VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Godella ha dado luz verde a la modificación puntual del Plan Parcial dels Hereus del Baró de Campolivar. Se trata de un ajuste urbanístico que viene impuesto por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que afecta a una parcela construida fuera de ordenación. El cambio, publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pone el punto final a un litigio que ha condicionado la planificación urbanística local durante más de dos décadas.

El Plan Parcial dels Hereus del Baró de Campolivar es el documento que regula el desarrollo de esta exclusiva zona residencial de Godella. Determina qué puede construirse, cómo deben distribuirse los accesos y qué usos están permitidos. Ahora, con la actualización aprobada de forma definitiva, el ayuntamiento evita un derribo costoso y da cobertura legal a un edificio cuya licencia, concedida hace más de veinte años, no se ajustaba a la normativa. 

El conflicto arrancó en 2001, cuando el consistorio autorizó la construcción de un "complejo residencial universitario", que en 2010 obtuvo la licencia de apertura. Sin embargo, apenas unos años después, dos propietarios colindantes -un particular y el colegio Gençana- impugnaron la edificación. El primero  cuestionaba la altura del inmueble y su proximidad a su parcela, mientras que el centro educativo alertaba sobre los accesos y su impacto en la seguridad de los alumnos.

Los tribunales dieron la razón a los denunciantes y, en 2017, ordenaron el derribo del edificio, lo que obligó a sus inquilinos a desalojarlo. Pero el proceso judicial se prolongó entre recursos y apelaciones, dejando el futuro del inmueble en el aire. Finalmente, tras un proceso de mediación, las partes llegaron a un acuerdo: la construcción se mantiene, pero el consistorio debe realizar cambios en el planeamiento urbanístico para ajustarlo a la ley. 

¿Qué cambia con la modificación?

El Ayuntamiento de Godella aprobó la modificación en el pleno ordinario de enero y ahora, con su publicación en el BOP, se hace oficial. Entre los cambios más relevantes, el uso urbanístico de la parcela se redefine: deja de ser una "residencia colectiva de propiedad privada pero de uso público" para convertirse en "vivienda plurifamiliar de propiedad privada y de venta libre". De este modo, se permite su explotación en el mercado de alquiler sin restricciones.

Además, se han introducido ajustes en los accesos y en la altura del inmueble para garantizar su integración en el entorno y evitar futuros conflictos. La "Parcel·la Singular" en la Zona Residencial Oberta Alta pasa a tener una altura máxima de cornisa de 12 metros (planta baja, a la que se suman dos alturas) y una edificabilidad de 3,35 metros cúbicos sobre la parcela neta.

Por otra parte, se han regulado las separaciones entre parcelas, así como se ha prohibido el uso turístico y hostalero para evitar una ocupación intensiva. Uno de los puntos más delicados era la movilidad en los alrededores del colegio Gençana. Para solucionarlo, el ayuntamiento ha rediseñado los accesos y ha implementado medidas de seguridad que minimicen el impacto del tráfico en la zona escolar.

También se han establecido nuevos criterios para los cerramientos y delimitaciones de parcelas, bajo el pretexto de "mejorar la convivencia vecinal". Con todo, el consistorio logra esquivar la demolición de un edificio conflictivo y, al mismo tiempo, ajustarlo a la legalidad. Se cierra así un capítulo urbanístico que ha marcado la planificación municipal durante las últimas dos décadas.