VALÈNCIA. La mitad de los representantes de los distintos partidos en la Diputación de Valencia continúan sin colgar su titulación universitaria en la plataforma de la corporación habilitada para tal efecto. Tal y como informó este diario en agosto, tan sólo cinco de los diputados adjuntaban los documentos que acreditaban su formación académica; una cifra que ha aumentado por goteo en las últimas semanas pero sin llegar a cumplimentarse por completo. Así, a día de hoy, la mitad de diputados de los 24 que tienen estudios universitarios completados siguen sin subir la documentación pertinente.

Curiosamente, los primeros espadas de los dos partidos gobernantes, el presidente de la institución, Vicente Mompó (PP), y la vicepresidenta Natàlia Enguix (Ens Uneix), se encuentran en el grupo que todavía no ha realizado esta operación de transparencia consistente en colgar sus respectivos títulos en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Ciencias Políticas y Sociología respectivamente. 

Tampoco han dado este paso las diputadas del PP Rocío Gil y Paz Carceller, al igual que los dos representantes de Vox, Sergio Herrero y Sergio Pastor. En cuanto al PSPV-PSOE, su portavoz Carlos Fernández Bielsa, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Jaume I de Castelló, tampoco ha colgado el título pese a que en el pasado sí llegó a estar subido, aseguran fuentes socialistas. En este partido todavía no han cumplido con este trámite Eva Sanz, Lola Celda, Vicent Mascarell, Empar Folgado y Roger Cerdà. 

Respecto a la obligatoriedad de que los representantes políticos de la Diputación de Valencia cuelguen su titulación, existe cierto debate. La ley autonómica de Transparencia contempla que los altos cargos de instituciones públicas tengan que publicar en los respectivos portales de transparencia no solo su trayectoria profesional y su CV, sino la acreditación documental de dichos títulos. En concreto, el artículo 15 de la citada ley establece que los responsables políticos (entre otros cargos) deberán publicar "la reproducción gráfica acreditativa de los principales méritos de su currículo, sin perjuicio de la posibilidad de acreditación por cualquier otro medio que permita tener constancia de su veracidad" y en el artículo 3 se menciona por dos ocasiones (3d y 3.2) a las entidades integrantes de la administración local (donde podrían incluirse ayuntamientos y la propia Diputación).

No obstante, fuentes de la corporación puntualizan este diario que la ley no obliga a las administraciones locales a subir los currículums de los altos cargos de forma concreta, dado que existe una excepción para estas instituciones respecto a los sujetos obligados al cumplimiento, según se refleja en el artículo 10.2. Un apartado que reza lo siguiente: "Las obligaciones de publicidad activa aplicables a las entidades que forman la administración local de la Comunitat Valenciana son las previstas en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013". Un texto legislativo de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno donde, entre otras exigencias, se solicita que se identifique "a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional", si bien no se solicita de forma específica la acreditación de su titulación.

No obstante, más allá de este debate sobre la obligatoriedad, fuentes del equipo de Mompó insistieron en que la "gran mayoría de títulos" estaban colgados con anterioridad y achacaron a una migración en la web antes de verano que pudo influir en la pérdida de información que ahora se encuentra en fase de restauración. 

Ahora bien, lo cierto es que desde la publicación por parte de este diario en agosto, sí hay varios diputados que han podido actualizar la información en distintos momentos: así, los primeros en incluir su titulación fueron Laura Sáez (PP) y Rafa García (PSPV); posteriormente los tres representantes de Compromís, Dolors Gimeno, Josep Antoni Riera y Pau Andrés, además de la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari (PP). Los últimos en incorporar la información fueron Ricardo Gabaldón (PP) y Neus Garrigues (PSPV).

Sin embargo, aún quedan una doce de diputados, algunos de ellos precisamente con los cargos más relevantes, que todavía no han publicado esta información, pese a que incluso se admite el certificado equivalente que el usuario puede descargarse en la web del ministerio. Algo que más allá del debate sobre la obligatoriedad legal, debería ser una cuestión más que simbólica especialmente tras lo ocurrido con la dimisión del comisionado de la Dana, José María Ángel, por un posible fraude en la titulación que custodiaba, precisamente, la Diputación de Valencia.