VALÈNCIA. Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) reclama una reforma de la Ley de Aguas para incluir la protección de la vida humana como eje central de la gestión hídrica. La propuesta, presentada este lunes en la Universitat Politècnica de València (UPV), nace ocho meses después de la Dana, que dejó 220 víctimas mortales según los datos oficiales. Además, la medida plantea una inversión pública "urgente y razonable" en infraestructuras y la obligación de que las decisiones técnicas sean tomadas por profesionales, "sin injerencias políticas".

La ILP cuenta con el respaldo de representantes del mundo jurídico, académico y técnico, así como de las asociaciones de víctimas de la riada. Entre sus impulsores, figuran el promotor de la iniciativa, José Luis Belmonte; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel Ángel Carrillo; el abogado experto en derecho público y administrativo, Rafael Ariño; así como la letrada del Colegio de la Abogacía de Madrid, Ester Mocholí. 

Todos ellos han coincidido en señalar que la actual normativa omite la protección directa de las personas ante eventos climáticos y, por tanto, resulta "imprescindible" reformarla para evitar que se repitan tragedias como la vivida el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.

"Cada año, las riadas destruyen hogares, mientras España se desertifica. Las administraciones aprueban planes hidrológicos que nunca se ejecutan", ha criticado Belmonte, quien también ha recordado que se trata de una propuesta "alejada de ideologías" y abierta a toda la sociedad civil. La iniciativa necesita alcanzar las 500.000 firmas en ocho meses. "Cada firmante debe convertirse en embajador de la causa y animar a otros a que apoyen la propuesta", ha añadido Belmonte.

La recogida de firmas para la ILP ya está activa. Puede apoyarse de dos maneras: de forma digital a través de la web habilitada para ello; a través de certificado electrónico o de forma física, en pliegos oficiales sellados por el Congreso de los Diputados. Las fotocopias no son válidas, por lo que el proceso depende en gran medida del esfuerzo colectivo de ciudadanos y asociaciones que difundan la propuesta.

Una ley que "no recoge la protección de la vida humana"

Al margen de ello, Belmonte ha apuntado que los planes cinquenales previstos "preveían inversiones del orden de unos 23.000 millones de euros y, sin embargo, se han ejecutado solamente en una cuarta parte", mientras que ahora "se está diciendo que realmente en España necesitaríamos inversiones de cerca de 80.000 millones". "No sabemos cuál es la realidad, si 25.000 o 80.000, pero sí que sabemos una cosa segura: lo que se está haciendo es insuficiente", ha recalcado.

Por su parte, la abogada, Ester Mocholí, ha lamentado la "desesperación" vivida durante y después de la catástrofe. "La Ley de Aguas no recoge la protección de las personas y, por eso, debemos poner ese objetivo en el centro", ha afirmado. En la misma línea, Ariño ha subrayado que esta iniciativa no busca culpables, sino soluciones: "Queremos mirar hacia adelante. Este es un clamor popular, un punto de acuerdo sin ideologías. Lo primero deben ser las personas".

Por último, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel Ángel Carrillo, ha insistido en que la Comunitat Valenciana tiene "un desafío urgente" para adaptar sus infraestructuras hídricas a los nuevos fenómenos climáticos. "Es inadmisible que se vuelva a producir un desastre como el del 29 de octubre. Esta ILP marca el momento de activar un mecanismo de democracia directa para preservar la vida humana", ha defendido Carrillo.

"Los planes se hacen, pero no se ejecutan"

Durante la jornada, también ha intervenido el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de la Comunitat Valenciana, Javier Machí, quien ha alertado de que fenómenos como la Dana del 29 de octubre volverán a repetirse con el avance del cambio climático. Machí ha recordado que en el año 2019 se vivió un episodio similar en la comarca de la Vega Baja (Alicante), aunque "no con las mismas incidencias" y ha subrayado que "la legislación no contempla la defensa de las personas ante este tipo de eventos". 

A su juicio, el decano aboga por invertir en "obras tanto estructurales como no estructurales", además de mejorar la coordinación de los equipos de emergencia y la gestión de residuos. Por otra parte, Machí ha incidido en la necesidad de una estrategia integral que combine infraestructuras con medidas de prevención. En ese sentido, ha señalado que la ILP busca precisamente desarrollar actuaciones ya previstas desde hace años. 

"Los planes se hacen, pero no se ejecutan. Yo no soy de los que ponen la mano en el fuego. He vivido todas las grandes riadas en la Ribera y sé que esto que ha pasado puede volver a suceder, quizá en otro lugar. Por eso, no hay que perder tiempo", ha expresado Machí. Además, el decano ha afirmado que las personas deben conocer el riesgo en el que viven y, por tanto, es necesario generar sistemas de alerta temprana que las protejan: "Cuando un niño está en el borde de una piscina, corremos a cogerlo. Pues aquí hay que actuar porque estamos en peligro. No hay más". 

"Los políticos deben generar recursos, pero no interferir"

Las asociaciones de víctimas de la Dana también han participado en este acto. Así, la presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29-O, Rosa María Álvarez, ha lamentado que sus familiares no volverán, pero "esto sí va a volver a ocurrir". "No hay nada más importante que la vida de las personas. Las infraestructuras adaptadas al cambio climático son fundamentales, no para impedir del todo las inundaciones, pero sí para paliarlas", ha expresado Álvarez.

En la misma línea, Verónica Vicent, de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud València, ha asegurado que el colectivo estará al lado de la iniciativa "si se garantiza que las infraestructuras aportan seguridad real a las personas". Por su parte, el portavoz de la agrupación 'Tots a una veu', Fernando Catalán, ha defendido que las decisiones deben estar en manos de técnicos con capacidad y formación. "Los políticos deben generar recursos, pero no interferir. Lo importante es evitar que una tragedia como esta vuelva a suceder", ha señalado. 

Una reflexión que ha recogido el alcalde Nules (Castellón) y vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), David García, quien ha considerado "evidente" que desde este colectivo tenían que estar "al lado de esta necesidad de ejercer la ley popular" después de que la política haya "fallado" con la prevención, la gestión y la reconstrucción de la Dana. 

"Es lamentable que ocho meses después sigan muchísimas personas sin poder salir de sus viviendas a hacer vida normal y lo más preocupante es que han fallado en preparar al país para que esto no vuelva a suceder", ha expresado. Por ello, a su juicio, con esta ILP la sociedad civil "da una muestra de lo que hay que hacer, que es ponerse a trabajar".

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel, que también ha participado en la jornada, ha denunciado que la legislación actual prioriza el medio natural sobre las personas. Santa Isabel considera que "las obras que busquen preservar la vida deberían ser declaradas de emergencia".