VALÈNCIA. La cuenta atrás ya ha comenzado. Los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes disponen de un margen efectivo de seis meses para aprobar sus Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) si quieren acceder a las ayudas estatales al transporte público. La exigencia no es nueva, pero sí lo es su alcance y, sobre todo, sus consecuencias.
La Ley de Movilidad Sostenible, en vigor desde diciembre de 2025, establece por primera vez una relación directa entre la planificación local y la financiación del Gobierno. En concreto, el Estado ha articulado un sistema de ayudas al transporte público con dotaciones millonarias, pero ha condicionado su acceso a que los ayuntamientos cumplan con una serie de obligaciones, entre ellas disponer de un PMUS aprobado.
La norma busca implementar un marco estable para la movilidad en España, con objetivos que van desde la descarbonización hasta la cohesión territorial y el acceso equitativo al transporte público. Sin embargo, el contenido final de la ley no puede entenderse sin el debate político que marcó su tramitación parlamentaria. El planteamiento inicial obligaba a los municipios de más de 20.000 habitantes a implantar medidas como los PMUS o las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pero limitaba su acceso a las ayudas a grandes ciudades o áreas urbanas con elevada densidad poblacional.
Esta situación dejaba fuera a buena parte de los municipios medianos, que debían asumir los costes de transformar la movilidad sin contar con respaldo económico suficiente. La negociación se desbloqueó en octubre de 2025, cuando Junts condicionó su apoyo a la introducción de cambios en el sistema de ayudas. El acuerdo se concretó en una enmienda que rebajó los umbrales técnicos para acceder al Fondo Estatal de Transporte Público, un ajuste que permitió incorporar a un mayor número de municipios al sistema de financiación y consolidó un fondo específico destinado a ciudades de más de 20.000 habitantes que hasta entonces no podían optar a estas ayudas.
- Imagen de archivo de un autobús de la ATMV. - Foto: AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA
Sin datos de los municipios medianos que han aprobado sus PMUS
A partir de ese momento, el acceso a la financiación estatal se amplía, pero queda sujeto a condiciones más estrictas. La principal es disponer de un PMUS aprobado. Así se recoge en el artículo 24 de la ley, que establece que los municipios de tamaño mediano deben contar con un plan de movilidad sostenible en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma. Estos planes deben incluir medidas concretas sobre la organización del transporte, la distribución urbana de mercancías y la coordinación con otros municipios, además de someterse a revisiones periódicas y a un seguimiento cada tres años.
Pero, para poder acceder a las ayudas, el PMUS debe estar aprobado y en vigor. Es decir, no basta con haber iniciado su elaboración o tenerlo en fase de tramitación. En este contexto, se sitúa el plazo de seis meses, ya que es el margen real con el que cuentan muchos ayuntamientos para completar la aprobación de sus planes y poder concurrir a las convocatorias de ayudas en curso. Sin embargo, no existe un registro completo que permita saber qué municipios valencianos cumplen ya con ese requisito.
Según explican a este diario desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, esto se debe al propio procedimiento de tramitación de los PMUS. No todos los planes deben someterse a Evaluación Ambiental Estratégica, que es el trámite que sí deja constancia formal en la administración autonómica. Por ese motivo, la Conselleria solo dispone de un listado que incluye los municipios de más de 50.000 habitantes, que sí están obligados a pasar por este proceso. En la provincia de Valencia, figuran Torrent, Gandia, Paterna, Sagunt y el propio Cap i Casal.
Por otra parte, en la provincia de Alicante, se encuentran Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, San Vicent del Raspeig, Alcoi y Elda. En cambio, en la provincia de Castellón, solo aparecen Castellón de la Plana y Villarreal. Por tanto, esta información no refleja la situación de los municipios medianos. En estos casos, la necesidad de someter el PMUS a evaluación ambiental depende del contenido del documento y de la normativa vigente en el momento de su aprobación.
De hecho, según la Conselleria, algunos ayuntamientos aprobaron sus planes de movilidad sostenible en pleno sin necesidad de contar con la evaluación ambiental estratégica ni el informe previo de este departamento autonómico, ya que estos requisitos no siempre son exigidos. Con todo, la aplicación de la ley entra en su fase decisiva. Los municipios que aún no han aprobado su PMUS deben hacerlo en los próximos meses si quieren acceder a un sistema de ayudas que, tras la enmienda introducida por Junts durante su tramitación parlamentaria, se abre por primera vez a las ciudades de tamaño medio.
