VALÈNCIA. Como el resto de municipios españoles de más de 5.000 habitantes, Picanya aplicará este año la tasa de basuras, tras la entrada en vigor de la Ley estatal de residuos aprobada en 2022. La medida obliga a los ayuntamientos a repercutir en vecinos y empresas el coste real de la recogida y el tratamiento de los residuos, en línea con la normativa europea. En este municipio de l'Horta Sud, el nuevo tributo se ha traducido en recibos anuales de entre 36 y 228 euros para las viviendas.

La ordenanza fue aprobada inicialmente en un pleno extraordinario celebrado el pasado mes de diciembre. El texto salió adelante con los votos a favor del PSPV, que gobierna con mayoría absoluta, la abstención del Partido Popular (PP) y Vox y el voto en contra de Compromís. Durante aquella sesión, la formación valencianista ya advirtió que presentaría alegaciones al considerar que el modelo no tenía en cuenta ni el comportamiento ambiental de los hogares ni la situación económica de muchas familias.

Y así ha sido. Durante el periodo de exposición pública, el grupo municipal ha presentado nueve alegaciones contra el planteamiento de la tasa de basuras en Picanya. En el documento, Compromís sostiene que el gravamen, tal y como está diseñado, no aplica de manera efectiva el principio de "quien contamina paga", uno de los ejes de la legislación europea en materia de residuos. De hecho, la coalición reprocha al Ayuntamiento que el modelo aprobado no distingue entre quienes reciclan y quienes no lo hacen. 

Según expone el grupo municipal, la ordenanza se limita a repartir el coste del servicio en función del valor catastral de las viviendas, sin introducir elementos que penalicen la generación de residuos ni incentiven una correcta separación. A su juicio, esto provoca que hogares con comportamientos ambientales muy distintos acaben pagando importes similares, lo que "desincentiva el reciclaje" y no contribuye a reducir la cantidad de residuos que se envían para su tratamiento.

Asimismo, las alegaciones reclaman la incorporación de bonificaciones ambientales. Entre las medidas que plantea Compromís figuran descuentos para las personas que utilicen de forma habitual el ecoparque, practiquen compostaje doméstico o participen de manera activa en sistemas de recogida colectiva. La formación defiende que este tipo de incentivos permitiría avanzar hacia los objetivos europeos de reducción y reciclaje, al tiempo que se reconoce el esfuerzo de quienes hacen un uso más responsable del servicio.

Bonificaciones a colectivos vulnerables 

Por otro lado, Compromís pone el foco en la dimensión social de la tasa. El grupo municipal denuncia que la ordenanza no contempla bonificaciones para familias con rentas bajas, personas mayores, hogares monoparentales u otros colectivos vulnerables. En este punto, la formación valencianista incide en el contexto económico del municipio tras la Dana del 29 de octubre de 2024, que causó graves daños materiales y cuyas consecuencias, sostienen, "todavía se dejan notar en la economía de muchos hogares".

Desde la formación consideran que aplicar la tasa sin tener en cuenta esta situación supone "una carga añadida" para parte del vecindario y reclaman que el Ayuntamiento de Picanya introduzca mecanismos que permitan ajustar el importe a la capacidad económica real de los hogares. También cuestionan que el valor catastral sea un indicador suficiente para medir esa capacidad o la contribución efectiva de cada vivienda a la generación de residuos.

Del mismo modo, la ordenanza regula la tasa de basuras para los negocios, con importes diferenciados según la actividad. El pequeño comercio pagará en torno a 642 euros anuales, mientras que bares y restaurantes superarán los 1.280 euros. Las actividades consideradas "grandes productoras de residuos" afrontarán cuotas superiores a los 5.000 euros.

Compromís advierte de que estas cantidades pueden tener un impacto relevante sobre el tejido económico local, sobre todo, en un contexto de recuperación tras la riada. Pese a todo, el grupo municipal insiste en que no cuestiona la obligatoriedad legal de la tasa, pero sí el modelo escogido para aplicarla en Picanya. Tras haber presentado las alegaciones pertinentes, el Ayuntamiento deberá estudiarlas antes de elevar el texto definitivo al pleno para su aprobación final.