VALÈNCIA. La Diputación de Valencia ha vuelto a convertirse en un vodevil político de primer nivel. Lo que debía ser un trámite administrativo para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento que regula la estructura de la plantilla dentro de la corporación provincial, ha terminado en un debate estéril, marcado por la falta de consenso, la confusión jurídica y la incertidumbre entre los propios diputados sobre qué se iba a votar.

El conflicto ha estallado en el momento en que la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha increpado al secretario, el veterano funcionario Vicente Boquera, sobre la legalidad del informe. "¿Es legal o no es legal la propuesta?", ha insistido Mazzolari, antes de desatar una retahíla de intervenciones cruzadas entre los diputados de la corporación, recesos imprevistos y un secretario que intentaba, sin mucho éxito, aclarar la confusión generada por su incapacidad de responder sin rodeos al 'dedo acusador' de la diputada. 

La propuesta de modificación de la RPT, presentada por el diputado de Administración General, Ricardo Gabaldón, contemplaba el ajuste de 14 plazas en la Diputación, con el objetivo de reorganizar el personal de apoyo a los grupos políticos en función del resultado de las últimas elecciones y reestructurar áreas estratégicas como Carreteras, Turismo o Bienestar Social. 

Según ha explicado Gabaldón, la reestructuración también supondría "un ahorro de más de 100.000 euros para la corporación". Llegados a este punto, todo parecía indicar que la votación seguiría su curso sin mayores problemas... hasta que han comenzado a surgir las dudas. El secretario de la Diputación ha emitido un informe preceptivo en el que advierte que algunos de los cambios carecen de una motivación suficientemente detallada, lo que pone en entredicho la solidez jurídica de la propuesta.

No obstante, Boquera ha evitado pronunciarse de manera tajante sobre la legalidad del expediente y, en su lugar, se ha limitado a señalar que este era "francamente mejorable". Una respuesta que ha encendido las alarmas en el PSPV, cuyo portavoz y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha expresado su creciente inquietud: "Nos genera una incertidumbre total". Ante este panorama, Bielsa ha solicitado un receso urgente para analizar la situación, dejando en el aire la postura de su grupo en la votación. 

Cambio de guion

La pausa ha servido para que las posiciones se enrocasen aún más. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, molesto por el rumbo que había tomado el pleno, ha tratado de retomar el control: "Me estoy comenzando a cansar ya". Pero la pregunta clave seguía sin respuesta. Mazzolari ha insistido en que el secretario debía pronunciarse con claridad: "Sí o no, ¿es legal?". La respuesta de Boquera ha sido la misma: el informe señalaba deficiencias, pero la propuesta no era manifiestamente ilegal.

Con este diagnóstico tan ambiguo, los grupos políticos han decidido no asumir riesgos y han optado por aplazar su votación. De hecho, el PSPV, que inicialmente se disponía a apoyar la modificación, ha dado marcha atrás ante la falta de garantías legales.

"Lo razonable es dejarlo sobre la mesa", ha señalado Bielsa. Por su parte, la portavoz de Compromís en la corporación, Dolors Gimeno, no se ha mostrado tan conciliadora y ha afeado al equipo de gobierno de la Diputación una falta de transparencia: "Queremos seriedad y rigor en la elaboración de las modificaciones".

Finalmente, Compromís ha optado por la abstención. Desde Vox, el portavoz y concejal de Manises, Sergio Pastor, ha adoptado una postura más pragmática: "Si no es ilegal, votaremos a favor". Sin embargo, el diputado de Administración General, visiblemente molesto, ha cuestionado el porqué de las dudas legales ahora, cuando en el pasado no se había cuestionado la legalidad de modificaciones similares. 

"Chirría que ahora haya dudas cuando antes no las había", ha apuntado Gabaldón. Mazzolari, por su parte, ha insistido en que la secretaría general debía asumir una mayor responsabilidad en la claridad de los informes. "Esto no puede volver a pasar", ha sentenciado.

Un final sin votación

Ante el impasse, se ha optado por no someter la modificación a votación y posponerla hasta que los técnicos elaboren un informe más robusto que permita tomar una decisión informada y segura. Más allá del desenlace, la sesión ha puesto de manifiesto la falta de coordinación dentro del gobierno provincial, la improvisación en la gestión de asuntos clave y la ausencia de consenso entre los principales grupos. Ahora, la Diputación tendrá que volver a la casilla de salida, revisar la propuesta y redactar un nuevo informe que despeje todas las dudas.