VALÈNCIA. En los últimos años, la gestión municipal ha tenido que adaptarse a un tablero complejo, donde los retos urbanos, sociales y económicos se topan a menudo con una burocracia excesiva, que se suma a la falta de personal técnico en los ayuntamientos y al impacto de fenómenos extremos como las Danas. En el ecuador de la legislatura 2023-2027, los consistorios valencianos afrontan el desafío de consolidar proyectos, ejecutar fondos europeos y dar respuesta a las necesidades ciudadanas en vivienda, empleo e infraestructuras. Los municipios coinciden en que, más allá del color político, el objetivo común pasa por modernizar la administración local y fortalecer la colaboración entre instituciones. 

Así se puso de manifiesto en un desayuno organizado por Valencia Plaza, donde participaron la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y responsable del Área de Comarcalización Municipal, Natàlia Enguix; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual; el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller y el alcalde de Sagunto, Darío Moreno. El encuentro, celebrado en el Hotel SH Valencia Palace, sirvió para hacer balance del mandato y plantear los principales retos hasta 2027.

Balance del ecuador de la legislatura

El debate arrancó con un diagnóstico compartido sobre la dificultad de gobernar en un contexto marcado por emergencias y trámites interminables. La alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, reconoció que “ha sido una legislatura complicada, porque no tengo mayoría absoluta y muchas veces he tenido que gobernar a la contra”. Carceller subrayó el golpe que supuso la Dana, que obligó a paralizar proyectos y priorizar la reconstrucción. “Nos ha frenado en muchas cosas, pero también nos ha unido. Hemos tenido que externalizar servicios porque no llegábamos, pero al menos hemos podido mejorar la movilidad gracias al nuevo servicio de bus al metro, que está funcionando muy bien”, señaló. 

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, coincidió en que la gestión de la Dana “ha sido el eje de la legislatura”. Enguix explicó que la Diputación impulsa un plan provincial de ayuda a los municipios afectados y otro de recuperación del patrimonio valorado en doce millones de euros. Sin embargo, lamentó que “la coordinación entre Europa, el Gobierno de España y los ayuntamientos es deficiente”, por lo que reclamó más formación técnica para políticos y personal municipal. Enguix defendió que la corporación provincial “debe ser aliada de los pueblos pequeños”, porque “sin apoyo técnico, los proyectos se pierden por el camino”.

En cambio, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, se mostró más cauto en su balance sobre la legislatura: “No soy partidario de hacerlo a mitad de mandato. Eso lo deben hacer los ciudadanos al final, pero sí puedo decir que estamos en mejor posición que hace dos años”. Prieto destacó el papel de los fondos europeos en la transformación urbana de la Ciudad Ducal y la apuesta por la sostenibilidad. “Estamos trazando un rumbo que combina inversión pública con alianzas privadas. Los ayuntamientos no somos una administración menor de edad y necesitamos que se reconozca nuestra capacidad real de gestión”, defendió el edil. 

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, explicó que su municipio ha vivido dos etapas: la reconstrucción tras la Dana de 2019 y la consolidación de proyectos de futuro. “Cerramos la fase de los fondos Edusi con obras emblemáticas como el Museo Textil y abrimos otra centrada en los ciudadanos, con un centro para personas con autismo y la futura Facultad de Veterinaria”, relató. Por otra parte, Rodríguez alertó sobre la dificultad de mantener técnicos cualificados y la carga burocrática que obliga a externalizar servicios. “Europa no financia el IVA y eso distorsiona los cálculos. Los pequeños ayuntamientos no pueden asumir esa rigidez”, advirtió. 

En cambio, la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, puso el acento en el “factor humano” del liderazgo local. “Ser alcalde o alcaldesa es gestionar emociones, emergencias y expectativas. La Dana del 29 de octubre no solo afectó infraestructuras, también a las personas”, apuntó. En ese sentido, Bartual defendió la creación de una comisión plural para garantizar que ningún municipio quede fuera de las ayudas y recordó que la federación que preside canalizó 1,5 millones de euros en donaciones directas a las zonas afectadas. Además, Bartual insistió en que la burocracia es el principal freno al desarrollo de la gestión municipal: “Más de mil memorias de proyectos por la Dana se han presentado y solo 80 se han aprobado. Algo falla en el sistema”. 

