VALÈNCIA. Quince municipios de la Comunitat Valenciana tenían la obligación de poner en marcha una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023. Dos años después, ninguno lo ha hecho. Así lo asegura un informe de la Sindicatura de Comptes, publicado este miércoles y que analiza el grado real de cumplimiento a 31 de marzo de 2025.

El documento advierte de un "retraso generalizado" en toda la autonomía. Para entender la magnitud del problema, conviene recordar qué es exactamente una ZBE. Se trata de un área delimitada dentro del municipio donde se restringe el acceso de los vehículos más contaminantes, con el objetivo de mejorar la calidad del aire que respiran sus vecinos y reducir las emisiones asociadas al tráfico. 

La Ley de Cambio Climático establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben implantarlas. En la Comunitat son quince; entre ellos, València, Gandia, Torrent, Paterna y Sagunto en la provincia de Valencia. El informe señala que solo cuatro ayuntamientos han aprobado su ordenanza y su proyecto técnico. Mientras tanto, otros cuatro han redactado el plan y el resto continúa en una fase inicial. Aun así, ninguna ZBE está operativa, lo que impide evaluar si estas medidas realmente mejoran la calidad del aire.

València, una ZBE bloqueada a las puertas de entrar en vigor

El caso de València es singular, puesto que el gobierno municipal, pese a haber iniciado la tramitación, no ha conseguido aprobar la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones después de que Vox decidiese en el último momento apearse y votar en contra en el pleno de octubre. Aunque el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell (PP) intentó negociar con la oposición, no se ha logrado un acuerdo que desbloquee la posibilidad de implantar la ZBE antes de que acabe el año como obliga la ley. Ante esto, el Ayuntamiento enfrenta una multa millonaria que podría alcanzar los 150 millones de euros, aunque a criterio de la Sindicatura de Comptes sería de unos 45 millones. 

En cuanto al borrador de la Ordenanza que se pretendía aprobar, tal y como avanzó Valencia Plaza, el síndic ya advirtió que era “poco ambicioso” al no ajustarse a los límites de contaminación que marca la nueva directiva europea. 

Paterna, sin trámites iniciados

En Paterna, la Sindicatura describe una situación de "bloqueo total". A la fecha del informe, el municipio de l'Horta Nord no había iniciado ningún trámite formal para implantar la ZBE. De hecho, la única documentación que existe al respecto corresponde a un estudio previo que el ayuntamiento entregó el 22 de diciembre de 2024, sin que conste ningún paso posterior como la licitación, la redacción o la adjudicación del proyecto técnico.

Esto significa que Paterna ni siquiera ha comenzado a definir cómo sería su futura ZBE: dónde se ubicaría, qué restricciones aplicaría o qué necesidades técnicas requeriría. Además, el municipio carece de los diagnósticos básicos que la Sindicatura considera imprescindibles para avanzar, como estudios de contaminación, mapas de ruido o un análisis del parque de vehículos local. Tampoco existe un acuerdo político que marque alguna dirección relacionado con la ZBE. Todo ello sitúa a Paterna entre los municipios más rezagados en este aspecto.

Torrent tiene el plan redactado, pero sin aprobar

En el extremo opuesto, Torrent es la ciudad con más de 50.000 habitantes que cuenta con el análisis más serio y avanzado. Según el informe, la capital de l'Horta Sud tiene la propuesta más "clara y robusta" para delimitar la ZBE y aparece destacado como una excepción positiva en cuanto al trabajo técnico. 

Sin embargo, el municipio continúa incumpliendo la obligación de tener una ZBE en funcionamiento antes de 2023. El proyecto está redactado desde junio de 2024, pero no ha pasado por el pleno ni ha sido sometido a exposición pública, por lo que no existe una ordenanza municipal que le dé soporte legal. Por tanto, aunque Torrent tenga un trabajo previo más riguroso que otros ayuntamientos, se queda a medio camino. 

Aún así, Torrent forma parte del grupo de localidades que han previsto inversiones sin que estas actuaciones tengan todavía un efecto real en la reducción de emisiones o en el tráfico rodado. La falta de aprobación y puesta en marcha también ha impedido que se desarrollen campañas informativas dirigidas a la ciudadanía, un elemento que la Sindicatura considera esencial para la implantación efectiva de la ZBE.

Sagunto, un proyecto que no termina de arrancar

Por su parte, Sagunto, se encuentra en un punto intermedio. Sí dió un primer paso al adjudicar el contrato para redactar su proyecto técnico el 17 de octubre de 2024, lo que permite avanzar en la elaboración de su futura ZBE.

Sin embargo, el proyecto aún no está aprobado ni ha pasado por exposición pública, y el ayuntamiento tampoco ha tramitado la ordenanza municipal que dará soporte legal a la zona. Además, la Sindicatura recuerda que la implantación de una ZBE requiere actuaciones muy concretas.

Por ejemplo, instalar cámaras de control; señalización específica; sensores de calidad del aire y sistemas informáticos que gestionen el acceso en tiempo real. Ninguna de estas medidas se ha ejecutado todavía en Sagunto, de modo que el municipio está lejos de delimitar una área de bajas emisiones. 

Gandia retoma la redacción de su futura ZBE

Gandia continúa en una fase inicial del proceso. El pasado mes de octubre, el ayuntamiento informó de que iniciaba los trabajos para redactar el proyecto técnico de su ZBE y además, actualizar su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

Sin embargo, el informe de la Sindicatura remarca que Gandia no dispone de diagnósticos previos sobre calidad del aire, ruido o parque móvil, ni ha definido objetivos mínimos de reducción de emisiones. Este déficit de información básica limita, según la Sindicatura, la capacidad del municipio para diseñar una ZBE con criterios sólidos y medibles.

En este sentido, el consistorio informa de que está trabajando en una campaña de encuestas telefónicas y presenciales en la calle, además de una toma de datos sobre tráfico, transporte público, aparcamiento, peatones y ciclistas.

Una llamada a la "celeridad"

La conclusión que se deriva del informe es clara: los ayuntamientos deben "actuar con celeridad". La Sindicatura insta a estos municipios a aprobar cuanto antes los proyectos y ordenanzas necesarias para establecer las ZBE. También pide definir las áreas afectadas a partir de análisis detallados, limitar los periodos transitorios y fijar objetivos más ambiciosos y medibles en calidad del aire y reducción de emisiones.

Asimismo, recomienda mejorar la planificación y acompañar las ZBE con medidas adicionales de movilidad sostenible. Todo ello, señala el órgano fiscalizador, resulta imprescindible para que estas zonas puedan funcionar con efectividad y cumplan los objetivos marcados por la normativa estatal.