VALÈNCIA. El trazado de una línea eléctrica de alta tensión cruzará 15 municipios de la provincia de Valencia. La infraestructura está vinculada a dos parques eólicos proyectados en Zaragoza, denominados Meleagro y Kitsune, con una potencia conjunta de 99 megavatios. Así lo recoge la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Transición Ecológica, que permite que la iniciativa continúe su recorrido administrativo.

Aunque las instalaciones de generación energética se sitúan fuera de la Comunitat Valenciana, la línea necesaria para trasladar la electricidad hasta la red de transporte estatal atraviesa buena parte de su territorio. En concreto, el documento oficial detalla que la línea aérea de 400 kilovatios (kV) discurre por los términos municipales de Alcublas, Llíria, Casinos, Villar del Arzobispo, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Cheste, Chiva, Godelleta, Turís, Montroy, Real, Llombai y Catadau. 

Por tanto, el recorrido afecta a comarcas como Los Serranos, el Camp de Túria, la Hoya de Buñol y la Ribera Alta, con un trazado de casi 80 kilómetros. Cabe recordar que, desde el inicio de la tramitación del proyecto, la Generalitat Valenciana ha mostrado su desacuerdo con el paso de esta infraestructura por su territorio.

Es más, los informes emitidos por los departamentos de Medio Natural y de Urbanismo, Paisaje e Infraestructura Verde cuestionan el proyecto por su impacto sobre suelos forestales, montes de utilidad pública y áreas afectadas por incendios forestales en los últimos 30 años. 

En ese sentido, la administración autonómica recuerda que la normativa valenciana limita nuevos usos en terrenos que han sufrido este tipo de fenómenos, a fin de favorecer su regeneración y reducir la vulnerabilidad frente a episodios similares. En este contexto, el Consell ve "incompatible" la implantación de una línea de alta tensión con la recuperación ambiental de estos espacios. 

Asimismo, los informes advierten de que la ejecución del proyecto implica la apertura de nuevos caminos de acceso, la instalación de apoyos y la creación de un "pasillo de seguridad" que conlleva la eliminación de arbolado. Estas actuaciones, según la Generalitat, incrementan el riesgo de erosión, afectan a zonas con fuertes pendientes y generan un impacto notable sobre el paisaje y los ecosistemas locales.

El proyecto sigue adelante 

Por otro lado, se señalan posibles afecciones a hábitats protegidos y a especies de animales, así como a corredores ecológicos utilizados por la fauna de la zona. Pese a las modificaciones que ha introducido el promotor de forma posterior -como ajustes en el trazado, cambios en la ubicación de apoyos y el soterramiento de un tramo en el cruce del río Turia-, la Generalitat mantiene una valoración negativa del conjunto del proyecto. 

El BOE recoge estas objeciones de forma expresa y detalla los argumentos de la administración autonómica. No obstante, el Ministerio de Transición Ecológica concluye que, tras analizar el expediente y las medidas propuestas, el proyecto puede seguir adelante siempre que se cumpla una larga lista de condiciones impuestas en la resolución de la DIA. 

Este documento no autoriza el inicio de las obras ni supone la aprobación definitiva del proyecto. Se trata de un paso obligatorio que permite continuar con la tramitación administrativa. Al tratarse de una infraestructura energética entre autonomías, la competencia para emitir esta evaluación ambiental corresponde al Estado, mientras que la Generalitat actúa como administración consultada. 

En las siguientes fases, el promotor deberá obtener la autorización administrativa previa y la autorización de construcción, además de permisos sectoriales relacionados con montes, dominio público hidráulico, patrimonio y expropiaciones. En estos ámbitos, la Generalitat seguirá interviniendo dentro de sus competencias.