VALÈNCIA. Ocho meses después de la Dana que arrasó parte del casco urbano de Chiva, los vecinos de uno de los pocos edificios que quedaron en pie tras el temporal comienzan, por fin, a ver una salida. La comunidad de propietarios, que llevaba desde noviembre sin poder volver a sus casas, ha recibido un informe técnico favorable que certifica la seguridad estructural del inmueble.

El documento, requerido por el ayuntamiento como condición para autorizar el realojo, no solo allana el camino de vuelta para las ocho viviendas y los dos bajos comerciales -uno de ellos, la sede local del PSPV-, sino que también ha supuesto un alivio económico. Según explica el administrador del edificio a Valencia Plaza, Rafa García, el coste final del informe ha sido un 43% inferior a los 3.500 euros que inicialmente se presupuestaban.

"El edificio está en mejor estado del que se temía. Presentar el informe al Ayuntamiento de Chiva es un gran paso", asegura García. Chiva fue uno de los municipios más afectados por la riada del pasado 29 de octubre. El agua desbordó el barranco del Poyo, que atraviesa el pueblo como una columna vertebral, y anegó parte de su casco urbano, provocando así el derribo de más de una treintena de edificios.

De los inmuebles que lograron mantenerse en pie, este fue desalojado por precaución. Aunque el edificio no fue declarado en ruina, su proximidad al cauce y la pérdida de un muro de carga adyacente llevaron al consistorio a ordenar la evacuación. Según explican fuentes municipales a este diario, el inmueble se apoya de forma parcial sobre un lateral del barranco, cuya estabilidad quedó comprometida tras el colapso de varias construcciones cercanas.

"Desapareció el muro unos metros más abajo y, por precaución, se desalojó a todos los vecinos", señalan estas mismas fuentes. Para autorizar su vuelta, el ayuntamiento condicionó el regreso de los vecinos a la presentación de un informe pericial que certificara la seguridad estructural del edificio. En una reunión celebrada el pasado mes de abril con el concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer, se trasladó a la comunidad que, al tratarse de un inmueble privado, la responsabilidad recaía sobre los propietarios.

La medida generó controversia. Los propietarios reclamaron conocer la norma que fundamentaba esa obligación, sin obtener una respuesta concreta por parte del consistorio, que dirige el socialista Ernesto Navarro. "Se lo preguntamos directamente al concejal, pero no supo decirnos qué ley o decreto nos obligaba a presentar el informe. En otras zonas del municipio, se permitió el regreso sin ese requisito", recuerda García.

El Ayuntamiento de Chiva respondió que aquellas viviendas a las que se referían los propietarios no presentaban daños en la estructura principal, sino en terrazas exteriores y que, por tanto, el criterio aplicado no era el mismo. Asimismo, el consistorio precisó que el informe emitido por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) tras la Dana, en el que se basó el desalojo inicial, estaba vinculado a la solicitud de ayudas y no tenía carácter técnico concluyente sobre la estabilidad del inmueble.

El informe se presenta ahora al ayuntamiento

El proceso de realojo se demoró por la dificultad de encontrar un técnico que se hiciera cargo del informe. "Algunos nos dijeron que no hacían ese tipo de dictámenes. Otros se excusaron por conflicto de intereses con el municipio o con las primeras inspecciones realizadas tras la Dana", explica García. Durante semanas, ningún profesional accedía a firmar un análisis que implicaba responsabilidades en una zona tan vulnerable a las inundaciones del 29-O.

En este contexto, cabe recordar que el ayuntamiento llegó a mediar con una dirección técnica externa, que "no estaba vinculada a la empresa que ejecutó el derribo del edificio colindante", para facilitar el encargo. No obstante, a finales del mes de abril, la comunidad de propietarios seguía sin informe, sin un presupuesto cerrado y sin una fecha de regreso.

La situación ha cambiado este mes de junio. El dictamen técnico ya está terminado y es favorable. Además, el coste ha resultado inferior al previsto, lo que ha permitido que la comunidad pueda asumirlo sin necesidad de ayudas. "Se están tramitando subvenciones para los afectados por la Dana, pero no se pueden destinar fondos al pago de informes periciales porque sería ilegal", subrayan desde el consistorio.

El informe se ha presentado este martes y el siguiente paso es su validación por parte del ayuntamiento. Tras ello, los propietarios deberán someter a votación los detalles logísticos y coordinar su vuelta a casa. Si no se detectan objeciones, el realojo de esta comunidad de vecinos al edificio podrá autorizarse en el corto plazo.