VALÈNCIA. La presión que ejercen las viviendas turísticas sobre el mercado residencial y el uso del suelo ha llevado a numerosos municipios del área metropolitana de València y a la propia capital a activar medidas de contención. En los últimos meses, muchos ayuntamientos han empezado a frenar nuevas altas y cambios de uso ante el aumento de solicitudes y, en paralelo, en l’Horta Sud se ha acelerado la prohibición de conceder licencias en planta baja por el riesgo de inundabilidad.

Quart de Poblet fue uno de los municipios pioneros. En verano de 2024, el pleno aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos una prohibición expresa de nuevas viviendas de uso turístico, un veto que blindó al municipio frente a la expansión de apartamentos, hostales y fórmulas similares mientras la norma siga vigente. También Burjassot fue de los primeros en reaccionar con suspensiones puntuales de licencias. No llegó al nivel de una moratoria general, pero sí marcó un primer aviso ante un incremento de proyectos que empezaba a tensionar su planeamiento urbano.

En la franja más próxima al litoral, municipios como Puçol y Alboraya —donde la presión estival es más elevada— han optado por reforzar el control administrativo mediante informes previos y limitaciones técnicas. Aunque todavía no han decretado una moratoria total, el debate está sobre la mesa: en áreas como la Patacona, la demanda para implantar viviendas turísticas sigue creciendo y el vecindario percibe ya los efectos de esa presión.

En València capital, el pulso entre el Ayuntamiento y este tipo de alojamientos es continuo. Tras años de saturación en Ciutat Vella, el consistorio que dirige María José Catalá ha ido ampliando las suspensiones de licencias a distintos barrios —Russafa, El Cabanyal y otros en proceso de estudio— conforme aumentaban los impactos sobre el mercado residencial. A las moratorias se suma la nueva normativa autonómica y un refuerzo de las inspecciones para contener la expansión del sector.

El punto de inflexión: la Dana

Si en l’Horta Nord el mapa es más heterogéneo, en l’Horta Sud la respuesta ha sido especialmente contundente a raíz de la Dana del 29 de octubre. La revisión del Patricova y los daños registrados en centenares de plantas bajas han acelerado un movimiento casi coordinado para suspender cambios de uso a residencial y turístico. La lógica es común: evitar que nuevos alojamientos se ubiquen en zonas vulnerables mientras se adapta el planeamiento a los criterios de riesgo hídrico.

Xirivella fue de los primeros en reaccionar. Al constatar que muchas viviendas en planta baja habían sufrido inundaciones, el gobierno local decidió suspender nuevas licencias para cambios de uso, alegando que permitir ocupaciones en áreas susceptibles de anegarse “incrementa el riesgo para las personas”. Sedaví siguió prácticamente la misma línea tras los graves daños registrados, paralizando temporalmente la implantación de nuevos usos residenciales y turísticos mientras redefine su modelo urbano.

En Alfafar, la suspensión se acotó a las zonas cuya vulnerabilidad quedó en evidencia tras la Dana, con el objetivo de ganar tiempo para revisar la ordenación urbanística. Albal también decidió detener las conversiones a vivienda y alojamiento turístico, y Paiporta completó el mapa con una moratoria de hasta dos años tras detectar un aumento “inusual” de solicitudes justo después del episodio de lluvias extremas.

En conjunto, l’Horta Sud se ha convertido en la comarca valenciana que con más claridad ha utilizado la vía urbanística para blindarse ante episodios meteorológicos que ya no pueden considerarse excepcionales. Aunque cada municipio ha aplicado su propia fórmula, el objetivo es compartido: impedir nuevos usos vulnerables en espacios de riesgo, actualizar el planeamiento y pactar un modelo urbano capaz de convivir con un escenario climático cada vez más exigente.