En el otro extremo, el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, compartió una visión más optimista, ya que este municipio vive un momento de expansión industrial. “Sagunto se ha convertido en la ciudad de las buenas noticias, pero eso también genera presión. La gigafactoría de Volkswagen supondrá más de 3.000 empleos directos y miles de indirectos. Por ello, necesitamos infraestructuras, vivienda y formación para acompañar ese crecimiento”, explicó. Al respecto, Moreno reclamó mejoras ferroviarias y ampliación de plazas educativas, además de centros de formación vinculados a la industria para garantizar mano de obra cualificada. “Si no lo planificamos bien, el éxito puede volverse un problema”, advirtió. 

Por su parte, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, fue más concreto y resumió el balance de la legislatura en una sola palabra: “papeleo”. Denunció que la actual ley de contratación “ha convertido a los ayuntamientos en prisioneros de los trámites”. En ese sentido, Adsuara recordó la emergencia vivida el 29 de octubre de 2024 y cómo la lentitud administrativa retrasó la respuesta. “Tenemos una agenda urbana a diez años con un eje verde y un compromiso con la salud mental, pero todo se retrasa porque la normativa nos trata como sospechosos en lugar de como gestores”, lamentó. 

La excesiva burocracia ralentiza la ejecución de proyectos

En este punto, todos los participantes coincidieron en identificar la burocracia como el gran obstáculo. Carceller expresó que “la ley parece hecha para alcaldes corruptos, cuando la mayoría solo queremos sacar adelante proyectos”. Una postura que respaldó Rodríguez y en la que recordó que endurecer los procedimientos “no evita la corrupción, solo la paraliza”. Por su parte, el alcalde de Sagunto abogó por una reforma de la ley “con máxima transparencia, pero más ágil” y el dirigente de Gandia pidió “una descentralización efectiva que reconozca a los ayuntamientos como la administración que mejor conoce las necesidades de los ciudadanos”. 

En esta línea, Enguix reconoció que “no hay una fórmula mágica, pero sí margen para simplificar”. Todos coincidieron en que el exceso de controles, la falta de personal y la complejidad normativa generan tanto ineficiencia como frustración entre los ciudadanos. El debate abordó el tema de las licitaciones de proyectos que quedan desiertas. Bartual lo atribuyó a la falta de personal y al exceso de burocracia, mientras que Rodríguez y Adsuara señalaron que el encarecimiento de los materiales y la saturación del sector provocan que muchas obras queden sin adjudicatarios. “Las empresas ya no pueden asumir los riesgos de licitar a precios desactualizados”, explicó el alcalde de Ontinyent. 

Carceller añadió que “las normas te obligan a justificar obras antes del 31 de diciembre, pero no tenemos técnicos suficientes, y eso genera angustia”. Por su parte, Enguix explicó que la Diputación está reforzando el acompañamiento técnico para evitar renuncias y ampliar plazos. En este punto, los dirigentes compartieron que la formación de personal cualificado es la clave: sin técnicos no hay licitaciones, sin licitaciones no hay obras, y sin obras no hay resultados visibles para la ciudadanía.

Vivienda: desafíos ante una demanda creciente

El bloque sobre vivienda reveló otro punto de consenso entre los responsables municipales. Los ayuntamientos se enfrentan a una demanda creciente y a un mercado bloqueado por los costes y la falta de suelo. Bartual defendió el ‘Plan Vive’ que impulsa la Generalitat Valenciana junto a la FVMP, con el objetivo de levantar 10.000 viviendas asequibles en suelo público, y pidió un pacto estatal que garantice continuidad a largo plazo. En ese sentido, la alcaldesa de Puçol subrayó la necesidad de “acelerar los trámites urbanísticos y desbloquear suelos que llevan años paralizados por informes cruzados entre administraciones”. 

