VALÈNCIA. En Moncada, la legislatura avanza a golpe de polémica. Cuando no es una factura de móvil de miles de euros, es un conflicto interno en el Ayuntamiento; cuando no, un altercado en plenas fiestas patronales que trasciende a televisiones nacionales o un episodio con recorrido judicial entre concejales. Una concatenación de controversias que ha ido marcando el ritmo político del mandato y desplazando la gestión a un segundo plano.

En este escenario, el equipo de gobierno no atraviesa su mejor momento en términos de imagen pública. Mientras, la oposición, fragmentada, no parece que logre capitalizar plenamente el desgaste del gobierno ni articular una alternativa sólida. A este contexto se suma, además, un elemento clave para el tramo final de la legislatura: el relevo en la Alcaldía pactado al inicio del mandato entre PSPV y Compromís. Según el acuerdo de gobierno, la alcaldesa socialista Amparo Orts deberá ceder el bastón de mando en los próximos meses al edil de Compromís, Álvaro Gonzalvo. Este cambio marcará el cierre del mandato.

El último movimiento ha sido la decisión de la alcaldesa de asumir directamente el área de Personas Mayores, retirando esas competencias a la concejala socialista Feliciana (Feli) Bondía. Oficialmente, el cambio responde a criterios de coordinación y eficacia administrativa, pero se produce después de que el Ayuntamiento abriera un expediente interno tras la denuncia de una trabajadora del área por presunto acoso laboral contra la edil.

5.000 euros de factura móvil

Este episodio se suma a un año especialmente complejo para Bondía, que estuvo en el centro de la polémica tras trascender una factura de más de 5.000 euros por el uso del teléfono móvil municipal durante un viaje personal a Andorra al no desactivar la itinerancia de datos. Los gastos fueron tan elevados que llegaron a concentrar cerca del 80 % del total de la factura de todas las líneas del Ayuntamiento en ese mes.

La concejala registró posteriormente su intención de asumir personalmente el pago si, tras el proceso de reclamación y arbitraje con la compañía telefónica, el importe acababa siendo de su responsabilidad. Con todo, el episodio alimentó las críticas de la oposición y reabrió el debate sobre el control del uso de los recursos municipales.

Dimisión en Compromís

La controversia por la factura de teléfono no fue un hecho aislado. Durante la legislatura también salió a la luz el gasto de casi 500 euros en roaming de una concejala de Compromís, Valentina Cortegoso, durante un viaje a Argentina. Un episodio menor en cuantía, pero significativo en términos de percepción pública. Cortegoso, que había ejercido como concejala de Medio Ambiente, Juventud, Bienestar Animal y Movilidad, acabó renunciando a su acta, una decisión que justificó oficialmente por "motivos de incompatibilidad laboral".

La dimisión se produjo en un contexto de creciente tensión interna en el grupo municipal de Compromís, especialmente tras el posicionamiento de Cortegoso en contra de la reprobación del concejal socialista Martín Pérez. De hecho, la edil solicitaba la dimisión de Pérez y no acudió al pleno extraordinario en el que se debatió la condena de su conducta durante las fiestas patronales, un episodio que marcó un punto de inflexión.

El "concejal ‘karateka’"

A estos asuntos se han sumado incidentes de mayor impacto político y mediático. Uno de los más notorios fue el altercado protagonizado por Martín Pérez, concejal de Fiestas y marido de la alcaldesa, durante un concierto, cuando se encaró con un grupo de jóvenes que coreaban insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las imágenes, en las que Pérez se lanzó desde el escenario dando una patada hacia los asistentes, tuvieron amplia difusión y resultaron especialmente incómodas para el PSOE. Diferentes fuentes cercanas le califican como el "concejal katareka" .

La oposición forzó un pleno extraordinario para reprobar al concejal por su actuación, pero la alcaldesa utilizó su voto de calidad para que continuara al frente de sus responsabilidades. Desde entonces, la oposición ha insistido en la idea de una falta de ejemplaridad y de respuesta política ante comportamientos controvertidos dentro del gobierno local.

Vox dispara al aire

Por si fuera poco, la legislatura quedará también marcada por un episodio que también tuvo una importante difusión. Una concejala de Vox llegó a disparar con las manos un tiro al aire durante una discusión a la concejala socialista Feli Bondía. Más allá de su recorrido judicial, el suceso supuso un punto de inflexión por su carga simbólica y política, al traspasar los límites del debate democrático y situar a Moncada en el foco mediático nacional por motivos ajenos a la gestión municipal.

Un PP dividido

En este contexto de desgaste del gobierno local, el PP de Moncada tampoco atraviesa un momento de plena cohesión interna. Las diferencias entre concejales siguen muy presentes en una formación que ya ha evidenciado su división en los últimos años, especialmente por el distanciamiento entre el exalcalde popular Juan José Medina y la actual estructura del partido en la localidad.

La portavoz municipal, Marga Benlloch, forma parte de la nueva gestora del PPCV, un movimiento que se interpreta como una muestra del respaldo orgánico del partido hacia su figura y su liderazgo local. Sin embargo, de cara a las próximas elecciones la situación se presenta compleja: la formación continúa fragmentada internamente y carece, a día de hoy, de un candidato claro y plenamente consensuado que permita capitalizar políticamente el desgaste del equipo de gobierno.