VALÈNCIA. El uso de una carretera puede cambiar con el tiempo. Una vía que nació para comunicar dos municipios termina integrada en el crecimiento urbano, mientras que otra, inicialmente de ámbito local, se convierte en una conexión habitual entre varios términos. Cuando eso ocurre, la administración responsable puede dejar de coincidir con la función que desempeña el trazado.
La Generalitat busca resolver ese 'conflicto competencial' con el nuevo Catálogo del sistema viario de la Comunitat Valenciana, un proyecto que plantea cambios de clasificación y titularidad que afectan a 288 kilómetros de vías en la provincia de Valencia. El Consell revisa qué consideración tiene cada tramo y qué administración debe hacerse cargo de su gestión y conservación, utilizando para ello varios criterios.
- Imagen de archivo de una carretera valenciana. - Foto: EP
Por ejemplo, las vías que canalizan las relaciones entre municipios deben mantener la consideración de carretera y quedan en manos de la Generalitat o la diputación correspondiente. En cambio, aquellas que atienden fundamentalmente desplazamientos dentro de un mismo término pueden pasar a considerarse caminos de dominio público de titularidad municipal.
También se tienen en cuenta otros factores, como el tamaño del municipio, la complejidad técnica o de gestión del mantenimiento, la existencia de otros corredores próximos o el interés general de determinadas conexiones.
Cabe recordar que el catálogo actual del sistema viario en la Comunitat fue aprobado por el Decreto 46/2019, aunque su configuración se ha ido modificando en los años 2020, 2022 y 2023. La nueva propuesta, que todavía no está aprobada, busca sustituir ese marco por un catálogo actualizado que, además de ordenar las titularidades de las vías, delimite las travesías de las carreteras cuando crucen suelo urbano.
De caminos municipales a carreteras y viceversa
En la provincia de Valencia, los cambios afectan a vías de muy distinta naturaleza. Hay caminos de dominio público municipal que pasarían a incorporarse a la red de carreteras de la Diputación de Valencia, pero también tramos que dejarían de formar parte de ella para quedar bajo responsabilidad de los ayuntamientos. Al mismo tiempo, varias carreteras provinciales pasarían a manos de la Generalitat y algunos tramos, que a día de hoy son autonómicos, se integrarían en las redes municipales.
El resultado es una redistribución de 288.031 metros de viales. Entre los cambios más relevantes figuran, por ejemplo, el paso a la Generalitat de distintos tramos de las actuales CV-310, CV-333, CV-336, CV-370, CV-374, CV-405 o CV-415. Solo la variación de la CV-370 en la futura CV-37 afecta a 17,3 kilómetros, mientras que la CV-415 suma otros 21,6 kilómetros y la CV-405, 15 kilómetros.
- La CV-405, a su paso por Torrent y Montroi. - Foto: DIPUTACIÓN DE VALENCIA
En caso contrario, la Generalitat también prevé que tramos de sus carreteras dejen de formar parte de la red autonómica y pasen a ser municipales. Es el caso de varios segmentos de la CV-35 en Losa del Obispo, Domeño, Calles y Tuéjar, que sumarían 3,1 kilómetros, o de la CV-374 en Loriguilla, donde 949 metros pasarían a ser titularidad del Ayuntamiento.
Por su parte, Paterna incorporaría otros 830 metros procedentes de dos tramos de las actuales CV-365 y CV-371, mientras que Bétera asumiría 898 metros de la CV-333. No todos los cambios responden, por tanto, a una misma lógica. En unos casos se trata de reconocer como carretera una conexión que tiene una función supramunicipal y, en otros, devolver a la esfera municipal tramos cuyo uso es fundamentalmente local.
También hay caminos que en la actualidad son de dominio público municipal y que la propuesta incorpora a la red de carreteras provincial, como ocurre con diferentes conexiones de Requena, Ademuz, Cheste, Chiva, Chelva, La Yesa o Requena.
Peticiones de los ayuntamientos en la gestión de competencias
La revisión del sistema viario de la Comunitat responde a un problema que los propios municipios ya habían planteado durante la consulta pública previa. Soneja y Sot de Ferrer pidieron que la Diputación de Castellón asumiera un tramo de la antigua N-234 que actualmente está cedido a ambos ayuntamientos, ya que consideran que el tráfico que soporta tiene carácter interurbano y que la gestión compartida de una infraestructura lineal entre distintas corporaciones complica su conservación.
En cambio, el Ayuntamiento de Vila-real pidió que el tramo urbano de la CV-20 y la Ronda Sudoeste pasaran a titularidad autonómica al considerar que esta última ha dejado de cumplir solo una función de circunvalación para convertirse, según un informe municipal, en un eje de carácter autonómico. También han habido propuestas que buscan incorporar nuevas conexiones a la red.
- Imagen de archivo de obras públicas en la Ronda Sudoeste de Vila-real. - Foto: GVA
El Ayuntamiento de Les Alqueries y la Diputación de Castellón plantearon adaptar el camí d'Artana y conectarlo con la CV-18 mediante la prolongación de la vía Augusta. El objetivo es sacar el tráfico de camiones y otros vehículos del entorno de una zona dotacional y de un centro educativo, al tiempo que se mejora la conexión con Burriana.
Más de 6.200 kilómetros de carreteras redistribuidas
Con el nuevo reparto, la red viaria valenciana quedaría formada por unos 6.268 kilómetros de tramos troncales, de los que 2.812 corresponderían a la Generalitat, 1.809 a la Diputación de Valencia, 917 a la de Alicante y 730 a la de Castellón. La memoria económica del proyecto sostiene que los cambios entre la Generalitat y las diputaciones no tendrán un impacto económico significativo porque los tramos transferidos representan una parte reducida de sus redes y su conservación ya se encuentra contemplada en sus presupuestos.
En el caso de los ayuntamientos, el documento analiza individualmente la longitud que asumiría cada municipio. Además, advierte de que los viales que pasan a tener consideración de caminos de dominio público municipal no están sujetos a los mismos estándares de conservación que las carreteras, sino que su tratamiento debe responder al tráfico que soportan.
La propuesta no está todavía aprobada. El proyecto se encuentra desde el 6 de octubre en trámite de audiencia a la ciudadanía y de comunicación a las entidades locales afectadas, con un plazo de 30 días naturales que finaliza el 5 de noviembre. Si el decreto sale adelante, el nuevo catálogo sustituirá al aprobado en 2019 y las delimitaciones concretas de las vías quedarán recogidas en el geoportal del Institut Cartogràfic Valencià.
