VALÈNCIA. La Diputación de Valencia ha confirmado este martes un desenlace que llevaba semanas sobre la mesa: la prórroga de los presupuestos de 2025 para el próximo ejercicio. El presidente de la corporación, Vicent Mompó, ha firmado el decreto que formaliza esta decisión después de que el gobierno provincial no haya logrado cerrar ningún acuerdo político que permitiera aprobar unas nuevas cuentas, tal y como avanzó Valencia Plaza.

De este modo, la prórroga queda activada al no haberse aprobado el presupuesto antes del inicio del ejercicio, lo que obliga a mantener las cuentas vigentes del año anterior, aunque con ajustes significativos. En este caso, el presupuesto prorrogado se fija en 555 millones de euros, tras una reducción de casi 230 millones respecto a los 784,7 millones que se aprobaron en diciembre de 2025. 

El ajuste responde, según recoge el decreto, a la eliminación de partidas vinculadas a programas que debían finalizar en el ejercicio anterior y a inversiones financiadas mediante préstamo que no pueden prorrogarse. Además, el texto establece que la ejecución del presupuesto se regirá por las bases de las cuentas aprobadas en 2025 y que el decreto será comunicado al pleno en la primera sesión que celebre la Diputación en 2026. 

Por su parte, el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha afirmado que la prórroga "confirma el fiasco absoluto del pacto entre el PP y Ens Uneix, sostenido por Vox", y demuestra que una coalición "construida por dinero ha acabado siendo claramente perjudicial" para los intereses de los municipios de la provincia.

Ha explicado que en 2025 apoyaron los presupuestos tras alcanzar "acuerdos claros", como una elevada ejecución y la creación de mecanismos de control para garantizar que los fondos llegaran realmente a los municipios, pero "ninguna de esas condiciones se ha cumplido", y ha considerado que la Diputación "necesita recuperar cuanto antes una mayoría progresista, sólida y comprometida con el municipalismo".

Un bloqueo político sin salida

Al margen de todo ello, la prórroga de los presupuestos en la Diputación es la consecuencia directa de un bloqueo político que el gobierno provincial no ha logrado desatascar. A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando la Dana del 29 de octubre de 2024 propició un acuerdo excepcional para sacar adelante las cuentas provinciales, el clima de consenso entre los grupos políticos se ha roto por completo.

El Ejecutivo de Mompó, formado por el Partido Popular (PP) y Ens Uneix, suma 14 diputados en un pleno de 31, una cifra insuficiente para aprobar en solitario el presupuesto. La aritmética obliga a buscar apoyos externos, pero ninguno de los posibles socios ha garantizado su respaldo. 

De hecho, el principal punto de fricción se sitúa en Vox. El gobierno necesita los votos de los dos diputados de la formación de extrema derecha, quienes no ven con buenos ojos la propuesta de Ens Uneix de aumentar determinadas partidas, sobre todo en áreas como Memoria Democrática o Igualdad. 

Aunque desde el partido evitaron posicionarse, su rechazo a avalar esas líneas de gasto han resultado determinantes para encallar las negociaciones. Tampoco han habido avances con el PSPV ni Compromís. Los socialistas, que el año pasado apoyaron las cuentas en contexto marcado por la emergencia de la Dana, han descartado facilitar de nuevo su aprobación. 

Consideran que el gobierno provincial no cumplió los compromisos adquiridos entonces, ni en términos de ejecución presupuestaria ni en el seguimiento de las inversiones prometidas a los municipios afectados. Además, desde el PSPV reprochan al ejecutivo provincial no haber presentado un proyecto de presupuesto formal y critican que, con los plazos agotados, Ens Uneix solicitara una abstención. 

A su juicio, esta dinámica evidencia "la debilidad" del gobierno y su "dependencia de acuerdos externos que no ha sido capaz de consolidar". Por su parte, Compromís se mantiene en una postura distante. La coalición valencianista, que se abstuvo en la aprobación de las cuentas de 2025, rechaza ahora un presupuesto que, según denuncia, no incorpora sus propuestas y consolida un modelo basado en el aumento de subvenciones nominativas.

Un elemento que adquiere especial relevancia con la prórroga, ya que este tipo de ayudas no se mantiene de forma automática, lo que puede afectar a ayuntamientos y entidades beneficiarias. Con las negociaciones encalladas, las posiciones de los grupos cada vez más distantes y sin una mayoría clara que respalde unas nuevas cuentas, la Diputación de Valencia ha optado finalmente por prorrogar el presupuesto vigente.