VALÈNCIA. La concejala de Alzira, Mar Chordá, y la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, han reclamado este viernes la destitución inmediata del teniente de alcalde y portavoz de UCIN, Enrique Montalvá, después de que la justicia haya reabierto la investigación por la denuncia de acoso contra él y presentada por la edil.

Ambas han comparecido en rueda de prensa para exigir al alcalde, Alfons Domínguez, que lo aparte del gobierno municipal mientras se sustancia el procedimiento y han advertido de que no actuar supone una forma de "complicidad institucional". La reapertura de la causa se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Alzira haya admitido a trámite los recursos presentados por la Fiscalía y por la propia Chordá contra el archivo provisional acordado meses atrás.

La magistrada ha ordenado la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la ratificación y ampliación de la denuncia, así como la declaración del investigado y de varios testigos. El procedimiento se investiga en el marco del artículo 173 del Código Penal, que regula los delitos de acoso laboral y vejaciones, a la espera de lo que determine la investigación judicial.

"Anomalía democrática"

Durante la comparecencia, Chordá ha centrado su intervención en la respuesta política que, a su juicio, ha dado el Ayuntamiento de Alzira desde el primer momento. "Está en su mano decidir qué modelo de ciudad quiere representar. Puede seguir manteniendo en su gobierno a una persona investigada o puede tomar la decisión valiente y apartarlo de manera inmediata. No hacerlo le convierte en cómplice", ha afirmado la edil.

En esta línea, Chordá ha señalado lo que considera "una anomalía democrática": "El Ayuntamiento de Alzira protege al denunciado y le amplía las competencias mientras aparta y castiga a la víctima". La edil ha recordado que, antes de acudir a la vía judicial, intentó resolver la situación de forma interna. Según ha explicado, el 28 de noviembre de 2024 mantuvo una reunión con el alcalde y la primera teniente de alcalde, Gemma Alós, para informarles de los hechos que estaba sufriendo.

"Actué con responsabilidad institucional", ha apuntado Chordá, aunque ha asegurado que esa reunión fue "extremadamente breve" y que percibió una actitud "fría y sin empatía" por parte de los dos dirigentes, centrada en los intereses políticos del gobierno local. Al día siguiente, fue apartada del ejecutivo municipal y perdió todas sus competencias, una decisión de la que, según ha denunciado, se enteró por la prensa y que contó con el visto bueno de Montalvá.

Chordá ha insistido en que su salida del gobierno alzireño se justificó por su voto en una moción, pero ha defendido que ese argumento fue "una coartada" para apartarla y silenciarla. "En España los votos son personales y no existe una disciplina de voto obligatoria. La decisión estaba tomada de antemano", ha afirmado la edil. A su juicio, "por mantenerse aferrados al poder se ampara al denunciado y se mata políticamente a la víctima". 

Una cuestión de "voluntad política"

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha reiterado su apoyo a la concejala y ha subrayado que la reapertura de la causa demuestra que el procedimiento judicial "seguía en marcha" pese a que desde el Ayuntamiento de Alzira se hubiera trasladado lo contrario. "Mirar hacia otro lado cuando una mujer denuncia una situación de acoso no es una posición neutral, sino una forma de complicidad institucional", ha advertido. 

Enguix ha recordado que ya en enero de 2025 defendió en la Diputación una moción para instar al consistorio de Alzira a garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso que permitiera a Chordá ejercer sus funciones como cargo electo. Aquella iniciativa prosperó, aunque no contó con el apoyo de PSPV, Compromís ni Vox. "Lo que estamos pidiendo es una cuestión de voluntad política: apartar al concejal investigado y proteger a la víctima", ha insistido la diputada. 

Ambas han subrayado que la denuncia no responde a ninguna maniobra política ni pretende desestabilizar el gobierno local. Chordá ha reiterado que su intención "siempre fue facilitar la gobernabilidad" y ha vuelto a ofrecer su abstención para aquellas decisiones que sean positivas para el municipio si se adoptan medidas que eviten daños personales.

En la misma línea, Enguix ha concluido que "no queremos poner en peligro la estabilidad política, pero sí exigimos dignidad", y ha emplazado al alcalde de Alzira a asumir su responsabilidad y tomar una decisión inmediata tras la reapertura de la investigación.