VALÈNCIA (EP). La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, Plaza número 19, continúa con la investigación abierta contra el exalcalde de la ciudad Joan Ribó por la supuesta construcción irregular de una piscina municipal en Alboraia y ha pedido nueva documentación.

Así se desprende de la providencia dictada recientemente por este órgano judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez reclama al Ayuntamiento de Alboraia un informe ex novo y ex professo de diversos expedientes.

En concreto, el magistrado requiere fechas y circunstancias de licitación de obras en una parcela del término de València, Polígono 24, Parcela 29; memoria y documentos urbanísticos; circunstancias de adjudicación y la identidad del contratista, así como la fecha y circunstancia de finalización y entrega de obras, entre otros aspectos.

El juez se interesa, sobre esta parcela, en el acceso principal al recinto; el pabellón polideportivo; el edificio de cafetería; el campo de fútbol; y aparcamiento en superficie. Respecto a otra pearcela, Polígono 24, Parcela 32, requiere acceso a piscinas; el edificio de la piscina municipal cubierta; y una pequeña parte de la rampa de entrada; y, por último, de una tercera parcela, la pequeña porción de aparcamiento en superficie.

En este procedimiento se investiga la supuesta construcción irregular de una piscina municipal en Alboraia. Ya han declarado el propio Ribó y otros investigados como el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría; la concejala de Urbanismo, Ana Bru, y el arquitecto del despacho encargado del proyecto. También testigos como el jefe de sección administrativa de Planeamiento o el secretario de Urbanismo.

En concreto, Ribó acudió a declarar el pasado 24 de diciembre y señaló que desconocía "absolutamente" la supuesta construcción irregular de la piscina. Indicó que el tema nunca se trató mientras él estuvo al frente de la Alcaldía.

La instalación, impulsada por el consistorio de l'Horta Nord, se llevó a cabo en una parcela del término municipal de València, cuyo Plan General califica el suelo como huerta protegida. Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término de Alboraia, por lo que la controversia gira en torno a qué normas urbanísticas rigen, si las de un municipio u otro.

La defensa de Ribó presentó antes de su declaración un escrito como antesala a su declaración para desmarcarse de las competencias durante los dos mandatos que estuvo al frente del gobierno local. Así, recordaba que entre 2015 y 2019 las competencias de gestión del patrimonio municipal correspondían a la edil de València en Comú María Oliver, y las de planificación urbana al concejal socialista Vicent Sarriá.

Y en el segundo mandato, hasta 2023, estas recayeron respectivamente en Isa Lozano (Compromís) y la socialista Sandra Gómez. De esta manera, el exalcalde señalaba ya que no tenía responsabilidad directa en la gestión de los límites del término municipal y tampoco en materia de urbanismo.