VALÈNCIA (EP). La Autoridad Portuaria de València (APV) ha comenzado a trabajar en un plan de adaptación al cambio climático de las instalaciones de València, Sagunt y Gandia, en el que se identifican los riesgos críticos de cada puerto y se establecen medidas de adaptación.

Las tareas de elaboración de este plan cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses, y se han adjudicado por 181.229,35 euros (IVA no incluido) a la empresa Ineco, según ha explicado la APV en un comunicado.

En concreto, se está trabajando para identificar los riesgos críticos de cada puerto; establecer medidas de adaptación concretas, priorizando las áreas clave como muelles, diques, terminales, accesos y operativa de las terminales; y hacerlo siempre bajo una labor de seguimiento y mejora continua.

Este trabajo se enmarca en el Plan Net Zero Emissions, con el que se quiere llegar a 2035 habiendo alcanzado la neutralidad de carbono en las instalaciones de Valenciaport.

El objetivo es crear puertos "eco-proactivos, y actualizar los riesgos que pueda haber frente a oleaje, lluvias intensas, olas de calor o variación del nivel del mar". Así, Valenciaport ya ha empezado a trabajar en la línea de los establecido por Puertos del Estado en su Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General, según el cual en 2030 todos los puertos de titularidad estatal deberán contar con esta adaptación.

El plan partirá de un análisis de la vulnerabilidad de los tres puertos, una evaluación del riesgo ante fenómenos meteorológicos extremos y una propuesta de medidas a adoptar para hacer frente a este tipo de situaciones. Estas medidas deberán reflejar todos los impactos posibles de episodios climáticos extremos y la capacidad de resistencia de las infraestructuras y servicios prestados en dichos enclaves.

Asimismo, deberán priorizar aquellas infraestructuras y servicios con mayor vulnerabilidad, y tendrán como base mínima las medidas de adaptación genéricas recogidas en las estrategias de adaptación elaboradas por la APV.

Las soluciones prioritarias propuestas deberán incluir un análisis de coste-beneficio que servirá para evaluar la viabilidad económica de las medidas de adaptación propuestas.