VALÈNCIA. A las 22.08 horas del pasado 16 de septiembre, el ya familiar y estridente pitido del ES-Alert volvió a sobresaltar a buena parte de la población de la provincia de Valencia. El aviso llegó después de más de una hora de lluvias intensas, cuando la tromba de agua ya había complicado la circulación en distintos puntos del área metropolitana y otras comarcas del interior. Para muchos ciudadanos fue una alerta ante un episodio de lluvias torrenciales, pero, para quienes viven en los municipios afectados por la Dana del 29 de octubre de 2024, el sonido del móvil volvió a activar el recuerdo de aquella fatídica tarde.
La diferencia no es menor. Una alerta por lluvia puede recibirse como una advertencia más cuando no se han vivido unas inundaciones como las de 2024. En cambio, en la 'zona cero' el mismo aviso puede devolver el miedo, la incertidumbre y la sensación de no saber qué está ocurriendo. Es una de las cuestiones que las representantes de las víctimas de la Dana del 29-O han reivindicado este martes en CaixaForum València, durante la segunda y última jornada de la cumbre internacional de la OCDE sobre resiliencia regional frente a los desastres.
Las asociaciones han reclamado que se revise y protocolice el uso del ES-Alert para que los avisos se ajusten a la gravedad de cada emergencia y lleguen con suficiente antelación, pero también para evitar que el sistema pierda eficacia si se convierte en una alarma recurrente ante cualquier episodio de lluvias. "No puede llegar tarde ni cada vez que llueve", ha resumido la portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, tras abordar cómo deberían funcionar estos avisos.
La petición tiene detrás la experiencia de aquella tarde de octubre de 2024. El ES-Alert fue uno de los elementos más cuestionados de la gestión de la emergencia, precisamente por el momento en que llegó el aviso a los teléfonos móviles mientras la inundación ya estaba afectando a numerosos municipios. Para las víctimas, el problema no terminó con aquella alerta: la forma en que se gestionó entonces condiciona ahora la confianza con la que reciben las siguientes.
- Imagen de archivo de los efectos de la Dana en Paiporta. - Foto: KIKE TABERNER
En ese sentido, la portavoz de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre, Mariló Gradolí, ha explicado que las alertas de las últimas semanas se han vivido de forma muy distinta en función de si se estaba o no en la zona afectada por la riada. Una alerta naranja en València, ha señalado, "no tiene el mismo significado en los municipios de la 'zona cero'", donde puede traducirse directamente en "miedo" y en la necesidad de quedarse en casa. Por eso, Gradolí ha defendido que la información debe fluir desde los técnicos, estar "muy bien comunicada" y ser "medida" y efectiva, sin que eso signifique dejar de alertar a la población.
Por su parte, la portavoz de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, Elisabet González, ha hecho especial hincapié en la "pérdida de confianza" cada vez que suena una alerta. González ha relatado que su hijo de 12 años sigue poniéndose nervioso cuando llueve o truena y le pregunta si están seguros, pese a vivir en un segundo piso. En su caso, la lluvia ha quedado asociada al recuerdo de la Dana y a la sensación de que el aviso no llegó cuando debía. "No confiamos en quien está gestionando la emergencia, después de que hace dos años no nos avisaron", ha apostillado.
De ahí que la reivindicación no pase por dejar de utilizar el sistema, sino por afinar cuándo y cómo se utiliza. Álvarez ha advertido de que no se puede activar el máximo nivel de alerta cada vez que llueve porque acabaría perdiendo eficacia, pero tampoco dejar a la ciudadanía sin información ante una situación de peligro. "No nos pueden dejar sin avisos ni nos pueden avisar cada vez que llueve", ha apuntado.
Un protocolo para que la alerta no dependa de quién esté al frente
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien también ha estado presente en esta mesa, ha situado esa cuestión en la necesidad de revisar los propios mecanismos de emergencia. Bernabé ha defendido que el plan de emergencias de la Generalitat debe establecer de forma protocolizada cómo actuar para que las decisiones no dependan de quién esté al frente en cada momento.
En el caso del ES-Alert, ha planteado que su utilización esté "más protocolarizada", de manera que se garantice que el sistema mantiene el impacto necesario y que, cuando llegue el mensaje, tanto las administraciones como la ciudadanía sepan qué tienen que hacer. "Cuando lo tienes estipulado es mucho más fácil", ha señalado.
La discusión sobre las alertas ha desembocado así en otra de las consecuencias menos visibles de la Dana: cómo se recupera una población que sigue viviendo con miedo ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir. El debate de la OCDE ha abordado precisamente esa dimensión a través de la salud mental y de las herramientas desplegadas desde entonces en las comarcas afectadas.
La comisionada de Salud Mental, Belén González, ha explicado que la intervención puesta en marcha tras la Dana se diseñó desde una perspectiva comunitaria. La prioridad, ha señalado, no era esperar a que aparecieran patologías para derivar a las personas a una consulta, sino acompañar el duelo, compartir el sufrimiento y recuperar los vínculos que permiten a las propias comunidades cuidarse.
En este tiempo se han realizado alrededor de 4.300 intervenciones, de las que unas 3.300 han sido individuales y 1.000 grupales. Los grupos han reunido habitualmente a entre 25 y 30 personas y se han desarrollado también en centros de salud. Asimismo, el programa ha atendido las necesidades de profesionales sanitarios que quedaron desbordados por la dimensión de la emergencia.
La intervención continuará un año más, según ha anunciado la comisionada, después de que las propias víctimas, ayuntamientos, centros de salud y organizaciones sociales reclamaran su continuidad. El programa inicialmente terminaba en julio, pero la evolución de los grupos y los vínculos creados durante el proceso llevaron a plantear su prolongación.
En la Comunitat Valenciana se desplegaron doce de los trece equipos de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) previstos en el convenio. Se trata de equipos multidisciplinares centrados en la intervención comunitaria y en el fortalecimiento de los vínculos sociales, mientras que los casos que requieren atención especializada son derivados a los servicios autonómicos de salud.
