VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Sinarcas llevará a los tribunales a la Generalitat Valenciana por la retirada de la delegación de competencias para la construcción de una residencia de mayores en el municipio. El edificio se enmarcaba en el 'Pla Convivint', un programa de infraestructuras sociosanitarias impulsado por el Gobierno del Botànic y que contaba con una inversión de más de 13 millones de euros para esta obra. Sin embargo, la actual Conselleria de Servicios Sociales ha decidido paralizarla al considerar que no se podrá ejecutar dentro de los plazos exigidos para recibir la finaciación europea.
La alcaldesa de Sinarcas, Maria José Clemente, denuncia a Valencia Plaza que la decisión es "arbitraria" y deja al municipio sin la infraestructura que llevaba tramitando desde 2021. Clemente recuerda que el Ayuntamiento había cumplido con todos los requisitos administrativos y que invirtió 120.000 euros en la compra de un terreno de 10.000 metros cuadrados para esta residencia. "Se nos incluyó en el 'Pla Convivint' porque reuníamos todos los criterios y ahora nos dejan fuera sin justificación. No podemos aceptar sin más esta decisión", señala la alcaldesa.
El Ayuntamiento de Sinarcas asumió la gestión de la residencia con la previsión de que los fondos comprometidos llegarían a tiempo. Sin embargo, la respuesta de la Conselleria se ha demorado hasta hacer inviable la ejecución de la residencia dentro de las fechas estipuladas. Asimismo, la alcaldesa destaca que el paso de la Dana por Sinarcas también ha afectado al desarrollo del proyecto, por lo que considera que se debería haber contemplado una flexibilización de los plazos de desarrollo de la obra.
Por su parte, fuentes del departamento que dirige Susana Camarero, consultadas por este diario, argumentan que muchos de los proyectos aprobados en la anterior legislatura dependían de fondos europeos y, por tanto, estos requerían que las obras estuviesen terminadas antes de 2025. Al no haberse ejecutado en los tiempos previstos, "el riesgo de perder la financiación es elevado". En ese sentido, la Conselleria de Servicios Sociales defiende que la retirada de la delegación de competencias busca evitar que los ayuntamientos asuman infraestructuras que luego no podrán completar ni pagar, lo que generaría un problema financiero para los municipios.
En el caso de la residencia de Sinarcas, estas mismas fuentes añaden que el Ayuntamiento estaba solicitando una ampliación de la delegación de competencias "cuando ya estaba incumpliendo su propio cronograma". Según explican, el consistorio argumenta que los retrasos se debieron a una insuficiente dotación presupuestaria tras un reajuste de anualidades, pero desde la Conselleria aseguran que la delegación de competencias era suficiente para generar los créditos necesarios en el presupuesto de la administración que asumiera el proyecto.
Por otra parte, cuestionan el coste de la residencia, ya que señalan que "13 millones de euros para un centro de 58 plazas es excesivo", comparado con proyectos similares donde, por menos de la mitad, se han planificado residencias para 120 usuarios. Además, critican que el gobierno del Botànic aceptó múltiples proyectos sin garantizar su financiación y dejó una ejecución "inferior al 6% y un déficit de 25.000 plazas residenciales". Por ello, aseguran que el actual gobierno autonómico busca priorizar los proyectos que sean viables dentro del plazo y promover un modelo de colaboración público-privada para garantizar una cobertura adecuada de plazas para mayores.
Un 'pulso' entre administraciones
El proyecto ya había pasado todas las fases previas a su licitación, desde la compra del terreno hasta la demolición de una antigua fábrica que se encontraba en la parcela. La alcaldesa de Sinarcas insiste en que los retrasos no han sido responsabilidad del Ayuntamiento, sino de la propia Conselleria. Cabe recordar que, el pasado mes de enero, la Secretaria Autonómica de Infraestructuras Sociosanitarias comunicó oficialmente la retirada de la delegación de competencias bajo el pretexto de que el coste de más de 13 millones de euros era "demasiado elevado" y que no habría tiempo para ejecutar la obra dentro del plazo previsto.
Clemente rechaza este argumento y asegura que el presupuesto no fue fijado por el Ayuntamiento, sino que responde a "precios de mercado". Por ese motivo, el consistorio ha recurrido a la vía judicial. El objetivo, según la alcaldesa, es que un juez determine si la Generalitat ha actuado conforme a derecho o si, por el contrario, la cancelación del proyecto vulnera los compromisos adquiridos con el municipio.
- Imagen de archivo de la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. - Foto: GVA
La alcaldesa admite que el proceso será complejo, pero considera que no pueden quedarse de brazos cruzados. "Si el juez nos dice que tenemos razón, lo acataremos, pero no podemos permitir que nos quiten un proyecto esencial para Sinarcas sin luchar por él", afirma. Lo cierto es que la residencia se planteaba como un elemento clave para combatir el despoblamiento y mejorar los servicios sociosanitarios en la zona, que cuenta con una elevada demanda de plazas para mayores.
Ahora, el Ayuntamiento confía en que la vía judicial le permita recuperar el proyecto y evitar que la inversión realizada hasta el momento quede en nada. Por su parte, la Conselleria de Servicios Sociales insiste en que la decisión responde a una cuestión técnica y busca evitar que los municipios se queden con infraestructuras inacabadas y sin financiación. De cualquier forma, el caso ya está en manos de los abogados del consistorio, que esperan una resolución favorable. Mientras tanto, la alcaldesa mantiene su postura: agotará todas las vías posibles para que Sinarcas no pierda su residencia.