En cambio, Moreno advirtió de la tensión inmobiliaria en Sagunt derivada del auge industrial: “La gigafactoría y la llegada de nuevas empresas están elevando precios y debemos actuar con rapidez para que el desarrollo no se convierta en un problema social”. Otros ediles, como el de Gandia, plantearon medidas complementarias como la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible y la revisión de incentivos fiscales. Adsuara propuso reconvertir bajos comerciales en viviendas adaptadas, mientras Enguix pidió limitar licencias de apartamentos turísticos en municipios saturados. En todos los casos, la palabra “agilidad” volvió a resonar como una exigencia compartida.

La compleja gestión de los fondos europeos 

En materia de fondos europeos, el balance fue ambivalente: todos los participantes reconocieron su potencial transformador, pero también su complejidad. Enguix explicó que la Diputación ha ejecutado ya 100 de los 350 millones previstos en el Pla Obert d’Inversions. “Los fondos han permitido obras que de otro modo serían imposibles, pero el proceso de justificación es un laberinto”, reconoció. Bartual destacó la línea Ponte Europa, destinada a formar técnicos municipales en la gestión de convocatorias. 

Rodríguez denunció que “los pequeños ayuntamientos, sin arquitectos ni interventores suficientes, están perdiendo oportunidades históricas”. Prieto puso ejemplos concretos de Gandia, donde los fondos Next Generation han financiado la modernización del mercado municipal y proyectos de sostenibilidad turística. Adsuara advirtió que, en ocasiones, “el aumento de precios y los plazos imposibles obligan a renunciar incluso a ayudas ya concedidas”. Finalmente, Moreno subrayó la necesidad de acompañar los fondos con planificación y coherencia: “No basta con conseguir dinero, hay que saber gestionarlo y justificarlo”.

La colaboración público-privada, cada vez más necesaria

La innovación y la colaboración público-privada se abordaron como el horizonte necesario en la administración local. Carceller fue tajante: “Sin la iniciativa privada no podríamos mantener el ritmo de desarrollo de los municipios”. El alcalde de Gandia defendió que la cooperación empresarial “no es una opción, sino una obligación si queremos ser competitivos”. Moreno relató la experiencia de Sagunt con la metodología Sandbox, que permite probar soluciones urbanas antes de aplicarlas a gran escala, y defendió la creación de centros de formación industrial ligados a la gigafactoría. 

Por su parte, Rodríguez habló de la compra pública innovadora como “un instrumento para mejorar la vida de la gente y fomentar el tejido local”. Bartual recordó programas de la FVMP como Conecta Local, que impulsa la digitalización municipal, y Enguix destacó que la Diputación “está apostando por la innovación social, no solo tecnológica, para mejorar la atención al ciudadano”. En el tramo final, los participantes trazaron sus prioridades hacia 2027. Enguix subrayó la necesidad de “profesionalizar la administración local y dotarla de recursos estables”. La presidenta de la FVMP insistió en “reducir la brecha entre municipios grandes y pequeños”. 

En cambio, Prieto apostó por “consolidar un modelo urbano sostenible y atractivo para invertir”. Por su parte, Rodríguez defendió “una administración más humana y menos reglamentarista”, mientras que la alcaldesa de Puçol reclamó “infraestructuras que garanticen igualdad de oportunidades”. Moreno resumió su hoja de ruta en “planificación, cohesión y oportunidades para todos” y Adsuara cerró con una apelación al trabajo en red: “Los problemas son comunes; las soluciones también deben serlo”.

La fotografía política del momento actual es clara. Alcaldes y alcaldesas de diferentes siglas comparten un mismo diagnóstico, pero también la convicción de que el municipalismo, si se dota de medios y no se le deja al margen, es el nivel más eficaz para transformar la vida cotidiana de los ciudadanos valencianos. 

En el Especial Gestión Municipal de la provincia de Valencia 2023-27 se descaca cómo los consistorios son la administración más cercana, pero a la vez la que dispone de menos medios, lo que refuerza la necesidad de flexibilizar la regla de gasto, mejorar el uso de remanentes y transferir competencias acompañadas de presupuesto y personal.