VALÈNCIA. La Conselleria de Servicios Sociales ha revocado las competencias concedidas a ocho ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para ejecutar infraestructuras sociosanitarias del Pla Convivint. La resolución, que se ha publicado este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), afecta a proyectos financiados con fondos europeos que debían estar finalizados antes de 2025 y que, según el departamento autonómico, "no cumplirán los plazos establecidos". 

Fuentes de la Conselleria, consultadas por Valencia Plaza, explican que esta decisión responde al "elevado riesgo" de perder la financiación prevista para estas obras. En concreto, se trata de evitar que los consistorios continúen asumiendo proyectos que no podrán tramitar ni costear con recursos propios, lo que podría comprometer sus cuentas municipales y provocar un impacto económico de gran alcance. 

"Muchos de los proyectos aprobados en la pasada legislatura dependían de fondos europeos y, por tanto, estos requerían que las obras estuviesen terminadas antes de 2025. Al no haberse ejecutado en los tiempos previstos, el riesgo de perder la financiación es elevado", añaden estas mismas fuentes.

En esa línea, la retirada de competencias "busca evitar que los ayuntamientos asuman infraestructuras que luego no podrán completar ni pagar". Además, desde el departamento que dirige Susana Camarero insisten en que "no todos los municipios se quedan sin estas competencias, ya que cada uno llevaba unos plazos determinados". 

Ocho ayuntamientos se quedan sin competencias

En cualquier caso y, según la resolución publicada este martes, los ayuntamientos que se quedan sin delegación de competencias para ejecutar obras dentro del Pla Convivint son ocho. Altea, Xixona, Castalla y Dénia -en la provincia de Alicante-, Potries,  Faura, Sinarcas y Sueca -en Valencia- no podrán gestionar la construcción de infraestructuras sociales como centros de día para personas mayores dependientes, con discapacidad o atención social comunitaria.

En el caso de Potries, la Generalitat revoca la delegación otorgada para la construcción de una residencia y un centro de día para personas mayores dependientes. El alcalde, Sergi Vidal, matiza que la justificación de la Conselleria para revocar la delegación de competencias no se ajusta a su proyecto porque "no todas las obras del Pla Convivint se financian con fondos europeos".

En ese sentido, Vidal afirma que "los 17 millones de euros de la residencia de Potries no se pagaban con fondos europeos, sino de la Generalitat Valenciana". El Ayuntamiento de Potries tiene revocadas las competencias desde principios de 2025 y tiene abiertos dos contenciosos administrativos contra la Conselleria de Servicios Sociales, al considerar que la retirada de competencias "se ha producido sin un motivo sólido".

Vidal añade que la Conselleria "no comparte el modelo de gestión pública" de la residencia, que planteaba el consistorio y, en su lugar, apuesta por "un modelo público-privado". A su juicio, esa es la razón por la que se han retirado las competencias a Potries, ya que la infraestructura estaba planificada como un servicio 100% público. 

Una situación similar se vive en Altea, donde se preveía un centro de día para personas mayores dependientes, destinado a reforzar la atención de proximidad. También en Xixona la revocación deja en suspenso la reforma integral de un edificio municipal para transformarlo en centro de día.

En Castalla, la decisión de la Conselleria frena la construcción de un centro de día para personas con discapacidad que contaba con una amplia demanda social. Por su parte, Faura pierde la delegación para edificar un centro de día para mayores, mientras que en Sinarcas se paraliza la construcción de una residencia para personas mayores dependientes, un proyecto valorado en más de 13 millones de euros.

En Sueca, la revocación de competencias impide continuar con la rehabilitación del antiguo almacén de la estación para destinarlo a Punto de Encuentro Familiar, un recurso social muy vinculado a la protección de menores en situaciones de conflicto familiar.

Por último, Dénia se queda sin competencias para levantar su segunda residencia, un proyecto dotado con más de 9 millones de euros y destinado a cubrir la creciente demanda de plazas públicas en la comarca de la Marina Alta.

¿Qué supone esta decisión para los municipios?

El Pla Convivint, aprobado por el anterior Gobierno del Botànic, es un proyecto autonómico que contemplaba la construcción de infraestructuras sociales entre los años 2021 y 2025. El plan tiene una inversión total de 561 millones de euros con la que se pretendía realizar 247 actuaciones y, así, crear 6.600 plazas públicas y generar 3.500 empleos directos.

Sin embargo, la retirada de competencias supone una parálisis de varias de esas obras y la posibilidad de perder gran parte de los fondos europeos asignados. Por ello, algunos municipios afectados ya han anunciado que emprenderán medidas legales contra la Conselleria de Servicios Sociales.

De hecho, en marzo, el Ayuntamiento de Sinarcas aseguró a Valencia Plaza que llevará el caso a los tribunales. Su alcaldesa, María José Clemente, insistió en que el consistorio "cumplió todos los requisitos" e, incluso, invirtió 120.000 euros en adquirir el terreno donde se construiría la residencia. 

En Dénia, el gobierno municipal de PSPV y Compromís denunció en mayo la retirada de competencias "después de meses de demoras" y acusó al Consell de "bloquear" el trámite administrativo necesario para autorizar la obra de su segunda residencia, que estaba planteada en dos fases para ajustarse al calendario europeo.

El Ayuntamiento de Xixona también estudia acciones judiciales contra la Conselleria. En febrero, la concejala de Bienestar Social, María Teresa Carbonell, criticó que la revocación llegó "a un año y medio del vencimiento del convenio", que fijaba la validez del proyecto hasta finales de 2025 y contemplaba la posibilidad de solicitar una prórroga si fuera necesario.

El malestar generado en las administraciones locales por esta decisión se traslada al plano social. La plataforma Som Marina Alta ha convocado este viernes una manifestación en Gata de Gorgos para denunciar la paralización del centro de día del municipio, así como la residencia de Dénia, y reclamar la apertura de las infraestructuras sociales prometidas por la Conselleria.