TORRENT. El portavoz del PSPV-PSOE de Torrent y aspirante socialista a la Alcaldía en 2027, Andrés Campos, ha emplazado a la alcaldesa, Amparo Folgado, a mantener un debate abierto sobre la nueva tasa de basuras, uno de los asuntos que ha marcado la batalla política en la ciudad durante este verano.
Campos ha lanzado el reto a la primera edil después de que este mes de septiembre haya comenzado el cobro del nuevo tributo y ha anunciado que, si consigue gobernar tras las próximas elecciones municipales, derogará la actual tasa para estudiar una nueva ordenanza que, según defiende, establezca un reparto "más justo" entre los vecinos.
El socialista cuestiona especialmente el modelo aprobado por el Ayuntamiento y la recaudación prevista con el nuevo recibo. Según ha señalado, su intención es impulsar una ordenanza que no suponga ingresar alrededor de cinco millones de euros en las arcas municipales a costa de la nueva tasa de residuos.
La propuesta se suma así al enfrentamiento que PP y PSPV mantienen desde hace semanas alrededor del nuevo tributo. Como ya publicó Valencia Plaza, la Ley 7/2022 obliga a los ayuntamientos a disponer de una tasa específica y diferenciada para financiar el servicio de residuos. Sin embargo, son los consistorios los que, mediante sus respectivas ordenanzas, determinan el modelo utilizado para distribuir el coste entre los contribuyentes.
En el caso de Torrent, el Ayuntamiento ha optado por tomar como referencia el consumo anual de agua para establecer las cuotas de las viviendas. Así, los domicilios con un consumo de hasta 65 metros cúbicos deben abonar 47,19 euros anuales; aquellos situados entre 65,01 y 90 metros cúbicos pagan 147,29 euros; mientras que entre 90,01 y 195 metros cúbicos la cantidad asciende a 170,17 euros.
Precisamente estas cantidades han centrado buena parte de las críticas del PSPV durante las últimas semanas. Los socialistas han insistido en diferenciar entre la obligación estatal de implantar la tasa y el modelo concreto elegido por el gobierno municipal de PP y Vox para aplicarla en Torrent.
Frente a estas críticas, Folgado y el PP han defendido que la puesta en marcha del tributo deriva de una obligación establecida por la legislación estatal. La alcaldesa solicitó además una moratoria de tres años para que los municipios afectados por la Dana pudieran aplazar su implantación, una petición que trasladó al Gobierno de España y que también recibió el respaldo del pleno municipal.
Una rebaja del IBI
Campos ha añadido además otro compromiso en materia fiscal de cara a las elecciones municipales de 2027. El dirigente socialista ha avanzado que, en caso de alcanzar la Alcaldía, su propuesta pasará también por reducir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El anuncio llega después de que el actual gobierno municipal haya defendido precisamente las rebajas aplicadas en este impuesto como una de las medidas destinadas a amortiguar el impacto de la nueva tasa. Según la información municipal, el tipo general del IBI se ha reducido un 8,34% desde 2024.
Con este escenario, Campos propone ahora trasladar el enfrentamiento político a un debate público con Folgado para confrontar los dos modelos sobre la fiscalidad municipal y, especialmente, sobre una tasa de residuos que se ha convertido en uno de los principales focos de disputa política en Torrent a poco más de ocho meses de las elecciones municipales de 2027.
