VALÈNCIA. Casi dos décadas después de su aprobación, el Ayuntamiento de Bétera ha cerrado el conflicto urbanístico de la Unidad de Ejecución Lloma del Mas Redelimitada Restante, un desarrollo que nació al calor del boom inmobiliario de mediados de los 2000 y que ha terminado convirtiéndose en uno de los expedientes más enrevesados del municipio. 

La historia se remonta a 2006, cuando el consistorio aprobó el Programa de Actuación Integrada (PAI) para ordenar los terrenos de Lloma del Mas, un área de suelo urbano situada al norte de la localidad. La iniciativa partió de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Lloma del Mas, constituida por los propios propietarios para promover el desarrollo. 

Dos años más tarde, en 2008, la AIU cedió la gestión a la empresa Romymar S.A., que asumió todos los derechos y obligaciones del programa. Ese mismo año, el ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con la compañía, que depositó un aval bancario de más de un millón de euros, equivalente al 10% de las cargas de urbanización. 

Además, la empresa se comprometió a financiar 1,37 millones de euros correspondientes al canon del colector general del Camí de l’Eliana, una infraestructura clave para varias áreas urbanas de Bétera. Con los papeles en regla y los proyectos aprobados, el plan parecía listo para arrancar. Sin embargo, la crisis económica que estalló poco después cambió el rumbo de muchas actuaciones urbanísticas en la Comunitat Valenciana y Lloma del Mas fue una de las que quedó atrapadas en este parón.

Frenazo de los vecinos

En 2011, el PAI se topó con la realidad social y económica de la época. Decenas de propietarios, muchos de ellos familias de Bétera y municipios cercanos, pidieron la suspensión del proyecto. Aseguraban que no podían hacer frente a las cuotas de urbanización que les correspondían. En un escrito colectivo presentado al ayuntamiento, explicaban que "se trataba de un problema que afectaba a 56 familias, sin recursos ni posibilidad de endeudamiento para afrontar los pagos".

Entonces, el consistorio acordó suspender cautelarmente la tramitación del programa para estudiar su viabilidad. Aquella decisión supuso un alivio para los vecinos, pero también el inicio de una larga parálisis. La promotora Romymar recurrió la suspensión ante los tribunales, alegando perjuicios económicos. 

El proceso judicial se prolongó durante años. En 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia desestimó la demanda y, en 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló formalmente la suspensión. La empresa llevaba años inactiva y, desde julio de 2013, se encontraba en fase de liquidación.

Años de litigios y un expediente interminable

Con la promotora en quiebra, el Ayuntamiento de Bétera trató de recuperar la iniciativa. En 2014, levantó la suspensión y abrió un expediente para resolver la adjudicación a Romymar, pero el procedimiento quedó enredado en trámites y dictámenes jurídicos. No sería hasta 2021 cuando el pleno municipal decidió reiniciar el expediente desde cero, tras declarar caducado el anterior. 

Durante ese tiempo, en 2018, la mercantil Aglomerados Los Serranos S.L.U. presentó una solicitud para asumir el papel de agente urbanizador, argumentando que había adquirido los derechos de Romymar en el marco del concurso de acreedores. 

Sin embargo, el ayuntamiento rechazó la cesión al considerar que "defraudaba la pública concurrencia", es decir, que se había realizado al margen de cualquier procedimiento abierto o participación de los propietarios agrupados en la AIU Lloma del Mas. Los informes municipales son contundentes: la cesión se había tramitado como un "negocio privado entre empresas", sin control ni aprobación pública, y eso vulnera los principios de transparencia exigidos por la Ley Urbanística Valenciana.

2022, punto de inflexión

El 1 de agosto de 2022, el pleno de Bétera aprobó retirar a Romymar la condición de agente urbanizador, incautar el aval bancario de más de un millón de euros como consecuencia del incumplimiento y desestimar la cesión a Aglomerados Los Serranos. Además, el acuerdo incluía la liquidación del contrato y ofrecer a la AIU Lloma del Mas la posibilidad de retomar la gestión del PAI, en virtud del derecho preferente que la ley otorga a los propietarios.

Aquel acuerdo fue recurrido tanto por la administración concursal de Romymar como por Aglomerados Los Serranos, pero quedaron desestimados por la corporación municipal durante el pleno del pasado 7 de abril, que confirmó todos estos puntos. La resolución, publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es firme en vía administrativa.

Por su parte, el ayuntamiento argumenta que Romymar incurrió en inactividad total durante más de una década, incumplió los plazos fijados y se encontraba legalmente incapacitada para seguir como promotora al haber entrado en liquidación. Además, justifica la incautación del aval como una consecuencia directa del incumplimiento: una garantía para cubrir los daños derivados de la falta de ejecución. 

Un PAI sin agente y un futuro por decidir

La resolución deja ahora a la Unidad de Ejecución Lloma del Mas Redelimitada Restante sin agente urbanizador. Ninguna de las parcelas es edificable, ya que no se ha realizado una transformación urbanística. El ayuntamiento deberá decidir si reabre el programa con la AIU original o convoca una nueva licitación pública para adjudicarlo a otra empresa. 

En cualquier caso, el proyecto necesitará una revisión completa: han pasado casi veinte años desde su redacción y los costes, criterios técnicos y normativas han cambiado por completo. Aunque el expediente queda cerrado, el futuro de Lloma del Mas sigue pendiente de resolver. 

Bétera cierra así un largo capítulo que resume la historia reciente del urbanismo valenciano: la expansión del boom inmobiliario, el parón de la crisis, la inercia administrativa y, finalmente, la resolución de un caso que durante casi dos décadas había quedado en tierra de nadie.