VALÈNCIA. Hace ya varios meses que el proyecto de un gran vertedero de residuos no peligrosos en Zarra dejó de ser una cuestión que solo concernía a un pequeño municipio del Valle de Ayora-Cofrentes. Desde que la iniciativa volvió a hacerse visible, el rechazo ha ido creciendo hasta implicar a buena parte de la comarca, alcanzar a localidades de la provincia vecina, Albacete, y llegar incluso a Les Corts. Pero mientras la contestación social gana peso, el expediente sigue su curso en la Generalitat.
El macrovertedero no está paralizado ni tampoco archivado. Su futuro continúa pendiente de una tramitación en la que todavía quedan por despejar algunas cuestiones relevantes. El proyecto, promovido por Treco Gestión de Residuos, necesita la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI), un permiso que debe conceder la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que la instalación pueda (o no) materializarse.
Sin embargo, para que la Conselleria pueda resolverla todavía faltan por superar varios trámites, ya que depende de dos informes especialmente relevantes: los que deben emitir la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Son pronunciamientos preceptivos y, según explican fuentes conocedoras del procedimiento a Valencia Plaza, el de la CHJ tiene además carácter vinculante.
El proyecto tampoco llega a este punto exactamente igual que antes del verano. En los últimos meses se han incorporado nuevos informes sobre los accesos al futuro macrovertedero, y tanto el Área de Carreteras de la Diputación de Valencia como el Servicio de Carreteras de la Generalitat han emitido pronunciamientos desfavorables. Al mismo tiempo, la promotora todavía tiene que completar documentación y responder a distintos requerimientos de la Administración.
Cabe recordar que la historia administrativa del macrovertedero no comenzó este año. El proyecto arrancó en 2017 y retomó su tramitación en 2022, cuando se concedió la exención de la Declaración de Interés Comunitario (DIC). Según explica la Plataforma Contra el Macrovertedero de Zarra, entidad constituida hace unos meses tras conocerse el avance del proyecto, aquella decisión permitió que el procedimiento continuara por una vía "con menor exposición pública".
La publicación del expediente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) se produjo finalmente entre febrero y marzo de este año. La plataforma asegura que no tuvo conocimiento del proyecto hasta junio, cuando comenzó a organizarse y a trasladar sus objeciones a la Generalitat. Desde entonces, el movimiento contrario a la instalación no ha dejado de crecer.
La plataforma asegura haber presentado alrededor de 90 páginas de alegaciones y sostiene que, a raíz de las cuestiones planteadas, la Administración ha solicitado nuevos informes sectoriales. La empresa, por su parte, no ha retirado el proyecto y continúa aportando documentación para responder a los requerimientos.
La CHJ y el IGME, las dos piezas que faltan
El siguiente movimiento importante del expediente pasa por los organismos que deben pronunciarse sobre el agua y las características del terreno. La Confederación Hidrográfica del Júcar todavía no ha emitido su informe definitivo y el Instituto Geológico y Minero tampoco ha cerrado su análisis sobre la idoneidad geológica del emplazamiento.
La plataforma ha intentado conocer el contenido y el sentido de estos pronunciamientos, pero asegura que no dispone todavía de información oficial. Incluso solicitó una reunión con el IGME para abordar el expediente, una petición que, según la entidad, fue rechazada.
- Un cartel dice "No al Macrovertedero de Zarra" en la fachada de una casa en Zarra.- Foto: EDUARDO MANZANA
En el caso del IGME, la plataforma sostiene que existe ya un primer análisis de la documentación en el que se recoge que una parte del terreno no dispone de la impermeabilidad natural requerida y que el proyecto plantea resolver esta cuestión mediante una barrera geológica artificial de arcilla y geotextil. El colectivo interpreta este planteamiento como un indicio de que el emplazamiento no reúne las condiciones adecuadas.
Sin embargo, el informe definitivo del IGME, todavía está pendiente, por lo que esa valoración no puede darse por cerrada. Por otra parte, el informe de la CHJ adquiere especial importancia por su carácter vinculante, según la información que maneja la plataforma. La entidad sostiene que un pronunciamiento desfavorable impediría la continuidad del proyecto, aunque la decisión final corresponde a la Administración dentro del conjunto del procedimiento.
Más "deberes" para el promotor
Los dos informes no son los únicos asuntos pendientes. El promotor todavía debe completar documentación relacionada con la integración paisajística, la evaluación ambiental y la participación ciudadana, además de atender los requerimientos que puedan surgir durante la tramitación.
A este escenario se han añadido los informes sobre las carreteras. Tras las alegaciones y las consultas realizadas durante la tramitación, tanto la Diputación como la Generalitat han emitido pronunciamientos desfavorables sobre las afecciones a los accesos. Es una de las principales novedades respecto al escenario que existía durante el verano y una nueva pieza que deberá ser valorada antes de resolver la autorización ambiental.
La protesta ya no es solo de Zarra
De este modo, la tramitación administrativa del proyecto avanza al mismo tiempo que se extiende la contestación social. El Ayuntamiento de Zarra ha expresado formalmente su oposición y, según la plataforma, los seis municipios del entorno se han alineado contra la instalación. Asimismo, el rechazo ha saltado a la provincia de Albacete, donde el Ayuntamiento de Alatoz aprobó en agosto una moción que respaldaron PP y PSOE para reclamar la paralización o retirada del proyecto ante el impacto que podría generar el transporte de residuos.
Durante el verano también se sucedieron las concentraciones en el Valle de Ayora-Cofrentes, con una participación que llegó a cifrarse en miles de personas, y la protesta ha incorporado el apoyo de celebridades como el actor de 'La Que Se Avecina', Pablo Chiapella, quien incluso movilizó a sus compañeros de reparto en la serie para este fin.
La plataforma también ha llevado su reivindicación a Les Corts, donde se ha reunido con los grupos parlamentarios para buscar apoyos a una Proposición No de Ley (PNL) que reclame el archivo definitivo del expediente. La iniciativa parlamentaria no resuelve por sí misma la tramitación administrativa, pero evidencia hasta qué punto el proyecto ha dejado de ser una cuestión exclusivamente municipal. Además, la plataforma prepara una manifestación en València para mediados de octubre.
Mientras tanto, la Generalitat mantiene la posición de que debe completar el procedimiento y analizar todos los informes antes de adoptar una decisión. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, reconoció que el proyecto no es de su agrado y defendió que la Administración será exigente con el cumplimiento de todos los requisitos, aunque también señaló que debe resolverse conforme al proceso establecido.
