VALÈNCIA. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha aprobado remitir al Tribunal de Cuentas un acuerdo de por el que la corporación solicita que se “depuren las responsabilidades que correspondan” al exsecretario del consistorio José Antonio Sancho Sempere. Sancho Sempere fue condenado en 2022 como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 y 74 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el derecho de su función de los artículos 439 y 74 del Código Penal. En total, la cantidad que se le reclama asciende a 151.735,52 euros.

Según explicó el alcalde de Canet, Pere Antoni, “desde un primer momento, el equipo de gobierno se ha preocupado de recuperar para las arcas municipales todo el dinero que fue utilizado de manera ilegal para el lucro personal de algunos. Ya logramos en su día un acuerdo para que los 32 millones que nos pedían por las irregularidades en la adjudicación de un colegio y rebajamos la factura a 2,2 millones. Ahora vamos a conseguir el dinero que desapareció en la llamada ‘trama de la Academia Valenciana de Juristas’. Mientras algunos se dedican a hacer ruido, nosotros defendemos los derechos de los caneteros y las caneteras con hechos y resultados”.

En julio de 2022, el Juzgado de lo Penal n.º 18 de València dictó la Sentencia 272/2022 , por la que se condenó a José Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 y 74 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el derecho de su función de los artículos 439 y 74 del Código Penal. La sentencia ya incluía la reserva expresa de acciones civiles o administrativas ante el Tribunal de Cuentas, o entidad similar, para hacer valer sus intereses.

Tal y cómo refleja la sentencia, en 2000, Sempere Sancho constituyó la Asociación Valenciana de Juristas como asociación sin ánimo de lucro. Sin embargo, el exsecretario del ayuntamiento de Canet aprovechó la institución para canalizar sus actividades privadas. Para ocultar sus intenciones y el carácter instrumental de la AVJ, puso al frente a tres profesionales a los que no utilizó para llevar a cabo su plan de enriquecerse a nivel personal, sin informarles de sus verdaderas intenciones.

Contratos amañados

En 2007, siendo alcaldesa Amparo Maño, consiguió que la AVJ asumiera algunos de los pleitos de la institución pública y se constituyó en el interlocutor entre la AVJ y la Corporación, decidiendo los pleitos que debían derivarse a dicha asociación profesional, fijando las minutas correspondientes y manteniendo como forma de contratación pública la sucesión de contratos menores por una cuantía que sobrepasaba el límite legalmente establecido. Así a lo largo de un lustro, en tre 2007 2011, facturó al consistorio canetero un total de 151.735,52 euros (23.316 euros en 2007; 37.421,60 euro, en 2008; 35.943,30 euros en 2009; 39.903,42 euros en 2010 y 15.151,20 euros en 2011).

En 2011, con la llegada de un nuevo alcalde (Leandro Benito), Sancho dio instrucciones para la convocatoria de un concurso público para la licitación del servicio de defensa y asistencia jurídica que, por decreto de la alcaldía (y mediante procedimiento negociado y sin publicidad), contaba con un presupuesto máximo de 60.000 euros (más 18%) de IVA. Para asegurarse la adjudicación del contrato de asistencia jurídica, limitando la concurrencia de otros profesionales, Jose Antonio Sancho decidió enviar las invitaciones a dos asociaciones gestionadas por él (la AVJ y la sociedad profesional José Antonio Sancho Sempere SLP), y un despacho de abogados ajeno al mismo. Solo concurrió la AVJ y ofreció 57.600 euros más el IVA y se hizo con el contrato. Desde mayo de 2011 hasta mayo de 2013, AVJ emitió las correspondientes facturas ajustando las minutas al precio del contrato firmado.