VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado tres contratos de arrendamiento para la empresa pública Empresa de Servicis de Paiporta (ESPAI) con el objetivo de dotarla de espacios operativos tras la Dana del 29 de octubre de 2024. Las inundaciones dejaron al Ayuntamiento sin almacenes ni infraestructuras básicas, obligando a reorganizar el servicio prácticamente desde cero. Durante meses, las brigadas municipales trabajaron con espacios improvisados y recursos mínimos, hasta que en febrero se comenzó a utilizar una nave industrial como almacén provisional, que ahora el Ayuntamiento formaliza mediante arrendamiento.

Los expedientes aprobados incluyen una nave industrial del Polígono de La Estación en la calle Maximiliano Thous, 17, arrendada a Mundimar Mobility por 1.815 euros mensuales; una nave en la calle Acequia de Faitanar, 49, para usos múltiples de ESPAI, arrendada a Iraeta y Compañía por 3.379 euros mensuales; y un terreno agrícola en el Polígono del Llano de San Joaquín, destinado al acopio de restos vegetales, por 484 euros mensuales.

Posibles irregularidades

Sin embargo, la forma en la que se han tramitado los expedientes desató una polémica política y jurídica entre los diferentes grupos políticos municipales. La oposición acusa al gobierno local de haber utilizado instalaciones sin contrato previo, de tratar de regularizar a posteriori esa situación y de carecer de los informes básicos exigidos por la ley, mientras el ejecutivo defiende que actuó por necesidad y con el respaldo de los servicios técnicos.

Sobre estas posibles irregularidades, la portavoz del Partido Popular, Chelo Lisarde, advierte al equipo de gobierno de que serían responsables de aprobar unos expedientes contrarios a la Ley de Contratación Pública. Aún así, el alcalde, Vicent Císcar, defiende que la actuación municipal se produjo en un contexto extraordinario, marcado por la urgencia tras la Dana, y asegura que los concejales que votan a favor asumen la responsabilidad con el aval de los informes técnicos municipales.

De la emergencia a la regularización

La necesidad de regularizar el uso de los almacenes era clara: guardar material, herramientas y vehículos, contar con accesos seguros para carga y descarga, sectorizar espacios por brigadas y disponer de un solar para restos vegetales y poda.

El choque político no gira tanto en torno a la necesidad de los espacios si no a cómo se ha llegado hasta ellos. La portavoz popular denunció que al menos una de las naves se utilizó desde febrero de 2025 sin contrato en vigor, y que ahora se pretende formalizar el arrendamiento con efectos económicos desde el primer día de uso. "Esto vulnera la ley de patrimonio y la ley de contratación pública. La justificación llega tarde", afirmó Lisarde.

A esta crítica se suman otros reproches de fondo: los expedientes carecen de estudios de mercado, no hay informes que acrediten que los precios se ajustan a valores reales y ni siquiera consta un borrador de contrato. "No estamos ante un simple error. Es un cúmulo de aberraciones jurídicas", señaló Lisarde, que alertó de un posible "desastre administrativo" con consecuencias personales para quienes avalen los contratos.

Entre la necesidad y la legalidad

El debate dejó al descubierto una tensión de fondo: la necesidad de garantizar servicios básicos tras una catástrofe frente a la obligación de cumplir los procedimientos legales, incluso en situaciones de emergencia.

Mientras el gobierno local defiende que la prioridad era poner en marcha los servicios cuanto antes, la oposición cuestiona que esa urgencia justifique formalizar después decisiones adoptadas sin cobertura administrativa previa, un choque que podría tener recorrido administrativo si prosperan las advertencias legales planteadas en el pleno.