VALÈNCIA. Durante meses, la oposición de Torrent —PSPV y Compromís— ha presumido de la viabilidad de una moción de censura contra la alcaldesa popular, Amparo Folgado, apoyándose en la posibilidad de sumar el voto del concejal no adscrito y ex de Vox, Guillermo Alonso del Real. Sin embargo, fue una operación que nunca llegó a materializarse y terminó encallando. En primer lugar, por la falta de respaldo claro de la dirección del PSPV y, después, por las dificultades de una negociación condicionada por recelos y líneas rojas entre las partes implicadas.

Con la vía de la moción de censura prácticamente descartada, PSPV y Compromís se ven ahora obligados a redefinir su papel en la oposición tras haber alimentado durante meses la expectativa de un cambio inminente en la alcaldía. El frenazo a una operación que daban por viable no solo dejó al entorno de Folgado más tranquilo, sino que también proyectó una imagen de falta de coordinación y de estrategia clara en la oposición, que busca ahora nuevas fórmulas para recuperar iniciativa política.

En ese intento de reubicarse, los últimos movimientos han girado en torno a la moción de reprobación planteada contra la alcaldesa y a la decisión de Folgado de no incluirla en el orden del día del pleno de este jueves, un gesto que ha tensado aún más la relación entre gobierno y oposición y ha llevado a socialistas y valencianistas a estudiar medidas de presión como el abandono de la sesión plenaria. Una iniciativa que, más allá del choque político, abre el debate sobre el alcance real de estas estrategias y sobre las alternativas que maneja la oposición para ejercer un control efectivo sobre el gobierno PP-Vox.

Cuestión de confianza

En la última legislatura, PSPV y Compromís tratan de forzar un debate político sobre la estabilidad del ejecutivo y, en particular, sobre la falta de presupuestos municipales. Por ello, en el último pleno, celebrado este jueves, pretendían someter a Folgado a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos. Esa iniciativa buscaba llevar el asunto al pleno y exhibir la minoría parlamentaria del gobierno local. Sin embargo, la moción no llegó a debatirse. El ejecutivo de PP y Vox la dejó fuera del orden del día, basándose en un informe de la secretaría municipal y que indicaba que la propuesta "invadía competencias de la alcaldesa", por lo que, en caso de querer formularse, debía canalizarse como ruego o pregunta. 

El veto a incluir la moción en el orden del día alteró el tono de la sesión desde el inicio. PSPV y Compromís respondieron cuestionando tanto el criterio jurídico como la oportunidad política del gobierno. El portavoz socialista, Andrés Campos, sostuvo que el reglamento obliga a incluir las mociones presentadas en tiempo y forma y que la acción de "instar" no implica sustituir a la alcaldesa, sino ejercer control político. 

Campos calificó lo ocurrido como una "aberración democrática" que vulnera "un derecho fundamental de representación" y anunció la intención de su grupo de abandonar el pleno: "Hoy nos vamos a levantar por responsabilidad, porque el silencio ante una injusticia de este tamaño es complicidad". Compromís secundó este argumento. Su portavoz, Xavier Martí, advirtió que se estaba privando a la oposición del derecho a presentar propuestas sobre el presupuesto municipal y adujo que, si no se aclaraban sus prerrogativas, también abandonarían el pleno.

Dicho y hecho. Tras estas intervenciones, los doce concejales de la oposición abandonaron la sala entre protestas y precedidos por la intervención del secretario municipal, quien tomó la palabra para reafirmarse en su informe y admitir que se había quedado "flipado" ante la reacción de los ediles de izquierdas. Folgado lamentó su marcha y defendió que respetar el informe técnico es respetar "la democracia y la ley". La alcaldesa recordó que las prórrogas presupuestarias no son algo nuevo en Torrent y apeló al diálogo institucional. 

Lo ocurrido apunta a una conclusión evidente: el conflicto en Torrent no gira únicamente en torno a la ideología, sino también al procedimiento y a los números. Mientras el gobierno siga en minoría y sin presupuestos, la tensión entre ejecutivo y oposición continuará trasladándose al salón de plenos y condicionará el curso político del municipio.