VALÈNCIA. Mientras otros municipios valencianos han ido superando fases -con mayor o menor rapidez- para implantar sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), Paterna continúa sin haber iniciado este proceso, obligatorio para ciudades con más de 50.000 habitantes. Así lo recoge la Sindicatura de Comptes en un informe que publicó la semana pasada y que analiza el grado real de cumplimiento de esta medida a fecha del 31 de marzo de 2025. 

Entre los 15 municipios de la Comunitat Valenciana que el órgano fiscalizador señala en su estudio, Paterna es uno de los dos únicos ayuntamientos -junto al de Orihuela- que no han presentado ningún trámite formal para establecer la ZBE, a pesar de que la normativa estatal exigía tenerla en funcionamiento antes del próximo 31 de diciembre, plazo fijado por la Ley de Cambio Climático.   

Con todo, la Sindicatura define la situación de este municipio de l'Horta Nord como un "bloqueo total". Según el informe, la única documentación que existe en Paterna es un estudio previo entregado el 22 de diciembre de 2024. Pero, más allá de ese borrador, no consta que el ayuntamiento haya impulsado ningún proceso administrativo para implantar la ZBE. 

Por tanto, no hay licitación, ni redacción, ni adjudicación de un proyecto técnico, como tampoco existe un borrador de la ordenaza que delimite el área restringida o establezca sus normas de funcionamiento.

El informe también subraya que el municipio carece de los diagnósticos que se consideran necesarios para avanzar en su tramitación. Tampoco existe un análisis del impacto de la movilidad en la contaminación de la localidad, ni un acuerdo político orientado a la creación de una ZBE.

La peatonalización de la calle Mayor como "punto de partida"

Consultado por Valencia Plaza sobre las conclusiones de la Sindicatura y sin presentar alegaciones al informe, el Ayuntamiento de Paterna sostiene que sí se han dado pasos vinculados a la futura ZBE. En concreto, fuentes municipales señalan que "la peatonalización de la calle Mayor es el punto de partida" para su implantación. 

Una actuación que, según recuerdan, se enmarca en un proyecto de transformación del centro urbano de Paterna que comenzó en 2020, con pruebas previas durante la pandemia por Covid-19, y que se consolidó con la entrada en vigor de la restricción del tráfico a esta zona el 1 de agosto de 2024.

Por otro lado, el consistorio defiende que se está transformando la circulación urbana y reduciendo emisiones en línea de acuerdo a las directrices europeas. En ese sentido, citan como ejemplos la aprobación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS); la puesta en marcha del servicio de autobús municipal con flota 100% eléctrica; la creación de aparcamientos disuasorios o la renovación de los vehículos municipales.

No obstante, la Sindicatura no considera que todas estas medidas sean equiparables al cumplimiento de la normativa. El informe recuerda que una ZBE requiere de una ordenanza aprobada por el Pleno municipal, un perímétro definido, un estudio que lo justifique y un conjunto de normas y restricciones. 

Ninguno de estos elementos existe en Paterna. De hecho, el órgano fiscalizador insiste en que la creación de zonas peatonales es una medida complementaria, pero no sustituye la tramitación de la ZBE ni acredita su existencia. 

"Sagredo no quiere asumir el coste político"

Desde la oposición, Compromís denuncia que la falta de avances no es fruto de dificultades técnicas, sino de "una decisión política" del alcalde, Juan Antonio Sagredo. El concejal de la coalición, Carles Martí, recuerda que su grupo advirtió desde el inicio que la peatonalización de la calle Mayor "no era suficiente para crear una ZBE", y lamenta que el gobierno municipal "haya utilizado la medida como excusa".

Martí sostiene que "la excusa de Sagredo de decir que el cierre de la calle Mayor era una ZBE es simplemente una mentira para tapar su inacción", y añade que "no hay ningún proyecto serio ante el Ministerio de Transición Ecológica ni ningún paso real para cumplir el plazo del 31 de diciembre".

Según Compromís, el motivo es "el cálculo político", al considerar que el alcalde evitaría implantar restricciones al tráfico para no perder votantes de cara a las elecciones de 2027, lo que para el grupo supone un "incumplimiento deliberado" de la ley. 

"Con esta actitud, el alcalde consigue justo lo contrario de lo que haría falta: convertir una medida necesaria contra el cambio climático en un foco de rechazo porque se percibe como algo improvisado y tardío", añaden. Por ello, el grupo reclama al gobierno municipal del PSPV que inicie "de inmediato" la tramitación formal de la ZBE.