VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Alfafar ha advertido de que la decisión del Gobierno central de desactivar el procedimiento de emergencia tras la Dana del 29 de octubre de 2024 está  obligando a tramitar la reconstrucción con plazos administrativos ordinarios, una situación  que prolonga innecesariamente la emergencia y tiene un impacto directo y grave en la  salud mental de la población, especialmente en los barrios más afectados del municipio. 

Así lo ha señalado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara: “Lo que no es admisible es  que, después de una catástrofe, se obligue a reconstruir como si estuviéramos en una  situación de normalidad administrativa”. En este sentido, ha recalcado que los retrasos  actuales no son una decisión municipal, sino la consecuencia directa de un marco impuesto  por el Estado. 

El alcalde ha explicado que la recuperación de espacios públicos esenciales puede  demorarse hasta 24 meses porque el Ayuntamiento se ve obligado a cumplir con un  procedimiento ordinario que no responde a un escenario postcatástrofe: “Ocho meses para  elaborar un informe técnico que nos exige el propio Ministerio. Ocho meses para una  licitación en una plataforma de contratación pública estatal, abierta a toda España. Y ocho  meses más para ejecutar una obra compitiendo con el resto de proyectos del país. Ese es el  recorrido que se nos impone”, ha detallado. 

“Esto habría sido muy sencillo de evitar si el Gobierno Central hubiera mantenido activo el  procedimiento de emergencia, muchos de estos trámites se habrían acortado de forma  drástica. Pero esa herramienta se desactivó, y ahora las consecuencias las están pagando  nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado. 

Mientras estos plazos se alargan, barrios como Orba y Alfalares conviven con solares  vallados y espacios degradados donde antes había jardines, juegos infantiles y zonas de  encuentro para personas mayores, niños y familias. “Esta espera no es neutra. Mantiene  viva la sensación de emergencia y dificulta seriamente la recuperación social y emocional  de la ciudadanía”, ha explicado el alcalde. 

Esta denuncia institucional se ve respaldada por los datos de un Informe de Impacto  Psicológico llevado a cabo por los Servicios Sociales municipales, en colaboración con la  Universitat de València, que acredita una relación directa entre la lentitud en la reconstrucción, derivada del fin del procedimiento de emergencia, y el deterioro del  bienestar emocional de la población. 

Según el informe, el daño visible y prolongado en el espacio urbano actúa como un  recordatorio permanente del evento traumático, disparando los casos de ansiedad, estrés postraumático y sintomatología depresiva. Los datos reflejan un incremento superior al 600 % en la demanda de atención psicosocial en los meses posteriores a la Dana. 

Entre diciembre y junio se realizaron 932 atenciones psicológicas, con una evolución  claramente ascendente: 40 en diciembre, 43 en enero, 160 en febrero, hasta alcanzar el  punto más crítico en marzo con 288 intervenciones, seguido de abril con 248. El informe  establece una correlación directa entre este pico de crisis emocional y la ausencia de  avances visibles, causada por la imposibilidad de aplicar mecanismos de emergencia en la  reconstrucción. 

Desde un punto de vista técnico, el documento advierte de que la destrucción total de  espacios verdes en el Barrio Orba constituye un factor de riesgo psicosocial acumulativo.  El deterioro urbano funciona como un disparador constante del trauma, manteniendo  síntomas de hipervigilancia, ansiedad elevada, alteraciones del sueño y estrés sostenido. La  situación se agrava por la alta densidad de población, la ausencia de zonas verdes y la  concentración de colectivos vulnerables. 

El informe alerta además de que el estrés prolongado está generando conflictos en la  convivencia familiar, pérdida de funcionalidad ocupacional y una sensación persistente de  inseguridad, y concluye que las dificultades emocionales no disminuirán mientras el  entorno urbano continúe dañado y sometido a plazos administrativos ordinarios. 

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Alfafar reclama de forma expresa al Gobierno  Central y al Ministerio que permitan reactivar criterios de emergencia en la ejecución de  los fondos europeos y las ayudas a la reconstrucción. “No estamos cuestionando la legalidad de los procedimientos, estamos denunciando que alguien decidió volver a la  normalidad administrativa cuando la emergencia seguía ahí”, ha insistido. 

Como medida prioritaria de salud pública, el consistorio solicita acelerar de forma urgente  la reparación de parques y jardines. Con este objetivo, el informe ha sido trasladado a la  empresa pública Tragsa como evidencia del impacto real que están teniendo las decisiones  del Estado sobre la población. 

“La reconstrucción no es solo hormigón”, ha concluido el alcalde. “Es devolver espacios  de convivencia, normalidad y esperanza. Y muchas de las demoras que hoy sufrimos se  podrían haber evitado si no se hubiera desactivado el sistema de emergencia cuando  todavía era imprescindible”.