, administración competente en materia de vivienda y encargada de tramitar y aprobar, en su caso, la declaración de zona tensionada.

Hasta ahora, todos los municipios valencianos que han impulsado públicamente esta medida están gobernados por fuerzas de izquierda, principalmente PSPV-PSOE y Compromís. Al mismo tiempo, la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, mantiene su rechazo a aplicar este mecanismo al considerar que limita la oferta de vivienda y no contribuye a reducir los precios del alquiler. Desde la Conselleria de Vivienda consideran que la declaración de zonas tensionadas "está lejos de solucionar el problema de la vivienda" y sostienen que, en aquellos territorios donde se ha aplicado, ha provocado efectos adversos sobre el mercado del alquiler al reducir la oferta disponible y tensionar todavía más los precios.

Según explican fuentes del departamento que dirige Susana Camarero, una de las principales consecuencias de esta medida es la retirada de viviendas del mercado del alquiler de larga duración. La Conselleria sostiene que parte de los propietarios optan por sacar sus inmuebles del alquiler residencial tradicional y destinarlos a la venta, al alquiler turístico o a contratos temporales, reduciendo así el stock disponible para residencia habitual.

Otro de los aspectos que subraya la Generalitat es el impacto social de la medida. Según su análisis, la declaración de zonas tensionadas perjudica especialmente a los hogares con menor poder adquisitivo al limitar todavía más sus posibilidades de acceso a una vivienda asequible. Asimismo, alertan del denominado efecto desplazamiento hacia municipios limítrofes, donde muchas familias buscan alternativas ante la reducción de oferta en las zonas intervenidas.

Frente a ello, la política del Consell pasa, según defienden desde el departamento autonómico, por incrementar la oferta de vivienda asequible. En este marco sitúan el desarrollo del Plan Vive, que según la Generalitat cuenta ya con más de 4.800 viviendas activadas y ha permitido triplicar la promoción privada de Vivienda de Protección Pública (VPP). También destacan el refuerzo de ayudas al alquiler, el incremento del bono joven y las líneas de financiación impulsadas a través del Instituto Valenciano de Finanzas para facilitar el acceso a la compra de vivienda.

Pese a esta postura, varios municipios han seguido impulsando formalmente la solicitud, aunque todavía no han recibido respuesta por parte de la Generalitat. Según trasladan desde la propia Conselleria, entre los consistorios que han registrado o comunicado oficialmente esta petición figuran Dénia, Mislata, Sedaví, La Pobla de Farnals, Sagunto, Alboraia y Gandia.

El área metropolitana

En el caso de Sagunto, el consistorio volvió a reclamar esta declaración al considerar que el municipio atraviesa una fuerte presión residencial vinculada al crecimiento económico e industrial, especialmente tras la llegada de grandes inversiones como la gigafactoría de PowerCo. El alcalde, Darío Moreno, defendió que el mercado de la vivienda en la localidad muestra "síntomas de saturación" y que las herramientas municipales resultan insuficientes para contener el incremento del precio del alquiler.

En l'Horta Sud, Mislata, Sedaví y Alaquàs también forman parte del listado de municipios que han impulsado esta reclamación. Ambos llevan tiempo alertando de la elevada presión residencial en municipios muy conectados con Valencia y con una alta demanda de vivienda. Además, Paiporta también ha solicitado iniciar este procedimiento. En este caso, el ayuntamiento añade una problemática agravada por el contexto de reconstrucción posterior a la Dana y la presión adicional sobre el parque residencial disponible.

En l'Horta Nord, La Pobla de Farnals ha iniciado los trámites por el incremento sostenido del precio de la vivienda, especialmente acusado en las zonas próximas a la costa, así como por las dificultades de acceso detectadas entre jóvenes y familias del municipio. También lo han hecho Alboraia y Paterna, un municipio que, según sostienen desde el consistorio, lidera en la actualidad la demanda de alquiler en la Comunitat Valenciana y donde el fuerte crecimiento demográfico registrado en los últimos años ha incrementado la presión sobre el mercado residencial. A esta dinámica se ha sumado también Burjassot, donde la elevada presencia de población joven y universitaria ha tensionado, según el ayuntamiento, el mercado residencial local de forma notable.

Más allá del área metropolitana

Fuera del área metropolitana, Gandia también ha solicitado ya su declaración como zona tensionada. La petición se articuló mediante una moción impulsada por Compromís, que reclama exigir a la Generalitat la aplicación de esta figura al considerar que el encarecimiento de la vivienda dificulta cada vez más el acceso al alquiler para numerosas familias del municipio.

En Alicante, Dénia es otro de los municipios que ha solicitado formalmente la declaración como zona tensionada, alineándose con otros ayuntamientos que defienden la aplicación de las medidas previstas en la legislación estatal para contener el mercado del alquiler.

Problemas para ser zona tensionada

Sin embargo, no todos los municipios del área metropolitana cumplen los requisitos exigidos para acogerse a esta figura. Es el caso, por ejemplo, de Catarroja. Según los estudios realizados en el marco de la Agenda Urbana para la reconstrucción del municipio y el nuevo Plan Municipal de Vivienda, el consistorio concluye que la localidad no alcanza por ahora los baremos exigidos por la normativa estatal para ser considerada mercado residencial tensionado.

El municipio reconoce, no obstante, la existencia de determinadas bolsas de tensión residencial y una evolución al alza del alquiler tras la Dana. La riada afectó de forma severa al parque de vivienda local, especialmente en plantas bajas, sótanos e inmuebles situados en las zonas más antiguas del municipio, reduciendo temporalmente la oferta disponible y generando un desequilibrio entre oferta y demanda.

A ello se suma que Catarroja presenta un modelo urbano muy consolidado, con escasa capacidad de crecimiento y una baja tasa de vivienda vacía, lo que provoca que cualquier incremento de demanda tenga un impacto casi inmediato sobre el mercado del alquiler. Pese a ello, desde el consistorio insisten en que la situación todavía no permite encajar al municipio dentro de los criterios legales requeridos para solicitar formalmente la declaración de zona tensionada, aunque sí reconocen la existencia de áreas concretas con una mayor presión residencial.