VALÈNCIA. Las obras del futuro Palacio de Justicia de Ontinyent se retrasan. La Generalitat Valenciana ha suspendido la adjudicación del proyecto después de que una de las 22 empresas que participaron en la licitación presentara un recurso contra la decisión de la Conselleria de Justicia, que otorgaba los trabajos a la constructora Rover Infraestructuras.
La administración autonómica confirmó la paralización del expediente el 16 de noviembre, fecha en la que la mercantil registró la impugnación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La normativa obliga a detener la tramitación en cuanto se registra una tramitación de este tipo, de modo que la Generalitat no podrá continuar hasta que el organismo estatal se pronuncie.
Cabe recordar que el plazo para que el tribunal emita una resolución puede alargarse hasta dos meses. El proceso de licitación, iniciado el pasado mes de enero, fijaba un presupuesto máximo de 11,2 millones de euros. Tras evaluar todas las propuestas, la mesa de contratación propuso en octubre adjudicar las obras a Rover por un importe de 7,3 millones, una cifra muy inferior al límite económico inicial.
La constructora obtuvo la mejor puntuación global y superó a otras aspirantes habituales en obra pública. Lantania logró 90,37 puntos y quedó en segundo lugar, mientras que Tecnología de la Construcción y Obras Públicas alcanzó 90,33 puntos, situándose muy cerca de la anterior. Estas tres ofertas encabezaban la clasificación antes de que el recurso alterara el calendario de obras previsto.
Una obra muy esperada en Ontinyent
La suspensión de las obras afecta a una infraestructura muy esperada por Ontinyent y la comarca de la Vall d'Albaida. En la actualidad, el municipio tiene cuatro sedes judiciales repartidas en diferentes puntos, un modelo que obliga a sus ciudadanos a continuos desplazamientos, dificulta la atención ciudadana y genera una organización interna poco práctica.
Por eso, el proyecto pretende reunir todos los servicios en un único edificio moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales del sistema judicial. El nuevo inmueble prevé levantarse en el solar de la antigua fábrica de Bernabeu, situada en el barrio del Llombo. El ayuntamiento adquirió este espacio por 500.000 euros con la intención de cederlo a la Generalitat y facilitar así la construcción del complejo.
El futuro Palacio de Justicia contará con 4.281 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y un sótano. Se ha concebido como un volumen independiente con cuatro fachadas, pensado para garantizar la entrada de luz natural durante todo el día y favorecer la ventilación cruzada, dos elementos orientados a mejorar el bienestar interior y reducir el consumo energético.
El diseño contempla espacios amplios, recorridos sencillos y áreas de espera más cómodas. Por su parte, la atención ciudadana se centralizará en una zona accesible y funcional, mientras que los profesionales dispondrán de instalaciones actualizadas, equipadas y mejor adaptadas a la carga de trabajo diaria.
Además, la unificación de las cuatro sedes en un mismo espacio permitirá optimizar recursos, eliminar duplicidades y simplificar trámites. Tanto el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, como el concejal de Territorio, Óscar Borrell, han defendido en numerosas ocasiones la importancia de esta actuación.
Rodríguez ha insistido en que se trata de una "solución imprescindible a una reivindicación histórica", mientras que Borrell ha destacado que la colaboración institucional ha permitido avanzar en una obra que llevaba años pendiente.
A la espera de la resolución del tribunal, el proyecto queda detenido. La decisión marcará si las obras pueden iniciar su calendario previsto o si será necesario revisar pasos del proceso. Por el momento, Ontinyent deberá esperar para conocer qué empresa acabará construyendo su nueva sede judicial.
