VALÈNCIA. "Estamos algo mejor en algunos aspectos". La respuesta de la portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, a la pregunta de cómo se encuentran casi dos años después de la trágica riada de 2024 no es un punto final. El duelo por la pérdida de familiares y seres queridos sigue presente, los nuevos episodios de lluvia devuelven el miedo de aquella tarde y, en algunos municipios, la reconstrucción todavía forma parte del día a día.
Basta con que vuelva a llover para comprobarlo. Las alertas meteorológicas de las últimas semanas "se han vivido de forma muy diferente" en los municipios de la 'zona cero', ha explicado Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre. Elisabet González, de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, lo ha ejemplificado con su propio caso: "Cualquier día de lluvia mi hijo me pide que no vaya a trabajar, y cada vez que llueve o truena piensa en no salir de casa".
González permaneció cuatro días aislada durante la Dana y pasó 48 horas sin tener noticias de su familia hasta que pudo reunirse con ella. Ahora, cualquier tormenta puede devolver a su casa parte de aquella angustia. No porque cada episodio de lluvia sea comparable al del 29 de octubre, sino porque para quienes vivieron la inundación el agua se ha convertido también en un recuerdo de aquella jornada.
De ahí que las víctimas hayan reclamado que los sistemas de aviso se ajusten al riesgo real de cada situación. Álvarez ha defendido que no se puede utilizar el ES-Alert de la misma manera ante cualquier episodio meteorológico. "No podemos mandar alertas cada vez que llueve", ha advertido. Pero tampoco se puede dejar a la población sin aviso cuando existe un peligro real: el reto, según las asociaciones, es encontrar una forma de alertar que permita distinguir la gravedad de cada episodio y, sobre todo, que llegue a tiempo.
Ese debate volvió a aparecer después de las virulentas lluvias del pasado 16 de septiembre, cuando las asociaciones aseguran que el ES-Alert volvió a llegar "tarde". Para quienes ya estaban afectados por la Dana, el sonido del teléfono no se recibe igual que antes. Y esa reacción ayuda a explicar por qué la salud mental continúa siendo una cuestión central casi dos años después de la tragedia.
Todo ello se ha abordado este martes en la mesa sobre salud mental de la conferencia internacional de la OCDE 'De la crisis a la recuperación: fortaleciendo la resiliencia regional frente a los desastres', celebrada en CaixaForum València. En el diálogo han participado Álvarez, Gradolí y González, junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la comisionada de Salud Mental, Belén González.
Las USME acumulan 4.300 intervenciones en la 'zona cero'
La dimensión de ese daño se refleja también en la respuesta desplegada desde entonces. Las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) han realizado alrededor de 4.300 intervenciones, unas 3.300 individuales y cerca de 1.000 grupales, según el balance ofrecido este martes por la comisionada de Salud Mental, Belén González.
No se trata únicamente de una red para atender a personas con un diagnóstico concreto. Las USME se desplegaron después de la catástrofe para trabajar directamente con las comunidades afectadas, con equipos integrados por profesionales de psicología, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y educación social. Su intervención combina atención individual y grupal y se coordina con los recursos sanitarios y sociales de cada municipio; cuando una persona necesita atención especializada, se deriva a la red autonómica de salud mental.
Los grupos han reunido habitualmente a entre 25 y 30 personas y algunos se han prolongado durante meses. También se ha atendido a profesionales sanitarios que tuvieron que afrontar la emergencia y sus consecuencias. Pero González ha destacado especialmente una parte del trabajo que no se puede resumir en una cifra: los vínculos creados entre las personas que han participado en los grupos y la recuperación de capacidades de las propias comunidades para acompañarse.
- Asociaciones de Víctimas de la Dana en la cumbre internacional de la OCDE en València.- Foto: ROBER SOLSONA/EP
Por eso, las sesiones han terminado abordando asuntos que van más allá de la consulta psicológica. Obras pendientes, problemas de accesibilidad o ascensores pueden parecer cuestiones puramente materiales, pero forman parte de la vida cotidiana de quienes siguen intentando recuperar la normalidad. La reconstrucción física y la recuperación emocional, ha explicado la comisionada, no avanzan por caminos separados.
Ese acompañamiento continuará un año más. Las víctimas, los ayuntamientos, los centros de salud y las organizaciones sociales han reclamado mantener el dispositivo y las USME prolongarán su atención hasta el 30 de noviembre de 2027. Además, según ha avanzado la comisionada, la experiencia de la Dana servirá para preparar un modelo de intervención que pueda utilizarse ante otras emergencias y catástrofes.
Desconfianza en las instituciones
La recuperación se cruza así con una cuestión que las asociaciones consideran todavía pendiente: la confianza en las instituciones encargadas de gestionar las emergencias. Las víctimas han reclamado que los sistemas de aviso se adapten al nivel de riesgo. Por su parte, Bernabé ha defendido durante el diálogo la necesidad de revisar los protocolos de utilización del ES-Alert y de dejar establecidos de forma más precisa los pasos que deben seguirse ante una emergencia.
Lo que se detectó que no funcionó durante la Dana, ha señalado la delegada del Gobierno, debe quedar protocolizado para que la respuesta no dependa de quién esté al frente en cada momento. Para las asociaciones, sin embargo, el problema va más allá de una alerta concreta. González ha sido especialmente contundente: "Las competencias no pueden estar en manos de incompetentes". Si quienes gestionaron la respuesta a la Dana continúan al frente, ha añadido, "es imposible que haya una confianza".
Las víctimas han reclamado también la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción de los municipios y han valorado el trabajo de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la riada. En este mismo contexto, Gradolí ha cuestionado algunas decisiones urbanísticas adoptadas por la Generalitat.
En concreto, ha criticado que se sigan impulsando actuaciones que, a su juicio, permiten construir o urbanizar en zonas con riesgo de inundación, pese a que los expertos reunidos durante la conferencia de la OCDE han insistido en la necesidad de tener en cuenta el riesgo climático y territorial en la reconstrucción.
- - Foto: ROBER SOLSONA/EP
Su reproche parte de una cuestión que las víctimas consideran especialmente sensible después de que 233 personas murieran en la inundación: que las decisiones sobre cómo reconstruir el territorio no reproduzcan las condiciones de exposición al riesgo que existían antes de la Dana.
A las puertas del segundo aniversario, ese malestar se mezcla con el nuevo escenario político. Las asociaciones han lamentado que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre deje en suspenso la comisión de investigación del Congreso –que consideran la única "seria"– sobre la gestión de la Dana.
Y, en pleno periodo electoral, Álvarez ha trasladado esa preocupación a las urnas. Las víctimas no pueden cambiar el clima, pero sí decidir quién gestiona las emergencias con su voto, ha defendido. "Es elegir entre votar vida o votar muerte", ha sentenciado Álvarez.
