VALÈNCIA (EP). La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas se ha adherido al recurso de reforma interpuesto por el ex número dos de ese departamento, Emilio Argüeso, contra el auto de la jueza que instruye la gestión de la dana en el que rechaza citar a los guardias civiles para que ratifiquen el informe realizado sobre la cronología de los desbordamientos y en el que abre una pieza para sancionar al letrado de esa parte por las peticiones que realizó en relación a una supuesta intervención en la causa del marido de la instructora.

Para la defensa de la exconsellera, la instructora ha realizado un "ataque directo e injurioso" al letrado de Argüeso pero "indirectamente" también a los abogados que representan a Pradas y añaden, además, el calificativo de "insólito". A su juicio, la resolución de la jueza, de fecha 1 de septiembre, contiene "excesos verbales", "faltas de respeto" y "comentarios vejatorios" que pretenden "desacreditar ante la opinión pública" el derecho de defensa que ejercen, según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas a la defensa.

La defensa apoya que los agentes de la Guardia Civil ratifiquen el informe porque sostiene que contiene "un conjunto de datos ordenados y explicados, que resultan de gran interés para la causa" y traslada a la magistrada que "no es función de un instructor, ponerse a valorar las pericias que se van incorporando al proceso, y mucho menos descalificarlas", por lo que considera que "está de más" el argumento de la magistrada sobre este documento.

"Toma de partido"

"No es el sitio ni el momento procesal para arremeter contra una pericia", agrega la defensa, para quien el "impedimento" a esa ratificación "conculca el derecho a la integridad del proceso y supone una toma de partido, impropia de un órgano judicial que ha de regirse por la imparcialidad con las partes del proceso, con independencia de cual sea el criterio o intima convicción que pueda tener el instructor sobre los hechos que se investigan".

Sobre la propuesta de sanción al abogado de Argüeso y los términos del auto, la defensa lo rechaza y recalca que no van a restar importancia "a unos comentarios vejatorios que pretenden desacreditar ante la opinión pública (...) nuestro derecho de defensa ejercido de forma firme, pero empleando, simplemente, los medios habilitados en Derecho -recursos y queja-" ante el modo en que se está desarrollando la instrucción.

"Por tanto, esas faltas de respeto hacia estos letrados y los excesos verbales que se contienen en el auto, y que pudieran incardinarse, como faltas graves, en el artículo 418.5 y 6 de la LOPJ, resultan inaceptables", señala, y sostiene que la afirmación de que la actuación de las defensas forma parte de una "campaña difamatoria que destila un machismo atroz", es "algo absurdo", que no se concreta cómo se hace, y que les deja además "patidifusos".

Vía contenciosa

La defensa de Pradas vuelve a apuntar que, bajo su punto de vista, y ante el desarrollo de la instrucción, considera "cada vez con mayor claridad" que "no estamos ante más de dos centenares de delitos contra la vida y la integridad de las personas, de los que serían únicos responsables la señora Pradas y el señor Argueso sino ante una causa que debiera archivarse y examinarse lo sucedido en la jurisdicción contenciosa".

Al respecto, subraya que se hizo la propuesta de esta vía "en aras a que las diversas administraciones y personas relacionadas con los hechos reparen a las víctimas y a sus familias así como los daños materiales sufridos por estas".

Para la defensa, "la magnitud de la catástrofe natural producida así como las plurales causas que llevaron al fatal desenlace producido, escapan, a nuestro juicio, de la búsqueda de concretas responsabilidades penales a imputar a concretas personas". "En los hechos intervinieron causas antecedentes y concurrentes de muy diverso orden: sobró política y faltaron instrumentos aplicativos como la puesta en marcha del Es-Alert", sostiene.