VALÈNCIA. José María está sentado en una silla de madera, frente a la puerta de su casa. Mira al horizonte con calma, pero su voz no tarda en romper esa quietud: "Mi madre solo quiere morir en su casa". A sus espaldas, en el lateral izquierdo de la vivienda, una línea roja marca el nivel que alcanzó el agua el pasado 29 de octubre: casi cinco metros de altura.

Justo al lado, colgada del balcón, una pancarta reza: "Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden". Es una cita del almirante español Blas de Lezo y Olavarrieta (1689-1741) y, en este contexto, parece hablar más del barrio que de la patria. La casa de José María se encuentra en el número 2 de la calle Almassereta, en Picanya, una vía estrecha y tranquila situada a orillas del barranco del Poyo. 

En esta zona, la Dana convirtió la calle en un canal improvisado. Las intensas lluvias arrasaron las viviendas, rompieron muros, inundaron bajos y dejaron tras de sí un paisaje de puertas abiertas a la fuerza y muebles embarrados. Fue, según los informes municipales, el área más afectada del término de Picanya. En total, más de 4.800 viviendas del municipio quedaron dentro del área inundable, aunque no todas sufrieron daños directos.

La madre y el hermano de José María pasaron aquella noche sobre el tejado, junto a varios vecinos, viendo cómo el agua lo cubría todo. A la mañana siguiente salieron, no sin dificultades, por la parte trasera de la casa. En los días posteriores, los vecinos comenzaron a limpiar, achicar el agua y a reparar los desperfectos ocasionados por la riada.

Algunos, como la familia de José María, recibieron la ayuda de voluntarios llegados desde Girona, Benasque o Mallorca. Personas que no conocían de nada les socorrieron con sacos de yeso, neveras y suelos de segunda mano. Esa red solidaria permitió reconstruir lo que, a priori, parecía perdido. Las casas afectadas, muchas de ellas situadas en el núcleo histórico de Picanya, tienen más de un siglo y no estaban preparadas para soportar la virulencia de una riada como la del 29 de octubre.

En cambio, el Ayuntamiento de Picanya tardó un poco más en escuchar sus gritos de auxilio. "Vinieron a limpiar la calle 84 días después de la Dana", recuerda José María. "Y lo primero que nos dijeron fue que fuéramos a firmar un papel para tirar la casa", añade.

El Ayuntamiento propone convertir la calle en una zona verde

Siete meses después de la riada, el Ayuntamiento de Picanya decidió suspender las licencias de obra en la calle Almassereta y Baixada Realenc. La medida, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se justificó como "necesaria" para revisar el planeamiento urbano y proteger a los vecinos ante futuras inundaciones. Sin embargo, no se explicó qué alternativas tendrían los propietarios.

Fue entonces cuando los vecinos de esta calle se concentraron frente a sus casas. Se reunieron, pancarta en mano, para pedir una explicación. Poco después, llegó la confirmación de que algo más profundo se estaba gestando. A través del Grupo Municipal de Compromís, supieron que el Ayuntamiento había encargado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En concreto, la modificación número 27, adjudicada mediante un contrato menor por valor de 18.089 euros. La empresa contratada tiene hasta junio de 2026 para elaborar todos los documentos necesarios. Uno de los objetivos contemplados en la medida -y que más ha enfadado a los vecinos- pasa por recalificar el suelo residencial de Almassereta como una zona verde. Es uno de los cuatro ámbitos que incluye el plan, pero es el único que afecta directamente a esta calle.

No se trata solo de una propuesta técnica. En la práctica, supone el paso de un barrio con viviendas consolidadas a un espacio público destinado a parque u otra dotación sin edificios. Para quienes viven en esta calle, representa la posibilidad real de perder su casa sin saber exactamente cuándo ni cómo.

La resolución oficial, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, habla de reducir riesgos futuros y de armonizar el derecho de propiedad con el interés general. Pero, en ella, no se menciona ninguna solución habitacional, ni compensaciones o realojos. Solo la intención de que lo que hoy son casas, mañana no lo sean.

Los vecinos viven en un limbo

El portavoz de Compromís, Guillem Gil, fue quien compartió el documento con los vecinos. "Claro, los vecinos sabían algo. Nosotros también nos enteramos por la resolución de Alcaldía. Vimos que se quería cambiar el suelo residencial a una zona verde y compartimos el documento con ellos. Es normal que estén calientes", cuenta a este diario. Gil lamenta que la información no haya sido "directa" y asegura que ni siquiera los concejales tienen una versión oficial cerrada sobre qué se va a hacer con la calle.

Pero, lo cierto es que la modificación del PGOU está en marcha y las licencias de obra continúan suspendidas en esta zona. Algunas casas, como la de José María, se han rehabilitado por completo, pero viven en un limbo legal. No se pueden vender, ni reformar más allá de lo que está hecho, ni saber si un día recibirán una notificación de desalojo. Al mismo tiempo, otras viviendas permanecen vacías o semiderruidas. 

Las propuestas que se han planteado sobre la mesa, como reubicar las casas en otra zona, han sido, por ahora, ideas que no terminan de concretarse. "Nos ofrecieron la posibilidad de que tirarámos las casas y las levantáramos cuatro metros más altas, pero el coste corría de nuestra cuenta. Otra propuesta era darnos un solar y hubo quien dijo que se podría hacer un retranqueo de la calle. No se ha llegado a un acuerdo", explica José María.

Volver a su hogar

La Almassereta es una calle pequeña, pero cargada de historia. Las casas tienen más de un siglo. En concreto, la de José María suma 130 años y, según cuenta, ha resistido tres riadas: "Esta casa no tiene grietas, está reforzada y tiene pilares nuevos. Ha aguantado el golpe. Lo que hace falta es arreglar el barranco, no tirar las casas".

Su madre, Elena, iba a misa los viernes, jugaba a la lotería con la misma vecina de siempre y, por la tarde, cuando el calor amainaba y el sol se iba escondiendo, se sentaba a tomar la fresca, justo en frente del barranco. Sin embargo, después de la riada, Elena vive "a caballo" entre la casa de su hija y la de su hermano, al otro lado del Poyo. "Si todo va bien", explica José María, "podrá volver el 5 de julio, cuando la casa esté completamente acondicionada".

Elena habla de su vivienda y lo hace sin énfasis, con la naturalidad de quien nombra algo que le pertenece por costumbre, no por papeles. "Yo solo quiero estar aquí. Es mi casa. Si me la quitan, que me den otra", expresa. En esa afirmación, se resume gran parte del conflicto. Lo que reclaman los vecinos de Almassereta no es que se tomen medidas, sino que se planifique el futuro.

Solo piden saber qué va a pasar y, en ese proceso, quieren ejercer su derecho a opinar. Quieren vivir sin miedo a perder lo que, en muchos casos, ya se está reconstruyendo. Frente a la imponente vivienda de paredes blancas, José María y Elena no hablan de justicia ni de derechos. Recuerdan lo que vivieron el 29 de octubre, el tejado donde durmieron aquella noche y el esfuerzo que han hecho para volver, por fin, a su hogar.