VALÈNCIA. Compromís, con el apoyo de Sumar, enmendará en el Congreso el acuerdo alcanzado este viernes por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acometer por la vía rápida en enero y sin referéndum la reforma del artículo 49 de la Constitución con el objetivo de eliminar el término "disminuido y sustituirlo" por "persona con discapacidad".

Según fuentes de este partido, el objetivo de la coalición valencianista, que se encuentra coaligada con el partido de Yolanda Díaz en la Cámara Baja, es que, además de esta modificación, se incluya en la citada reforma la recuperación del derecho civil valenciano, algo que ya se intentó sin éxito cuando en la pasada legislatura se abordó la cuestión del artículo 49.

En aquella ocasión, el PP no estaba dispuesto a debatir ninguna otra modificación de la Carta Magna, por lo que el PSOE priorizó la reforma sólo de esa parte del artículo 49, obviando la reivindicación de la Associació de Juristes Valencians (AJV) que estaba respaldada por Compromís y Podem, de incluir un cambio que permitiera recuperar la esencia del derecho civil valenciano. 

De hecho, este mismo viernes, desde la organización que preside José Ramón Chirivella recordaban que se trata de una reivindicación que cuenta "con gran apoyo social, municipal y político, que consta en el Estatut d'Autonomia" y que reiteradamente, con motivo de la pasada campaña electoral del 23J, "apoyaron líderes del PP y del PSOE como la ministra de Ciencia, Diana Morant; el 'expresident' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig; el jefe del Consell, Carlos Mazón; la alcaldesa de València, Mª José Catalá, o el eurodiputado popular Esteban González Pons".

Es cierto que las estructuras en la Comunitat Valenciana tanto de PSOE como de PP sí son favorables a esta restauración, pero no han llegado a conseguir que sea una prioridad en sus direcciones nacionales cuando lo que está sobre la mesa es una modificación constitucional. Desde Compromís tienen claro su objetivo: presentar una enmienda para que los socialistas y populares se 'retraten' dado que ambos tendrán que rechazarla para que no salga adelante, aseguran fuentes de la coalición.

Condiciones de la reforma

Una reforma de este tipo exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores), lo que hace imprescindible la presencia de los dos grandes partidos.

Según explicó este viernes Feijóo en rueda de prensa, su propuesta es que antes de fin de año el PSOE y el PP presenten conjuntamente como proposición de ley el texto que pactaron hace meses y con las garantías de que no se aceptarán enmiendas ajenas ni modificaciones que no cuenten con el apoyo de los dos grandes partidos. Está por ver si, en ese momento, podría entrar en liza la posibilidad de que fuera incluida esta reivindicación sobre el derecho civil valenciano.

Tal y como señaló Feijóo, el pacto alcanzado también requiere el compromiso del PSOE de que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma, pues se podría organizar con la firma de 35 diputados y la posición de los de Yolanda Díaz sería determinante si alguien lo propusiera.

En cuanto a los plazos, Feijóo subrayó que su propuesta es aprobar la reforma constitucional por el procedimiento de urgencia y de lectura única de manera que se pueda aprobar en un Pleno monográfico del Congreso, a ser posible en enero.

"Y a todo esto su respuesta ha sido sí", puntualizó Feijóo en rueda de prensa, dando por cerrado el acuerdo. "Nos alegramos de que esta demanda, una reforma de justicia, pueda convertirse muy pronto en una realidad", celebró en La Moncloa la ministra Portavoz, la socialista Pilar Alegría.

Varias oportunidades perdidas

Cabe recordar que la retirada del término "disminuido" -la redacción propuesta ahora es la misma que en el anterior intento- contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara.

En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción hace meses con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante. Los populares aseguraban que no tenían garantías de que la reforma constitucional se fuera a ceñir exclusivamente al artículo 49 y no veían disipado el riesgo de que algún grupo forzase la celebración de un referéndum constitucional.

Sin acuerdo sobre la reforma de la financiación

Sobre el otro asunto que preocupa a los valencianos, la reforma del sistema de financiación autonómica, no hubo acuerdo entre Sánchez y Núñez Feijóo. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría afirmó tras la reunión que Sánchez había ofrecido una mesa de trabajo para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica, pero Feijóo lo rechazó.

Por su parte, el líder del PP no aclaró este asunto y centró su respuesta a los periodistas en una crítica a Sánchez por no haberse comprometido a evitar "que una comunidad autónoma tenga el 100% de los tributos", en referencia a la pretensión de Cataluña en este sentido.